Espacio de reflexión

Desde la Transición, la democracia española ha vivido momentos de consolidación y de crisis.

En efecto, en los últimos 50 años de nuestra historia, 1975-2025, España ha sido capaz de avanzar hasta la construcción de un sistema democrático, parlamentario, plural y descentralizado, que, al mismo tiempo, ha podido integrarse en los proyectos económicos, sociales y democráticos europeos. La sociedad española ha sido capaz de resistir retos muy graves, como la acción asesina de ETA, el conflicto catalán, la corrupción o la crisis económica que se inicia en 2008.

Algunos de esos retos todavía no están superados y se han abierto, además, otros nuevos como, por ejemplo, la necesidad de adoptar medidas más eficaces contra la corrupción, la desigualdad económica o social, el dramático problema del acceso a la vivienda, el desafío ecológico, la transformación digital, o repensar un modelo territorial que sea más sostenible y justo en el futuro.

Todo esto exige, inexcusablemente, renovar consensos políticos fundamentales, tarea que hoy se antoja poco menos que imposible por la polarización política existente.

Sin embargo, también hemos hablado, al principio de esta entrada del blog, no sólo de consolidaciones o avances, sino también de crisis.

Una de las más persistentes y corrosivas ha sido la generada por el Partido Popular (PP), al llevar a cabo una práctica política que ha derivado en numerosas ocasiones en una forma estructural de corrupción. No se trata sólo de casos aislados, sino de una cultura de poder basada en el uso partidista de las instituciones, la degradación del espacio público y la impunidad.

Vamos a ver cómo el PP se ha comportado en numerosas ocasiones, más que como un partido conservador, como un instrumento de descomposición de la democracia desde dentro.

• La corrupción como sistema: de Gürtel a Kitchen

Los casos Gürtel o Kitchen marcan el inicio de un periodo de corrupción sistémica protagonizada por el Partido Popular.

Vamos por partes:

El caso Gürtel es una de las mayores tramas de corrupción política en la historia de nuestra democracia. Afectó principalmente al Partido Popular y se desarrolló entre 1999 y 2009.

Lo que pasó fue que, una red empresarial, en cuyo frente estaba Francisco Correa, conseguía adjudicaciones públicas a cambio de comisiones ilegales, sobornos y regalos a cargos del PP en varias comunidades – Madrid, Valencia, Castilla y León-. La trama, amañaba contratos, obtenía financiación ilegal para el partido, utilizó una caja B – cuyos fondos se utilizaron en campañas o, incluso, en la remodelación de la sede social del partido -, y procuró un enriquecimiento ilícito, no sólo a los cabecillas de la trama, sino a diversos miembros del partido.

La Audiencia Nacional, después de una investigación que se prolongó durante años, dictó sentencia en 2018.

La sentencia tuvo una gran trascendencia porque demostró que el Partido Popular se había beneficiado de una red de corrupción. Es, hasta el momento, la única ocasión en que un partido político es condenado, como tal y en sí mismo, por corrupción.

Tal y como se recoge en la sentencia, la magnitud de la corrupción sistémica fue de tal calibre que acabó con el gobierno de Mariano Rajoy por medio de una moción de censura, en junio de 2018.

El Partido Popular nunca ha reconocido plenamente su responsabilidad política en este caso, ni ha pedido perdón de manera contundente y unánime, ni ha devuelto la mayor parte del dinero del que se benefició ilícitamente según las sentencias judiciales (al partido se le impuso una multa de alrededor de 245.000 euros; multa confirmada por el Tribunal Supremo en 2020, pero que supuso una cantidad simbólica frente al volumen económico implicado). Nunca, el Partido Popular, además de esa cantidad impuesta realizó ningún tipo de devolución voluntaria (Casado tuvo el gesto simbólico de anunciar que se vendería la sede del PP en la calle Génova de Madrid, pero quedó en eso, en una declaración de intenciones que nunca se concretó).

Durante años, el PP adoptó una postura defensiva, negando la existencia de una financiación ilegal ni que tuviera un carácter estructural. Tras conocer la sentencia, minimizó su implicación y cuestionó la imparcialidad del tribunal. En cuanto a las disculpas públicas, han sido puntuales, parciales y sin asumir el partido su responsabilidad plena, o descargando la culpa a personas concretas que habrían actuado como traidoras al PP.

