El dolor no es un mitin
Considero que hay una forma especialmente indecente de hacer política: usar el sufrimiento de las víctimas como acto de propaganda política. Que nadie se llame a equívoco: las víctimas, por supuesto, tienen todo el derecho a manifestarse, a hablar, y su testimonio merece ser escuchado y respetado en cualquier lugar, ya sea público o privado. Pero una cosa es abrir espacios para la memoria y otra muy distinta convertir esos espacios en plataformas de orientación ideológica y de combate partidista. Y eso es precisamente lo que subyace en el programa organizado por la Comunidad de Madrid en colegios mayores bajo el título «Tu historia, mi memoria«.
El problema no está en que se hable de ETA. ETA forma parte de la historia reciente de España y sus crímenes no deben ser ni olvidados ni relativizados. El problema aparece cuando la memoria deja de cumplir una tarea ética y civil y es utilizada por un partido político como instrumento de agitación política en el presente.
Es digno recurrir al recuerdo del terror cuando se hace para educar en derechos humanos, para proclamar sin ambigüedades la deslegitimación de la violencia o para reconocer la dignidad irreductible de las víctimas. Pero no es digno cuando ese mismo recuerdo es utilizado políticamente para señalar a los enemigos actuales, orientar votos o reforzar un marco partidista.
Ahí es donde todo se degrada.
¿Por qué hablo de degradación? Porque cuando en una charla dirigida a universitarios se afirma que “ETA no es una historia del pasado, ETA es una historia del presente” y, acto seguido, se declara tener una “fe absoluta en PP y Vox en este tema”, entonces ya no estamos ante un ejercicio honesto de memoria. Estamos ante otra cosa. Estamos ante una colonización política del dolor y ante un aprovechamiento partidista de una herida que debería tratarse con la máxima limpieza moral. La derecha española -PP y VOX- lleva varios años intentando arrastrar la autoridad moral de las víctimas hacia su propia trinchera ideológica. Y eso no honra ni dignifica su sufrimiento: lo reduce a un instrumento al servicio de una estrategia de partido.
Porque la cuestión de fondo que se plantea aquí es simple y, a la vez, decisiva: ¿debe el dolor de las víctimas debe tener un determinado color político?. O, dicho más directamente, ¿ese dolor es de derechas, es de izquierdas, o es de centro?
Evidentemente NO. El dolor de las víctimas no es de unos o de otros. Es de TODOS. Es un dolor que pertenece a la memoria de una sociedad democrática. Es un dolor que tiene verdad, dignidad y una exigencia ineludible de justicia. Pero, precisamente por todo eso, no es un dolor que admita propietarios partidistas ni interesados. Por eso, resulta de una indecencia extrema que haya partidos empeñados en hacer política con los restos del sufrimiento ajeno.
No faltará quien, al leer estas líneas, se revuelva en su asiento pensando que igualmente miserables son los pactos o acuerdos de un gobierno democrático con un partido como Bildu. Esa objeción, desde luego, es comprensible. Pactar con Bildu es, en efecto, políticamente discutible –o directamente rechazable– para mucha gente, sobre todo por la relación histórica de una parte de ese espacio con la izquierda abertzale y con el pasado de ETA. Pero conviene no confundir ni mezclar los planos. Una cosa es negociar leyes o sostener mayoría parlamentarias con un partido que es legal, y otra muy distinta es apropiarse del sufrimiento de las víctimas para reforzar un bloque ideológico determinado y convertir su memoria en un arma del partido. Dicho más claramente: el pacto con Bildu plantea un problema de sensibilidad política, de memoria o de legitimidad moral para una parte de la sociedad; la utilización partidista de las víctimas plantea, en cambio, un problema de decencia democrática. Porque una cosa es la disputa parlamentaria, por muy polémica que resulte, y otra manosear el dolor ajeno para atraerlo hacia intereses partidistas. Lo primero es muy discutible y, tal vez, rechazable para muchos; lo segundo es, simplemente, indecente.
