En el Reino Unido, Nigel Farage, líder de Reform UK, relanza su discurso xenófobo.
Su plan, denominado «Operación Restablecimiento de la Justicia«, contempla pagar a cada inmigrante 2.900 euros y un billete de vuelta a su país. Si se niegan, serían internados en prisiones militares y deportados en vuelos diarios. También propone que el Reino Unido abandone la Convención Europea de Derechos Humanos y la de Refugiados, lo que supone un grave retroceso en la protección de derechos fundamentales.
Lo que Farage quiere es inviable en lo práctico y preocupante en lo ético. La pretensión de deportar a 600.000 personas y romper compromisos internacionales no sólo es logísticamente absurda e irrealizable, sino que además viola principios básicos de los derechos humanos, como el de no devolver a nadie a un país donde pueda sufrir persecución o violencia.
En nuestro país, VOX ha hecho pública su intención de llevar a cabo lo que denomina una «reemigración masiva», incluyendo la deportación de 7 a 8 millones de personas, abarcando no solo inmigrantes recientes, sino también de primera y segunda generación, incluyendo personas nacidas en España. Una barbaridad…
La propuesta de Farage es populista, demagógica y muy cuestionable éticamente. El escenario elegido para su presentación lo dice todo: un aeropuerto, un panel falso con vuelos a países en guerra y un discurso que retrata a los inmigrantes como una plaga o como una invasión. En esa puesta en escena, nada es casual. Los populistas de ultraderecha saben que el miedo moviliza y que les permite captar la atención de aquellos ciudadanos que están dispuestos a aplaudir medidas drásticas, tan efectistas como simplistas.
No se trata de un hecho aislado, sino de una tendencia cada vez más extendida en Europa, donde el auge de la ultraderecha ha convertido la inmigración en su principal estrategia electoral. Farage no está solo en este enfoque: Marine Le Pen en Francia, Giorgia Meloni en Italia, Alternativa para Alemania o Vox en España -entre otros- repiten el patrón: fabricar una amenaza, señalar al inmigrante como culpable, y presentarse como salvadores de la patria, apelando a la soberanía e identidad nacionales frente a las normas internacionales y deshumanizando a las personas migrantes. Estas narrativas tienen un objetivo claro: canalizar el malestar social por la vía del miedo y del odio, desviando la atención de los verdaderos problemas estructurales, como la desigualdad, la precariedad laboral, la injusticia social o los problemas de la vivienda, mucho más vinculados con políticas económicas neoliberales que con la migración.
Lo preocupante no es sólo el plan en sí, sino también su efecto contagio sobre partidos tradicionales, que, por miedo a perder votos, adoptan parte de la retórica de la ultraderecha: «nos invaden», «nos quitan el trabajo», «la patria está en peligro». Ante estos supuestos peligros, la respuesta, autoritaria y excluyente, que ofrece la extrema derecha siempre es la misma: levantar muros, romper acuerdos internacionales, deportar en masa y deshumanizar a las minorías. La deshumanización es una de las herramientas más poderosas de manipulación emocional: convierte a personas en amenazas y, con ello, genera miedo. Y el miedo, a su vez, se transforma en un arma electoral muy eficaz: quien promete erradicar ese miedo cosecha votos. De ahí el uso calculado de imágenes impactantes y relatos simplistas: jóvenes varones “invadiendo”, barcos de migrantes “asaltando nuestras costas”, barrios “tomados” por extranjeros, etcétera. Nada de esto es casual; son narrativas diseñadas para activar emociones primarias y evitar cualquier análisis sereno de la realidad.
Cuando un líder político decide convertir a un grupo vulnerable en chivo expiatorio, el primer paso suele ser lingüístico: se utilizan términos como “plaga”, “invasión” o “enemigos internos”. Estas palabras no son inocentes y deberían encender todas las alarmas, porque despojan a las personas de su condición de individuos y las reducen a una masa amenazante. Es el paso previo para justificar su exclusión de la comunidad política: si no son como nosotros, si se presentan como un peligro, entonces parece aceptable quitarles sus derechos y expulsarles.
Sin embargo, la consecuencia de este juego que se trae la ultraderecha, no es solo la estigmatización de los inmigrantes. Hay otros efectos más amplios y peligrosos a mayor plazo:
Por ejemplo, si se acepta la idea de que ciertos grupos no merecen la misma protección legal, se sienta un precedente peligroso: hoy son los inmigrantes irregulares, mañana pueden ser otras minorías. Los acuerdos internacionales, como la Convención de 1951 sobre Refugiados y la Convención Europea de Derechos Humanos, surgieron precisamente para evitar estos abusos tras el horror de la Segunda Guerra Mundial. Cuestionarlas, como proponen Farage y otros, significa retroceder en derechos básicos.
En segundo lugar, La narrativa del “ellos contra nosotros” rompe el tejido social. Cuando una parte de la población comienza a percibir a otra como una amenaza, se alimenta la polarización y el enfrentamiento. No podemos construir nuestra sociedad señalando culpables, sino promoviendo inclusión y equidad. Sin embargo, la ultraderecha explota el miedo para dividir y una sociedad dividida resulta más fácil de manipular.
Por último, existe un riesgo de autoritarismo que no surge de la noche a la mañana, sino que se prepara en un terreno abonado previamente por ciertos discursos culturales y políticos. Cuando los ciudadanos terminan por aceptar que hay personas sin derechos, cuando se aprueban leyes de excepción “para defendernos”, cuando el miedo justifica cualquier medida, el camino hacia el autoritarismo está allanado. No se trata de repetir la tragedia de los años treinta del siglo XX, pero sí de normalizar una versión más sutil de sociedades cerradas, excluyentes y menos libres, en las cuales, bajo el disfraz de la seguridad y del orden, hay una renuncia progresiva a los derechos y garantías.