En suma, el PP no ha hecho una autocrítica integral ni ha asumido plenamente su responsabilidad en la Gürtel. Para muchos ciudadanos y analistas, la regeneración del partido sigue, todavía hoy, incompleta. Se da el caso, además, que durante el XXI Congreso del Partido Popular (julio de 2025), tanto José María Aznar como Mariano Rajoy fueron objeto de homenajes y se les concedió un lugar destacado en la narrativa del partido. Lo significativo no es solo su presencia en dicho Congreso, sino el carácter simbólico que se les otorgó como referentes morales e ideológicos, sin que dichos dirigentes -ambos expresidentes del gobierno- en ningún momento hicieran autocrítica ni reconocieran los hechos de corrupción o las falsedades que fueron acreditadas durante sus mandatos (como las célebres mentiras y manipulaciones sobre los atentados del 11-M que llevó a cabo José María Aznar, o las mentiras previas para justificar la intervención de España en la guerra de Irak).

En cuanto a la Kitchen, puso de manifiesto el grado de podredumbre institucional: el Ministerio del Interior, bajo mandato del Partido Popular, puso supuestamente en marcha una operación parapolicial para espiar y destruir las pruebas contra el extesorero Luis Bárcenas. El objetivo no era sólo evitar el daño reputacional del partido, sino también protegerle como estructura mafiosa.

¿Por qué se puede hablar de estructura mafiosa? Porque existía un sistema de lealtades internas: las decisiones corruptas se tomaban en las cúpulas del partido y se premiaba o se castigaba en función de la fidelidad. Por otra parte, existía una red de silencio y de protección interna: medios judiciales, policiales y mediáticos fueron usados para tapar pruebas, frenar investigaciones o espiar a quien pudiera comprometer al partido. La cultura del «no sé, no recuerdo, no estaba...» fue una constante en las declaraciones judiciales.

Esa operación parapolicial se desarrolló entre 2013 y 2015. Lo que se hizo exactamente fue utilizar fondos reservados para pagar al chófer de Bárcenas, a cambio de espiar a su jefe y obtener documentos relacionados con la caja B del PP. Por supuesto, fue una operación diseñada al margen del control judicial y sin ningún respaldo de tipo legal. Hay imputadas 11 personas, entre ellas el propio ex-ministro del interior, Jorge Fernández Díaz, por delitos de malversación, prevaricación, cohecho y revelación de secretos. La instrucción se cerró en julio de 2023 y el juicio oral, a fecha de hoy, aún no se ha celebrado.

Pero tanto la Gürtel como la Kitchen no suponen episodios aislados, aunque sí de evidente gravedad. Desde el caso Naseiro, en los años noventa, pasando por la trama Púnica, Lezo, o Taula, el Partido Popular ha protagonizado una de las trayectorias judiciales más escandalosas de Europa.

La trama Púnica, por ejemplo, consistió en una trama de corrupción urbanística y contratos amañados en la Comunidad de Madrid. Estuvo dirigida por Francisco Granados, ex consejero del Gobierno de Esperanza Aguirre. Esta red criminal organizada, operó entre 2003 y 2014 amañando contratos públicos en áreas como educación, obras, medio ambiente… Se cobraron comisiones ilegales a empresarios, a cambio de adjudicaciones, y se financiaron las campañas del PP en Madrid de forma irregular, además de enriquecer a cargos públicos mediante mordidas y blanqueo. La situación judicial en la actualidad es que se trata de una causa que está dividida en más de 20 piezas separadas, con más de 130 imputados (alcaldes, empresarios, altos cargos del PP…). Granados, el cabecilla, ha reconocido su implicación, si bien a modo parcial, y Marjaliza, amigo personal de Granados, colaboró como «arrepentido», revelando algunos datos importantes.

