Editorial: “Fuerza bruta en Venezuela” (EL PAÍS, 3 de enero de 2026)
El editorial de EL PAÍS titulado “Fuerza bruta en Venezuela” se articula como una doble advertencia frente a un acontecimiento que, por su propia naturaleza, ofrece una gran polarización moral: la captura de Nicolás Maduro tras una operación militar de Estados Unidos en Venezuela. El texto no se limita a condenar el hecho simplemente “porque sí”, sino que construye una tesis exigente: la intervención vulnera el derecho internacional y abre un escenario peligroso, incluso aunque se declare que el objetivo de la intervención sea terminar con un régimen autoritario. La idea podría formularse así: no hay democracia sin reglas, y no hay reglas si se normaliza que la fuerza sustituya al derecho.
En este artículo del blog reflexionamos sobre las más importantes conclusiones que pueden extraerse de dicho editorial.
El editorial identifica dos “narrativas” que son tentadoras (pero, a su juicio, falaces). Por un lado, la de quienes presentarán el golpe militar como una liberación democrática: como si la democracia pudiera “entrar” en un país de la mano de un comando militar, de una captura y de una administración extranjera. Por otro, la del «chavismo», que podría usar la intervención como coartada para efectuar un cierre de filas, una intensificación de la militarización o tomarla como excusa para una represión ilimitada, utilizando el argumento de la “defensa nacional”.
Sin embargo, el editorial que comentamos rechaza ambas narrativas porque comparten un mismo error: creen que la violencia, si se orienta a un fin considerado bueno, produce u origina las instituciones. Es justo al contrario: lo que hay que tener claro es que la violencia no restituye derechos ni construye garantías; como mucho, cambia el equilibrio de fuerzas, pero deja intacta (o agrava) la degradación de la legalidad.
Aquí está la clave moral y política del artículo: la democracia no se reduce ni queda vinculada al resultado final de “Maduro fuera” -aunque eso sea absolutamente necesario para el país venezolano-, sino que requiere de procedimientos, de límites, de legalidad, y, sobre todo, de capacidad interna de autodeterminación. En otras palabras: el editorial no discute solo la finalidad de la acción, sino también cómo se ha llevado a cabo y, por supuesto, quién la ha decidido (Trump, en este caso).
Una parte esencial del editorial es su interpretación de que la acción estadounidense constituye una quiebra del orden multilateral: Trump habría culminado, según el texto, un estilo de política exterior “impulsiva” y “personalista” que ignora las normas. El editorial no teme decirlo de forma frontal: Trump no es ni actúa como garante de la democracia, sino como alguien que pone la fuerza por encima del derecho.
Ese diagnóstico toma visos de ser una advertencia: si se legitima que una potencia capture al líder de otro Estado mediante acción militar, otras potencias pueden sentirse autorizadas a hacer lo mismo, basándose en este precedente -pensemos en Taiwán o Ucrania-. El editorial subraya la «centralidad del derecho internacional y el riesgo de escalada«, siendo en esto coincidente con algunas reacciones europeas y gubernamentales, lo cual no significa, en modo alguno, justificar a Maduro,
En el fondo hay una idea importante y fuerte: cuando el derecho se degrada, el mundo se vuelve un tablero donde manda quien más poder (militar) tiene. Y ese mundo —sugiere el editorial— no favorece a los débiles, ni a las transiciones democráticas, ni a los derechos humanos; favorece a los que poseen capacidad de imponer hechos consumados en virtud de su fuerza militar.
El editorial eleva el tono cuando aborda un elemento especialmente grave: la afirmación de Trump de que Estados Unidos “dirigirá” Venezuela hasta que exista una “transición segura”. Si ese enunciado es correcto (y ha sido recogido también por medios y declaraciones oficiales), la intervención ya no sería solo una operación “quirúrgica”, sino la proclamación de una tutela política: administrar desde fuera el futuro de una comunidad política, de toda una nación, nada más y nada menos.
Aquí el texto introduce una distinción muy importante: incluso, aunque sabemos que Maduro carece de legitimidad democrática, eso no autoriza a convertir la transición en una administración extranjera. El editorial afirma que no existe transición legítima bajo tutela; y, al decirlo, recupera un principio elemental del constitucionalismo democrático: la fuente de la legitimidad no puede ser una potencia externa que decide el calendario, el formato y los beneficiarios del nuevo orden.
El petróleo como sospecha:
El editorial añade un segundo motivo de alarma: el anuncio de que compañías estadounidenses se harían cargo de la industria petrolera venezolana para “hacer dinero”. Ahí aparece un giro interpretativo: la operación deja de presentarse como “defensa de la democracia” y se aproxima, al menos en apariencia, a un patrón histórico ya muy conocido en América Latina: intervención + control de recursos + rediseño político.
Sin necesidad de caer en conspiracionismo, el editorial sostiene que ese componente refuerza la percepción de que no se busca restituir derechos, sino administrar poder y riqueza. O, dicho de manera clara, a Trump le importa un bledo la democracia en Venezuela y los venezolanos; le importa el petróleo. En términos ético-políticos, esto es devastador: una transición democrática necesita confianza; y la confianza se destruye cuando la liberación se confunde (o se mezcla) con la extracción.
Un punto interesante del editorial que estamos comentando es que no habla de Venezuela como un espacio vacío que otros ocupan, sino que reconoce el papel de la oposición democrática, subrayando como gesto responsable que María Corina Machado no llamara a la calle en plena escalada, para evitar un deterioro mayor. El texto presenta esa contención no como debilidad, sino como virtud política: entender que en contextos de violencia y confusión, la movilización puede convertirse en combustible para una represión o en excusa para la guerra interna.
El editorial, además, vincula la legitimidad democrática al mandato electoral de 2024 (con Edmundo González como candidato) y plantea que cualquier salida duradera debe respetar ese resultado. Con ello intenta sostener una posición delicada: condenar la intervención no equivale a defender a Maduro, y exigir legalidad internacional no es neutralidad moral frente al autoritarismo.
El cierre del editorial constituye, en realidad, su línea conceptual: la democracia no significa simplemente “un cambio de líder”, sino institucionalidad, autolimitación, reglas comunes, contención de la fuerza, y un proceso de transición “pacífico, ordenado y pactado”. Su prioridad inmediata es la desescalada y el rechazo de nuevas operaciones militares. A medio plazo, pide coherencia a la comunidad internacional (Europa y la región): condenar violaciones del derecho internacional y, simultáneamente, reconocer dónde está la legitimidad democrática venezolana hoy.
El editorial, en suma, se mueve en una tensión incómoda pero necesaria: Maduro es un problema (autoritarismo, represión, fraude, corrupción), pero la “solución militar externa” puede ser un problema mayor, porque destruye el principio que hace posible cualquier salida civil: que el poder se someta a normas y que la soberanía popular no se sustituya por la soberanía del más fuerte.
Espacio de reflexión 
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