La sociedad civil española, en muchísimas ocasiones, ha demostrado en este asunto una madurez política muy superior a la que hoy exhiben algunos partidos. Cientos de miles de personas han salido a la calle para mostrar su rechazo, su asco y su repulsa moral frente a ETA. Han salido en todo el Estado, incluido el País Vasco. Aquella sociedad civil, que se manifestó en la calle, representaba una mayoría democrática, plural y ética. Fueron manifestaciones que expresaron algo mucho más grande que lo que podían significar unas siglas políticas concretas. Expresaron el hartazgo de una ciudadanía que dijo basta al asesinato, al miedo y al chantaje. El llamado «Espíritu de Ermua» fue, precisamente eso: un levantamiento cívico contra la barbarie; una afirmación colectiva de dignidad democrática frente a la violencia.
Pero hoy día, aquél espíritu contrasta fuertemente con la intención de una derecha que parece empeñada en apropiarse de ese legado. En ese intento no hay, a mi juicio, ninguna grandeza moral, sino algo mezquino y degradante que consiste en secuestrar ese espíritu nacido de la pluralidad ciudadana para encerrarlo en una trinchera ideológica. La diferencia es absolutamente decisiva: la gente salió a la calle para decirle no al terror; hoy, ciertos partidos invocan ese mismo recuerdo aprovechándose de las víctimas, para decirse sí a sí mismos.
Hay una cosa en la que todos deberíamos de estar completamente de acuerdo: que la memoria democrática exige una delicadeza extrema. Exige verdad, contextualización, llevar a cabo un ejercicio honesto de pedagogía, de pluralidad y tener una conciencia muy clara de sus límites. No todo vale en nombre del recuerdo. No todo queda legitimado porque lo diga una víctima. El dolor merece respeto, por supuesto, pero no otorga de manera automática una especie de inmunidad política. Es legítimo y necesario que una víctima puede hablar desde su experiencia, y sea escuchada con atención y dignidad, pero las instituciones tienen la obligación de no convertir su testimonio vital en un acto de adoctrinamiento encubierto. Cuando lo hacen, traicionan precisamente aquello que dicen defender.
Por eso resultan tan importantes las críticas de asociaciones como Covite -Colectivo de Víctimas del Terrorismo. Asociación creada en el País Vasco-. Pero no confundamos: las críticas de Covite no son críticas contra la memoria de las víctimas, sino «contra el manoseo partidista de esa memoria«.
Y conviene detenerse ahí y reflexionar un poco. Que sea, precisamente, una asociación de víctimas la que denuncie que “las tratan como mercancía política” debería suscitar un escándalo moral mayor del que provoca. Porque esa denuncia apunta al corazón mismo del problema: convertir a las víctimas en capital simbólico; dejar de tratarlas como personas y administrarlas como un recurso políticamente útil. En ese sentido, las víctimas no importan por lo que padecieron, sino por lo que pueden rendir política y electoralmente.
Ahí reside el verdadero envilecimiento.
Por tanto, debemos defender que la memoria de las víctimas del terrorismo no se convierta en un instrumento para prolongar la campaña política de manera permanente. Tampoco puede servir para que unos partidos se atribuyan en exclusiva la dignidad, mientras reparten y asignan a otros el estigma de la traición.
La memoria de las víctimas, en definitiva, no puede ser un mecanismo de legitimación política y moral para el PP y para Vox y, mucho menos, dentro de un espacio supuestamente educativo. Además, tampoco puede hacerse con dinero público y bajo cobertura institucional, como si el aparato de una comunidad autónoma estuviera autorizado para seleccionar qué memoria merece ser escuchada y bajo qué premisas ideológicas debe ser interpretada.
Aquí aparece una cuestión de fondo que va más allá del caso concreto: qué entendemos por memoria pública. No se trata, claro está, de recordar sólo hechos del pasado, nombres, fechas o imágenes de una tragedia que fue colectiva. Además de eso, la memoria pública, para merecer ese nombre, tiene que adoptar la forma de conciencia democrática. Es decir, es el modo en que una sociedad decide relacionarse con sus heridas, con sus víctimas, con sus fracasos y con aquellos parajes de su historia en los que la convivencia fue rota por el odio, la violencia, el miedo y la indiferencia. Por ello, actualizar la memoria pública en esos términos es una tarea ética de primer orden.