En el PP madrileño, esta trama reveló un modo de operar corrupto y sistemático. Está considerada como símbolo de la degeneración institucional del partido durante los años 2000, porque revela cómo el poder político se utilizó sistemáticamente para beneficiar los intereses privados y partidistas, degradando las normas más básicas del Estado de derecho. La trama se sirvió de funcionarios, asesores, empresas públicas y medios de comunicación para manipular la información y cubrir sus huellas. Era una especie de «Estado dentro del Estado«, dirigido desde los despachos del poder autonómico.

En abril de 2017 estalla la trama Lezo, otro caso de corrupción política centrado en la Comunidad de Madrid, especialmente en la gestión del Canal de Isabel II, empresa pública de aguas. La trama supuso la detención del expresidente madrileño, Ignacio González, del PP, junto a otros empresarios, altos cargos y directivos públicos. En líneas muy generales, se utilizaba el Canal de Isabel II como instrumento de saqueo, a través de su filial internacional, Canal Extensia. Se justificaban las inversiones internacionales en proyectos de modernización, pero dichas inversiones servían para squear fondos mediante comisiones y sobrecostes. La consecuencia de este caso fue un golpe prácticamente mortal para el PP madrileño, ya tocado por la Gürtel y la Púnica, que precipitó la caída definitiva de la «era Aguirre«.

En la Comunidad Valenciana, se desarrolló otra trama de corrupción política conocida como caso Taula (o también como caso Imelsa, o Taula-Imelsa). Las operaciones se llevaron a cabo, especialmente, desde la Diputación y el Ayuntamiento de Valencia, en manos del PP.

En el periodo desde 2003 a 2015 se amañaron contratos para beneficiar a cargos del partidos mediante redes empresariales y pagos opacos. Una de las prácticas más frecuentes era la existencia de una caja B oculta: los concejales y asesores recibían dinero negro que luego, siguiendo instrucciones del partido, transferían al PP como si fueran donaciones legales. Los delitos constatados en esta trama, son recurrentes: prevaricación, malversación, fraude, falsedad documental, cohecho y blanqueo de capitales. Entre los principales implicados estaban la, lamentablemente, fallecida, Rita Barberá, alcaldesa de Valencia y su vicealcalde, Alfonso Grau. Como en otras tramas ya comentadas, la actuación judicial se ha separado en diferentes piezas procesales. En algunas, ya se han dictado condenas en firme para algunos imputados.

Si hacemos abstracción de lo que revelan todos estos casos, no tardamos en llegar a conclusiones alarmantes:

a) El PP utilizó el poder, sistemáticamente, para beneficiar a intereses privados y partidistas.

b) Se repetían los patrones delictivos: financiación ilegal, comisiones, blanqueo, clientelismo…

c) Se echó mano de redes de encubrimiento que incluían cuerpos policiales, o medios ideológicamente afines, todo para obstaculizar la labor de la justicia.

d) Se nota, en todo caso, la ausencia de autocrítica: el partido ha negado repetidamente su responsabilidad global.

Tomado en su conjunto, el historial judicial del Partido Popular no tiene parangón en Europa en cuanto a dimensiones, duración y extensión territorial.

• El secuestro de las instituciones

Entramos ahora en el segundo punto que, aparte de las tramas citadas, caracteriza la corrupción estructural del Partido Popular.

La democracia no se sustenta solo en elecciones, sino en instituciones independientes y éticas. El PP ha mostrado una estrategia continuada de apropiación institucional: bloqueos del Consejo General del Poder Judicial, manipulación de RTVE, presión sobre jueces, fiscales y periodistas. Más que buscar gobernar el Estado, lo que busca es hacerse con el Estado, poseer o retener para sí los instrumentos permanentes del poder.

Como hemos hecho antes con las tramas corruptas, vamos por partes:

El secuestro del poder judicial es especialmente grave. Durante años, el PP ha impedido la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), incumpliendo el mandato constitucional. Esta estrategia buscaba controlar los equilibrios del poder y garantizar la impunidad de los suyos, desvirtuando el principio de separación de poderes: cuando un partido busca concentrar las funciones ejecutiva, legislativa y judicial, se erosiona la propia base del Estado de Derecho y el poder deja de estar sometido a las reglas comunes para pasar al servicio de lealtades partidistas.

