Espacio de reflexión

Y con Trump, esto deja de ser una sospecha para convertirse en algo explícito.

Donald Trump es un despojo moral, pero no suele disimular. A diferencia del liberalismo moralizador —que esconde los verdaderos intereses bajo el lenguaje de los derechos humanos- el nuevo matón de occidente deja al descubierto su lógica imperialista: los países y las democracias sólo le importan en función de lo que producen, de lo que controlan o de lo que estorban en sus planes. En esa esquina del mundo que es el Caribe, el petróleo no es aquí un factor más; se ha convertido en el factor que hace entendible la política exterior de EEUU en la zona.

Para el presidente norteamericano, Venezuela no es un problema democrático. Es decir, le importa muy poco o nada la calidad de la democracia venezolana -muy cuestionada, sin duda-, sino que considera a dicho país como si fuera un activo empresarial que está mal gestionado.

Las sanciones no buscan una transición política real, sino asfixiar el control soberano que el país caribeño ejerce sobre sus reservas de crudo. El objetivo: forzar una rendición económica y redisponer el mapa energético energético en beneficio de EE. UU. y sus aliados. No es casualidad que Chevron, Exxon y otras grandes compañías estuvieran siempre en el trasfondo del discurso. Son grandes petroleras estadounidenses que durante décadas exploraron, refinaron y comercializaron petróleo venezolano -especialmente el petróleo pesado del Orinoco, que requiere una tecnología y un capital que sólo poseen las grandes multinacionales del sector-. Es cierto que grandes compañías como ExxonMobil, Repsol, Eni u otras, han visto revocadas o no renovadas sus licencias para operar o exportar el petróleo de Venezuela, pero se ha mantenido una puerta legal con la compañía Chevron para que el petróleo siga fluyendo en condiciones favorables hacia esta compañía norteamericana. La cuestión de fondo aparece, por tanto, de manera muy clara: no se trata de aislar el crudo, sino de reordenar quién lo sigue controlando.

Como consecuencia de la política de asfixia, el estado venezolano queda financieramente estrangulado; la población sufre ante la caída de los ingresos públicos; las infraestructuras se degradan y una sola empresa estadounidense es la que mantiene el acceso privilegiado al petróleo. Todo ello, sin evitar mencionar otras causas del deterioro como la mala gestión, la corrupción, las sanciones, etc.

En definitiva, Venezuela tiene sus propias responsabilidades y la gestión política del presidente Maduro deja mucho que desear en pro de una verdadera democracia (1), pero las cartas con las que está jugando Trump con este país están claramente marcadas: se castiga al presidente actual -y por extensión a toda la población venezolana- hasta que se vaya o acepte las condiciones que él impone.

(1) Desde hace años, el sistema democrático venezolano presenta síntomas de degradación estructural: concentración del poder ejecutivo, neutralización de instituciones clave, limitación del pluralismo político, uso del aparato estatal para asegurar la permanencia en el poder, escasa o nula transparencia en los procesos electorales, criminalización de la oposición, etc.

Pero todo lo anterior no legitima de manera automática que se adopten sanciones políticas, económicas o que se produzcan inferencias externas. Al contrario, las sanciones tienen efecto perverso sobre la sociedad civil, empobreciendo al conjunto del país, además de propiciar que el gobierno se atrinchere tras un discurso de asedio permanente.

En definitiva, si bien es cierto que Maduro no representa una democracia plena ni saludable, la presión de Trump no busca revertir la democracia, sino controlar y reordenar los intereses estratégicos -en este caso vinculados al sector energético-.

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Trump no cree en la democracia como valor universal; cree en la fuerza, en la rentabilidad y en las lealtades estratégicas. Por eso, se permite la hipocresía de reclamar «libertad» para Venezuela mientras, por otro lado, elogia a ciertos autócratas que sí “hacen negocios” con Estados Unidos. En ese sentido, su política exterior sigue la lógica del pensamiento de Carl Schmitt, para quien lo político se define esencialmente por la distinción entre «amigo y enemigo«. Dicha distinción no se articula a partir de valores universales, principios morales o normas del derecho internacional, sino por un criterio de mera utilidad. Es decir, las alianzas no se fundamentan en valores compartidos –como la democracia, la legalidad o los derechos humanos-, sino en los intereses inmediatos –poder, seguridad, ventajas económicas o estratégicas, etc.-.

Venezuela, bajo esta lógica, resulta para Trump un país doblemente intolerable. Primero, porque posee una de las mayores reservas de petróleo del mundo. Segundo, porque ese petróleo no se encuentra bajo condiciones plenamente subordinadas a los intereses de EEUU. Por lo tanto, no se trata de que el régimen sea autoritario o escasamente democrático —incluso, hay otros peores que son bien tratados y tolerados por Trump—, sino que se trata de un Estado que no es suficientemente útil para el orden energético y geoestratégico estadounidense.

Todo esto significa que Trump no marca una política exterior novedosa ni especialmente agresiva, sino que sigue una lógica que ya estaba presente en la tradición imperialista estadounidense. Durante décadas, otros presidentes han justificado intervenciones, alianzas y presiones internacionales en nombre de la democracia, los derechos humanos o el orden liberal cuando, en realidad, tras ellas se ocultaban otro tipo de intereses de poder. La diferencia es que Trump, en este punto, podríamos decir que es, incluso, más «sincero«: no impone sanciones utilizando como excusa ningún tipo de discurso humanitario o democrático; simplemente, las impone como un castigo hacia todo aquél que no juega con sus reglas o no se aviene a sus normas.

Pero esa «sinceridad» de Trump no deja de ocultar un efecto perverso en el caso de Venezuela que nos ocupa: el sufrimiento colateral de la población venezolana. Las sanciones no distinguen entre las élites y los ciudadanos, sino que funcionan como arma económica colectiva. Trump sabe esto perfectamente y no le importa en absoluto. En su mundo, la política no sigue normas éticas, sino que basa toda negociación en la coacción.

Con personajes como Trump, se produce un hecho importante en el tiempo en que vivimos: el agotamiento del relato liberal. En efecto, ya no es necesario fingir que se interviene por razones de libertad, democracia o sentido moral. Ahora es suficiente afirmar que se interviene porque es «nuestro interés«. En el caso de Venezuela, ese interés para Trump tiene nombres concretos: petróleo, refinerías, dependencia energética, rutas geoestratégicas, etc. La democracia venezolana importa a Trump exactamente lo mismo que antes: nada. Lo que importa es el subsuelo.

En definitiva, Trump se ha convertido en el síntoma de un orden internacional que ya no se toma la molestia en disimular que los valores importan, sino que muestra explícitamente que el poder real sigue estando donde ha estado siempre: en los recursos, en la energía, en la potencia militar o en la capacidad de los más fuertes para imponer sus condiciones a los más débiles. Estamos hablando de la indecencia estructural que preside la política global: mientras habla de libertad o democracia, está calculando barriles de petróleo, costes, ingresos, etc. Donald Trump, con su brutalidad, no hace otra cosa que decir en voz alta lo que otros han dicho susurrando.

No es por Venezuela. No es por la democracia. Es por el petróleo. Y Trump lo sabe.