Por ello, si la memoria ha de ser verdaderamente democrática, tiene que tener una función pedagógica. No es suficiente con repetir que hubo horrores, o con invocar solemnemente a las víctimas. La memoria tiene que enseñar a comprender. Mostrar cómo la sociedad se degradó hasta el punto de que algunos apoyaron y entendieron como normal la violencia; mostrar cómo el discurso se envileció, justificando lo injustificable; enseñar cómo ganó terreno un fanatismo que llegó hasta el punto de considerar que el otro –es decir, el policía, el guardia civil, el militar, el político, el juez, el periodista, el intelectual, etcétera– eran prescindibles. En suma, la memoria nunca debe ser acogida como acto partidista, sino como una ayuda para la comprensión de porqué una sociedad toleró el terror y cómo evitar que cualquier forma de odio pueda volver a presentarse. La memoria democrática es el mejor antídoto contra la amnesia moral.
Pero, precisamente por todo ello, la memoria exige que sea administrada con cuidado. ¿Por qué? Porque puede convertirse en lo contrario de aquello que se persigue en cuanto es utilizada como arma arrojadiza o cuando se recurre a las víctimas, no para honrar su dignidad, sino para utilizarlas en favor de una determinada posición política. La memoria debe enseñar a comprender que la violencia política no sólo fue obra de los que mataron, sino también de una sociedad de silencios, miedos, ambigüedades y complicidades. Y, sobre todo, la memoria debe significar también que ninguna sociedad y ninguna ideología están vacunadas para siempre contra la tentación del fanatismo.
Creo necesario entender que una democracia se juega mucho en el modo en que se pone en práctica esa memoria. Porque en la forma de mirar hacia atrás, decidimos qué tipo de sociedad queremos ser de ahora en adelante. Si recordamos para «comprender, reparar o educar en libertad y respeto«, la memoria es una gran fuerza civilizadora; si recordamos para «dividir, manipular, aprovechar el sufrimiento o señalar al adversario político«, entonces la memoria es un antídoto tóxico.
Hay, para ir concluyendo, otro aspecto que es preocupante en este asunto de las charlas promovidas por la Comunidad de Madrid acerca del terrorismo de ETA. Se trata de los espacios escogidos para llevarlas a cabo: colegios mayores universitarios. En mi opinión, eso es preocupante porque se elige un escenario educativo en el que debería de haber pluralidad de voces, rigor y reflexión crítica y no un aprovechamiento revestido de legitimidad moral. Con todo esto, lo que se confunde en el fondo es educación con alineamiento político. Se traslada a los jóvenes escuchantes, no una memoria abierta y cívica, como la que hemos tratado de caracterizar en este artículo del blog, sino una memoria dirigida, cargada emocionalmente y orientada políticamente. No creo que eso sea una prueba de responsabilidad. Ni tampoco creo que se deba de jugar con algo así. Las víctimas no merecen que su dolor se trivialice ni se convierta en un combustible electoral. Invocar a las víctimas para reforzar el propio discurso partidista es convertir la memoria en un escaparate desde el que mostrar ciertas conveniencias políticas.
En el fondo de todo esto, lo que creo que se revela es una gran pobreza política y discursiva: apoyarse, una y otra vez, en las heridas terribles del pasado muestra, quizá, la incapacidad de sostener un discurso público más noble, más honesto y más a la altura de la realidad actual de nuestro país. En vez de ofrecer una palabra política crítica y capaz de afrontar los problemas actuales con rigor y sentido democrático, se recurre al mecanismo más fácil: agitar el dolor, explotar la indignación y alimentar, más si cabe, una polarización que destruye toda posibilidad de vida pública.
Francamente, el enorme bagaje de experiencias que nuestro país arrastra en materia de terrorismo, debería servir para que todas las fuerzas políticas contribuyeran a reforzar nuestra democracia, y no para convertir la memoria del sufrimiento y del dolor en una liturgia de partido.
Espacio de reflexión 
Deja un comentario