Por tanto, la deriva hacia políticas xenófobas en Europa no es una advertencia abstracta. Es la descripción de un proceso que ya está en marcha en distintos países europeos.
Sabemos que el uso del miedo como herramienta política no es nuevo. Pero hoy tiene una particularidad que no estaba presente en situaciones anteriores: el poder amplificador de las redes sociales que, muchas veces, están al servicio de la desinformación y del refuerzo de emociones negativas. Los populistas de ultraderecha han sabido utilizar y perfeccionar estas tácticas: presentan un problema complejo -inmigración, globalización, crisis económica- y ofrecen una solución fácil que pasa por culpar al extranjero.
La paradoja es evidente: muchos de los problemas que generan malestar real en la ciudadanía –desigualdad, falta de vivienda, precariedad laboral– no los causan los inmigrantes, sino políticas económicas y estructuras de poder que benefician a una minoría. Sin embargo, la ultraderecha no muestra el menor interés en un análisis profundo de esos problemas, ni en participar en un debate serio y honesto con otras fuerzas políticas. Resulta mucho más rentable, en términos electorales, culpar al más débil -aunque se recurra para ello a la falsedad y la manipulación-, que atreverse a cuestionar los privilegios de los verdaderamente poderosos.
Es cierto que la inmigración plantea retos. La respuesta no está en negar dichos retos, sino en abordarlos con políticas reales y justas que no sacrifiquen los derechos humanos; con debates serios acerca de la integración y del empleo, y no con propaganda fácil en aeropuertos, ni vuelos ficticios. Tampoco puede faltar una educación crítica que ayude a detectar los discursos del odio y del miedo, para no caer en ellos. Y, por supuesto, hacen falta líderes que muestren valentía en la defensa de los valores democráticos -aunque eso no de rédito inmediato en las encuestas-, y no dirigentes de cartón piedra, abonados a las frases efectistas y engañosas que reducen los problemas complejos a simplificaciones alejadas de la realidad.
En varios países ya se han puesto en marcha medidas que buscan una solución justa y eficaz al fenómeno migratorio. En Portugal, por ejemplo, existe un programa de regularización condicionada, que concede permisos de residencia y trabajo a quienes acreditan su integración laboral y social. No se trata de una política con un espíritu punitivo o de castigo, sino de evitar que nadie quede atrapado en la situación de irregularidad permanente, ofreciendo caminos claros y graduales hacia la plena inclusión.
Otro ejemplo puede ser el de Canadá, donde se ha optado por agilizar el proceso de homologación de títulos, lo que facilita la incorporación rápida de profesionales cualificados al mercado laboral. Hay otros casos, como en Viena o en los Países Bajos, donde se incide en el tema de la vivienda: se apuesta por una alta tasa de inversión pública continuada, que procure un parque de viviendas de titularidad municipal o cooperativa al que puede acceder toda la población, incluida la inmigrante. O en Alemania, donde existen programas intensivos de integración lingüística y laboral.
Todas estas iniciativas -y otras más que pueden ser adoptadas-, con sus particularidades, coinciden en ofrecernos una misma lección: las políticas migratorias más exitosas no están basadas en el castigo o en la exclusión, sino en ofrecer vías legales claras y realistas hacia la inclusión social y laboral.
La filosofía contemporánea también ha reflexionado sobre la migración y la relación que tiene con la ciudadanía y los derechos humanos.
Defiende una ética de reconocimiento, que trata a cada persona como sujeto de derechos y de dignidad, mientras que toda forma de exclusión genera desprecio y fractura social. Nancy Fraser, por ejemplo, una de las filósofas contemporáneas más importantes en el debate sobre justicia y migración, sostiene que las sociedades no sólo deben procurar una redistribución económica justa, sino también reconocimiento cultural, es decir, el respeto y la no estigmatización de las minorías. Su crítica se extiende también hacia las políticas nacionalistas cerradas, que se ocupan exclusivamente en los intereses de los ciudadanos nacionales y que dejan fuera a quienes, residiendo y contribuyendo en el país, carecen de pleno reconocimiento y derechos.
Otros pensadores, como es el caso de Kwame Anthony Appiah y Martha Nussbaum, ponen el foco en el cosmopolitismo y en la idea de ciudadanía global -conceptos que pueden rastrearse hasta el estoicismo antiguo-. O bien, Jacques Derrida, que cuestiona las lógicas del miedo y de la exclusión, y sostiene que la calidad de una democracia se mide por su capacidad de acoger sin deshumanizar.
Interesantes son también las aportaciones de Hannah Arendt y Judith Butler. Para Arendt es necesario un marco legal que reconozca a todas las personas; sin ese marco, como mostró la tragedia de los apátridas del siglo XX, los derechos humanos quedan vacíos. Butler, especialmente, pone énfasis en la vulnerabilidad compartida: todos en algún momento somos vulnerables y dependemos de otros. De ahí la necesidad de políticas que protejan y cuiden, en vez de culpabilizar. No estamos hablando de filantropía, sino de responsabilidad ética hacia quienes ya están entre nosotros y forman parte de nuestra sociedad.
Al final de todo, una sociedad no puede quedar definida por los miedos o los rechazos que proyecta, sino por la esperanza que es capaz de ofrecer: el verdadero patriotismo no está en levantar muros, ni en la exclusión, sino en abrir caminos a la integración y reconocer la dignidad de cada persona, venga de donde venga, porque eso no nos debilita. Al contrario, nos hace más justos y más humanos. La inclusión y el respeto no son utopías, ni ingenuidades, sino un camino sólido para dejar a quienes vengan detrás unas sociedades en las que nadie tenga que vivir con temor.
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