Espacio de reflexión

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado recientemente su decisión de rebajar la sanción máxima por «atentados a la libertad de expresión» en los campus universitarios, de un millón a trescientos mil euros.

Esto podría parecer, a primera vista, un gesto de moderación. Sin embargo, lo que en verdad revela esta medida no es ningún compromiso con la defensa de la libertad, sino todo lo contrario: una profunda y esencial incomprensión del propio concepto de la libertad, tal y como debe ser entendido en una sociedad democrática.

Cuando colgar una pancarta puede llegar a suponer una sanción de hasta 15.000 euros, o participar en un escrache hasta 100.000, no estamos en absoluto ante un marco que fomente y respete la libre opinión o el diálogo, sino ante la constatación de un sistema político que está diseñado para silenciar todo tipo de disidencia ideológica o política.

La universidad nació, históricamente, como un espacio privilegiado de crítica, debate y confrontación de ideas. Un ámbito de libertad intelectual donde se cultivaban las artes liberales -filosofía, derecho, medicina, teología-. Su esencia es democrática y se fundamenta en el hecho de que estudiantes y profesores puedan cuestionar el poder, denunciar injusticias y organizarse colectivamente.

Pretender que actos de protesta puedan ser castigados con multas desorbitadas significa, en la práctica, vaciar a la universidad de su función política y social, despojándola de su papel como espacio de pensamiento crítico y de transformación de la sociedad. En un contexto así, la “libertad” que el Gobierno madrileño proclama con tanta insistencia, se revela como un concepto falso, estrecho y dócil, que se reduce a una especie de concesión para todos lo que no cuestionan el orden establecido. Es decir, se trata de una libertad selectiva y condicionada, reservada únicamente a quienes piensan como el poder o se mantienen en el terreno cómodo de lo inofensivo, mientras se margina, se sanciona y se reprime cualquier voz disidente que se atreva a incomodar o desafiar sus políticas.

Lo cierto es que, el artículo 20 de la Constitución española reconoce el derecho a la libertad de expresión, reunión y manifestación pacífica, como pilares fundamentales del orden democrático. Sancionar con miles de euros actos de protesta universitaria —muchos de ellos simbólicos o espontáneos— no protege de ningún modo estos derechos constitucionales, sino que los erosiona de forma estructural. La libertad no puede ser entendida como un privilegio que el Estado concede a todos los que se muestran sumisos con el poder, mientras se niega a los opositores, bajo amenaza de ruina económica.

Señora Ayuso: debe usted entender que la libertad es un ejercicio, incluso y sobre todo, contra el poder establecido. Y de la misma manera que usted, haciendo uso de su libertad, se permite el lujo de insultar al presidente de su país, llamándolo hijo de puta, debería ser permisiva con el ejercicio de la libertad, en cualquier ámbito y, por supuesto, en el universitario.

Más grave aún es el uso de un «lenguaje orwelliano« que invierte los términos del debate: se multa por “atentar contra la libertad” cuando, en realidad, lo que se reprime es el ejercicio de la libertad misma. Se apela a la defensa de la expresión mientras se sanciona su manifestación más básica: el derecho a protestar, a disentir, a decir “no”. Esta inversión del discurso no es nueva; ha sido siempre utilizado por el poder como un recurso que busca legitimar el control social mediante el miedo y la apariencia de legalidad.

En última instancia, lo que está en juego no es solo la autonomía universitaria, sino la salud democrática del conjunto de la sociedad. Una democracia fuerte no teme las pancartas ni los escraches; los asume como síntomas de vitalidad cívica. Solo los regímenes inseguros e intolerantes necesitan castigar con sanciones desproporcionadas las opiniones disidentes que surgen en las aulas universitarias. Si el precio de levantar la voz es la ruina personal, el mensaje es claro: cállate o paga.

Por ello, se impone una pregunta final: ¿qué tipo de libertad se construye cuando protestar se convierte en un lujo al alcance de unos pocos?

Si no hay espacios para el conflicto, ni margen para la crítica, ni protección efectiva para la disidencia, la democracia, sencillamente, se vacía de contenido y queda convertida en mera fachada. La anunciada rebaja de las multas no supone ningún avance real, sino una nueva forma de hipocresía y falsedad política del gobierno de Ayuso, que, bajo el disfraz de un gesto de moderación, realmente oculta sus intentos por desactivar las protestas y someter la voz ciudadana a su estrecha disciplina.

El proyecto político que está tras esas medidas responde fielmente a una lógica neoliberal que privilegia el individualismo competitivo y el beneficio de las élites económicas, por encima de los derechos colectivos y de la justicia social. Al mismo tiempo, se acompaña de un estilo político grosero que normaliza el insulto, el desprecio y las faltas de respeto hacia el adversario, degradando el debate público y empobreciendo el espacio democrático.

Todo esto está muy lejos de la tolerancia o del pluralismo. No es más que la confirmación de un modelo autoritario para gestionar la disidencia: se tolera la libertad mientras sea inofensiva, pero se castiga cuando cuestiona los fundamentos del poder. En ese contexto, la palabra “libertad” queda sucia, pierde su valor profundo y se convierte en un eslogan mediático y hueco. Su verdadero significado —el derecho inalienable a interpelar, cuestionar y resistir al poder— queda reducido a un simulacro al servicio de quienes quieren que la sociedad permanezca en silencio.