En efecto, el Consejo General del Poder Judicial, ha estado varios años con su mandato caducado, desde diciembre de 2018, con el Partido Popular maniobrando para impedir, con diversos argumentos, su renovación.

Tras su decisión de bloqueo, es evidente que el Partido Popular perseguía obtener algunas ventajas estratégicas, tanto políticas como judiciales: por ejemplo, mantener el control ideológico en el órgano de gobierno de los jueces y, en consecuencia, influir indirectamente en decisiones judiciales sensibles, como las sentencias sobre corrupción, ya que el CGPJ propone y nombra magistrados del Supremo; O, también, el control sobre el CGPJ, permite ralentizar o condicionar la aplicación de leyes aprobadas por gobiernos progresistas: los jueces afines al PP pueden plantear recursos o aplicar interpretaciones restrictivas en materias tan sensibles como la igualdad o la memoria democrática-.

En cuanto a la manipulación de RTVE hay hechos documentados. Por ejemplo, en la etapa de José María Aznar (1996-2004), se nombró a personas de confianza política al frente de los informativos, como fue el caso de Alfredo Urdaci. Entre los casos más relevantes de manipulación informativa está el tratamiento informativo de la huelga general de 2002: Urdaci leyó en antena la sentencia que obligaba a RTVE a rectificar una información falsa anterior, pero lo hizo de manera tan rápida e ininteligible que, incluso, fue sancionado por desobediencia judicial; O también el caso de la manipulación informativa tras el 11M, cuando se trató de imponer la versión oficial que señalaba a ETA como autora de los atentados de Atocha, marginando a los profesionales que cuestionaban esa línea editorial. En la etapa de Mariano Rajoy (2011-2018), se cambió el sistema de elección del presidente de RTVE, eliminando el consenso parlamentario, al suprimir la necesidad de una mayoría de dos tercios. La consecuencia fue el nombramiento de Leopoldo González-Echenique, afín al gobierno del PP. Esta época también estuvo marcada por denuncias internas en RTVE bien por la censura de noticias que eran críticas con el gobierno, como por la priorización de informaciones favorables al PP.

La manipulación de RTVE por parte del PP no fue anecdótica sino estructural y documentada, perjudicando claramente al ciudadano en su derecho a una información veraz y plural.

En este apartado que hemos titulado como «el secuestro de las instituciones«, no podemos dejar de reseñar la presión ejercida sobre jueces, fiscales o periodistas. Por ejemplo, la campaña coordinada desde el PP y medios afines para expulsar de la trama Gürtel al Juez Garzón; o cuando, durante la instrucción del caso Bárcenas, el PP trató de deslegitimar públicamente a los fiscales anticorrupción; o el uso de medios afines como, OKDiario, la Razón, ABC… para difundir campañas contra periodistas o medios independientes. También, durante los gobiernos del PP se expulsaron de RTVE a profesionales que cuestionaban la línea oficial, como Ana Pastor, Xabier Fortes o Fran Llorente, entre los nombres más conocidos.

• Neoliberalismo depredador y cinismo mediático

El tercer aspecto que está también en estrecha relación con una práctica corrupta estructural por parte del PP es la imposición de una agenda neoliberal de recortes sociales, privatizaciones y reformas laborales regresivas, impuestas por el gobierno de Mariano Rajoy, mientras que , cínicamente, se promovía una narrativa de esfuerzo y responsabilidad.

En realidad, aplicar una agenda neoliberal, no constituye en sí misma una conducta ilegal, puesto que los gobiernos tienen el derecho a desarrollar su programa económico, aunque sea socialmente regresivo. Sin embargo, sí puede ser considerado como parte de una corrupción estructural cuando ese desarrollo neoliberal favorece de manera deliberada intereses privados concretos. Todavía hoy, el PP externaliza servicios esenciales para la ciudadanía, como en el caso de la sanidad madrileña, desmantelando lo público, para enriquecer a lo privado. Es una apuesta del PP por la debilitación de los servicios públicos y protección a los grandes intereses económicos.

Este modelo se sostuvo también sobre un entramado mediático afín, financiado directa o indirectamente, que ha contribuido a blanquear su historial judicial, fabricar escándalos contra adversarios y consolidar un clima de desinformación.

