Espacio de reflexión

El Tribunal Supremo acaba de rechazar la petición del juez Juan Carlos Peinado para investigar al ministro Félix Bolaños por presuntos delitos de malversación y falso testimonio. Esto supone un nuevo correctivo a la actuación del magistrado. Ya son varios los que acumula el Sr. Peinado y, probablemente, habrá alguno más.

En efecto, el magistrado viene acumulando reproches desde instancias superiores por sus métodos y sus fundamentos jurídicos. Lo más preocupante es, sin duda, que este tipo de actuaciones se enmarcan en un modelo de «judicialización de la política » que utiliza argumentos procesales poco consistentes. En ese contexto, el papel de los órganos superiores es vital como garantía para nuestro estado de Derecho.

La judicialización de la política, entendida como una tendencia a trasladar los conflictos o decisiones políticas al ámbito judicial, marca una tendencia creciente de la intervención de jueces y tribunales en cuestiones políticas.

En España, vivimos actualmente algunos procesos que se enmarcan en el fenómeno de la judicialización de la política, como los casos que todos conocemos de Begoña Gómez o del ministro Bolaños. Pero no somos el único país donde esta judicialización está presente. Basta recordar el caso de Lula, en Brasil, o el caso de los EEUU donde la Corte Suprema viene asumiendo un decisivo papel en temas cuya resolución tiene que ser política y emanar desde el congreso norteamericano.

Pero, volviendo al tema que nos ocupa, el caso del ministro Bolaños ha terminado por ser un nuevo intento de imputación basada en indicios y construcciones muy débiles.

En junio 2025, el juez Peinado eleva al Supremo la petición de que se investigue a Félix Bolaños por el nombramiento de una asesora que, supuestamente, habría beneficiado a la esposa del presidente del Gobierno.

Sin embargo, como ha resuelto la Sala de lo Penal, no se han presentado los suficientes indicios que justifiquen la apertura de una causa penal contra el ministro.

Esto es un aspecto clave: la ausencia de hechos que constituyan una base judicial concreta, más allá de las interpretaciones del juez. Por ese motivo, el Supremo afirma que «no basta con elucubraciones o suposiciones«, sino que se necesitan hechos precisos, detallados y documentados y que, a la vez, sean relevantes desde el punto de vista jurídico.

Se da la circunstancia, por otra parte, que esta falta de hechos concretos y el apoyo en las suposiciones, es una constante en la instrucción del juez Peinado.

Por si fuera poco, el Supremo también llama la atención al juez por construir una narrativa acusatoria basada en conjeturas, lo cual constituye, ya de por sí, una fuente de preocupación por la inseguridad jurídica que estas actuaciones provocan en el ciudadano. Muchos juristas de prestigio han calificado este comportamiento como «una desviación de la instrucción con fines extraprocesales».

La gran cuestión de fondo, a mi juicio es que, al margen de las técnicas y criterios procesales, debe prevalecer el principio de que la instrucción penal no puede puede convertirse en una herramienta de desgaste o acoso institucional (en este caso, al gobierno de la nación, encarnado en la figura de su presidente o de alguno de sus ministros). Lo verdaderamente importante es no perder la idea que el juez instructor deber ser el primer eslabón en la garantía de nuestros derechos y no una parte interesada en la lucha política.

Sin embargo, la actuación del Juez Peinado parece no seguir el modelo que estamos exponiendo aquí, al insistir en la reiteración de decisiones judiciales que son jurídicamente endebles pero, políticamente, muy cargadas de intención. Tanto es así que no es la primera vez que una instancia superior corrige las decisiones del juez. La Audiencia Provincial de Madrid ya censuró la apertura de diligencias sin base suficiente (como la investigación sobre Air Europa, o sobre el rector de la Complutense y otros casos relacionados) y, ahora, el Supremo hace lo propio de forma más contundente.

Por estos motivos, no falta quien califique la actuación del Juez Peinado como una forma de activismo judicial. Es decir, una tendencia por la que ciertos jueces adoptan estrategias que, más allá del marco técnico, afectan directamente a la vida política. Tenemos que decir que, afortunadamente, esos jueces no son muchos y que la mayoría de los jueces son profesionales y prudentes, pero el eco mediático de este tipo de actuaciones, sin base jurídica firme, es enorme.

Pero, todo recorrido tiene un final. Y, en este caso, el final lo ha puesto el Tribunal Supremo, que ha actuado aquí como un tope firme de contención. En el propio fallo, se puede leer: «Los hechos atribuidos a Bolaños carecen del más elemental sustento que exija la actuación de esta Sala». Más claro, agua.

El mensaje del Supremo es contundente: La justicia no debe de jugar en el campo político ni la instrucción penal servir como instrumento de persecución política. El juez Peinado, personifica ese peligro de intervención judicial materializada, en su caso, en la apertura de diligencias sin una base suficiente o en la omisión de pruebas exculpatorias. Todo eso ha sido calificado como «desviaciones del marco legal del proceso de instrucción». Ya Montesquieu nos advertía de los riesgos de que el juez pase de ser el mero ejecutor de la ley a convertirse en actor que impone su voluntad bajo una apariencia de legalidad.

En resumen, nuestro sistema debe seguir cuidando y reforzando las garantías que aseguran la imparcialidad y el respeto a las reglas del proceso. El derecho tiene que seguir siendo, por encima de todo, una herramienta para hacer justicia, no un arma al servicio del poder o de intereses políticos. Muchos juristas y pensadores, a lo largo del tiempo, han defendido esta idea con firmeza. Si dejamos que la justicia se use con fines partidistas, se rompe la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Por eso, es fundamental que el derecho se mantenga independiente y al servicio del bien común.

Rectifique, Sr. Peinado.