Todo esto, constituye lo que podríamos definir como una «normalización del cinismo político».

• Silencios cómplices con el franquismo

El PP ha mostrado una resistencia sistemática al proyecto de «memoria democrática». Esa resistencia se pone de manifiesto en acciones como la oposición a exhumar a Franco, votar en contra de la Ley de Memoria Histórica, o proteger simbologías de corte franquista.

Su postura no es neutral, sino claramente intencionada: el PP es partidario de un revisionismo de corte autoritario, que pone en cuestión los pilares éticos de nuestra democracia. Con su renuncia a condenar de forma clara el golpe de Estado de 1936 o la dictadura criminal de Franco, el PP da carta de naturaleza a un un pasado de violencia anti democrática. Justifica todas estas actuaciones bajo el discurso de “no reabrir heridas”, aunque esto suponga, sin duda, una forma de mantenerlas abiertas.

La complicidad del PP con el franquismo se sustenta en varias razones. Una de ellas es su origen histórico y fundacional. El núcleo político e ideológico del PP proviene de Alianza Popular fundada por Manuel Fraga, ex ministro de Franco. Fraga nunca condenó el franquismo y se mostraba proclive a pensar que el franquismo no era una dictadura, sino una forma autoritaria de Estado.

Otra razón que justifica la complicidad de la que estamos hablando, es el continuo posicionamiento del Partido Popular en contra de las leyes de memoria Histórica o Democrática. De hecho, Mariano Rajoy recortó durante su gobierno los fondos para la Ley de Memoria a cero euros, dejando fosas comunes sin exhumar y víctimas sin reparación.

No termina ahí la complicidad de la derecha española con el franquismo. Ya hemos señalado con anterioridad que el PP nunca ha condenado clara y solemnemente el golpe de Estado de 1936, ni la dictadura de Franco, ni la represión que siguió. Hoy día, aún se sigue oponiendo -acompañado por VOX- a la retirada de nombres de calles o de monumentos franquistas.

Más recientemente, junto con gobiernos autonómicos, al lado de VOX, ha cedido a la presión de este partido ultra para suspender políticas de memoria democrática. Actuaciones de todos conocidas es la retirada de placas de víctimas o el cierre de oficinas públicas de derechos humanos.

El PP, no puede decirse que sea franquista en sentido estricto, pero ha actuado -y lo sigue haciendo en ocasiones- como cómplice pasivo o ideológico del franquismo por su negativa a condenarlo con firmeza, por obstaculizar la reparación a las víctimas, por blanquear su herencia política y por justificarse ante el relato de «no remover el pasado«, que perpetúa el olvido y la impunidad.

• Degradación del debate

Para concluir, es responsabilidad del Partido Popular, en los últimos años, los pasos que ha emprendido hacia la normalización del discurso ultra, que se ha concretado en pactos de gobierno con la ultraderecha.

En línea con lo anterior, el PP degrada el debate político alejándose de la confrontación de ideas en las sedes parlamentarias o en otros foros de debate, para abrazar con mucha frecuencia un discurso basado en el insulto, en la descalificación personal, o, directamente, en el uso del bulo y de la exageración en las redes sociales. Fiel reflejo de esta degradación es la expresión «me gusta la fruta» (en alusión al presidente del gobierno, insultado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, como «hijo de puta»). ¿Que cabe esperar de mandatarios políticos que hacen bandera de este tipo de de expresiones? Pues, simplemente, una acción política degradada, insultante, vacía de ideas y que apuesta por el ruido mediático, por agitar el miedo, por la difamación y por la polarización. Con ello, la mentira y el insulto se vuelven opciones tácticas y el adversario político se convierte en enemigo -casi militar- al que se le niega no sólo la legitimidad sino, incluso, el derecho a la existencia. Con todo esto, el suelo común que toda democracia necesita para existir, simplemente desaparece.

• En conclusión

El Partido Popular representa algo más que un proyecto político conservador: encarna una corrupción estructural de la democracia española. No se trata solo de individuos corruptos, sino de una cultura de poder basada en el abuso, la impunidad, la manipulación y la falta de escrúpulos democráticos.

Desde luego, es honesto reconocer que el Partido Popular no es el único partido que utiliza la corrupción – mucho se podría escribir también de corrupción vinculada al otro gran partido, el PSOE-, pero sí es el que la ha desarrollado de forma más sistemática, prolongada y estructural, desde la Transición a la actualidad, hasta el punto de haber sido judicialmente condenado como partido corrupto.

Es necesario y urgente, que la democracia se defienda de todos los que la vacían desde dentro. El PP ha corrompido instituciones, degradado la verdad y blanqueado el autoritarismo. Su continuidad si no hay renovación ni ruptura ética con el «modus operandi» es, hoy, una de las mayores amenazas internas a la democracia en España.

La democracia no siempre se debilita o fallece por los golpes visibles, espectaculares… sino, a menudo, por un vaciamiento silencioso que se efectúa desde dentro de las propias instituciones. Desde el ámbito de la reflexión filosófica aplicada a la praxis política, emerge como necesaria e imprescindible la recuperación de una ética pública, de la verdad como principio y de la memoria como justicia. Todo esto es una tarea, no sólo intelectual, sino urgente y política, y pasa por enfrentarse valientemente a cualquier proyecto degenerativo como el que ha representado el PP en su forma actual.

España ha vivido durante décadas muchos escándalos de corrupción política que se repiten, aunque con distintos nombres: Filesa, GAL, Gürtel, Púnica, Lezo, EREs...

Los protagonistas van cambiando pero el guión es el mismo: redes de poder que utilizan el Estado para su enriquecimiento, su protección y su perpetuación. La corrupción estructural no tiene rostro, no es estridente, no siempre se puede demostrar en una sede judicial, pero es una forma de funcionamiento sistémico, una cultura o un modo de ejercer el poder que degrada lo público, privatiza lo que es de todos y vacía de sentido la democracia. El filósofo Jacques Rancière lo resumía brillantemente: «La corrupción no es sólo el uso del poder en beneficio propio; es la negación de la igualdad como principio de lo político» («El desacuerdo. Política y filosofía«, 1995)

Puertas giratorias, contratos públicos opacos, control de los medios de comunicación, colonización de instituciones judiciales, etcétera. En todos esos casos, el Estado pierde su función de ser el garante del bien común, para ser herramienta de utilidad usada por unos pocos. Ese fenómeno, conocido bajo el nombre de «la captura del Estado«, ha sido desarrollado por estudiosos de la política –Hellman, Jones y Kaufmann-: Los corruptos, ya no compran favores, sino que compran o usurpan las propias reglas del juego. La corrupción estructural es un cáncer en las democracias neoliberales, y no se cura con castigos ejemplares -aunque sean necesarios- sino con cambios profundos en la manera en que se ejerce el poder.

No han faltado pensadores que desde el terreno más propiamente filosófico, han advertido sobre los riesgos a los que nos enfrentamos (como H. Arendt, J. Habermas o Antonio Gramsci).

Entre esos riesgos está la desafección ciudadana o la instalación de un cinismo colectivo: «todos son iguales», «votar no sirve de nada», «la política es toda una mafia»… En realidad, esta resignación, en el fondo, beneficia al sistema y a las prácticas que nos ha traído hasta aquí, porque desanima o desactiva cualquier intento de cambio.

Repensar la situación de la corrupción en nuestro país, no es sólo cuestión de reformas técnicas. Implica toda una tarea ética, cultural y filosófica. Hay que volver a situar en el centro ideas con una carga profundamente ontológica: la idea del bien común, de justicia y de servicio público. Nuestra sociedad tiene que llegar al convencimiento de que la política no es un negocio, ni una carrera personal ni, por supuesto, un espectáculo de medios.

Como ciudadanos, debemos exigir una democracia real, que nos cuide. ¿Para qué sirve la política sino es para cuidar, para ponerse al lado de los más vulnerables? La política debería ser una forma suprema de «cuidado colectivo», pero nos hemos dejado guiar por quienes no creen en ello.

A pesar de todo, todavía hay gente que sí que lo cree y espero, que tras la lectura de estas líneas, haya algunos más… ojalá que el PP del futuro, también.