El verano vuelve con su ritual previsible. No me refiero a la huida de las ciudades, las caravanas y atascos interminables, las playas, los apartamentos, los hoteles…
Me refiero a otro ritual que casi asumimos con la misma naturalidad que el de las vacaciones: el ritual del fuego. Los titulares hablan de hectáreas, de evacuaciones, de brigadas exhaustas, de muertos, del horizonte naranja, del humo…
En muchos de nosotros, también hay otro ritual: mirar los incendios sin verlos, como si fueran un destino inevitable y no el reflejo de nuestra incapacidad por cuidar de aquello que nos sostiene.
Al ritual al que me estoy refiriendo solemos llamarlo «catástrofe natural«, pero en realidad es un ritual profundamente humano. Es el resultado de décadas de abandono del mundo rural, del descuido de unos bosques convertidos en auténticas selvas de maleza, de políticas de prevención insuficientes, de disminución de los recursos y de intereses que se alimentan de la ceniza. Numerosos estudios advierten que la acción humana está detrás de aproximadamente el 90 % de los incendios en la cuenca mediterránea. Esa cifra, desmonta la narrativa del «azar» y revela la verdadera dimensión del problema: somos nosotros quienes encendemos la mecha. Somos nosotros, con nuestras omisiones y nuestras rutinas.
En verano, muchos ciudadanos buscan su descanso, sin duda merecido, pero otros miran con miedo a los bosques que rodean sus pueblos y temen esa chispa que puede convertir en humo todo lo que aporta sentido a su vida: su monte, su pueblo, su casa, sus animales, tal vez sus vidas.
El fuego, entonces, no sólo consume árboles y montes. Devora nuestra manera de habitar el mundo. Cada incendio es un recordatorio brutal de la fragilidad de lo que creemos eterno y de la rapidez con la que se pierde lo que tardó siglos en crecer. Cada llama ilumina nuestra prisa, nuestro descuido y nuestra obsesión por lo inmediato. El incendio es más que un desastre estival: es la metáfora de una época en la que vivimos al borde de nuestra propia combustión.
Arde la tierra y arde el bosque, pero también arde la relación con la naturaleza que nos rodea y nos mantiene. Es cierto que el fuego se alimenta de temperaturas y de vientos, pero su fuerza se nutre también de los «otros combustibles» que ya hemos señalado anteriormente. Como señala el geógrafo Joan Martínez Alier, el vaciamiento de los territorios rurales no solo rompe la biodiversidad, sino que incrementa el riesgo de catástrofes al dejar el paisaje sin «gestión comunitaria». Durante siglos, el mundo rural mantuvo su equilibrio: el pastoreo limpiaba los montes, la recogida de leña evitaba su acumulación, los cultivos y terrazas agrícolas ordenaban la tierra y reducían la erosión. En definitiva, junto a la biodiversidad natural convivía otra biodiversidad cultural: saberes tradicionales, costumbres de cuidado y de respeto del medio, sostenibilidad de los paisajes, relación constante entre las comunidades humanas y su entorno. Todo eso servía de cortafuegos natural.
La despoblación, sin embargo, interrumpió ese ciclo. Con ella se vaciaron los pueblos y desaparecieron las prácticas que defendían, no sólo modos de vida, sino también prácticas de gestión ecológicas ligadas al territorio. Donde antes había presencia y memoria, hoy solo queda vacío. El monte se cerró sobre sí mismo: maleza, sotobosque denso, biomasa acumulada. Todo ello ya ha sido advertido por los expertos desde hace décadas, pero, por desgracia, no hemos tomado nota.
A ello se suman los intereses económicos que, aunque ya no se traducen en recalificaciones urbanísticas generalizadas -pues la ley lo impide-, sí encuentran otras vías de aprovechamiento de la catástrofe. Tras cada incendio se activa un mercado paralelo que va desde la contratación de servicios de extinción y restauración, hasta el impulso de monocultivos forestales de crecimiento rápido, rentables, pero poco sostenibles. Más allá de la norma, el fuego no solo arrasa, sino que abre una economía de la ceniza, donde particulares, empresas e, incluso, administraciones encuentran oportunidades en lo que debería ser únicamente pérdida. Como recordaba Hannah Arendt, lo destructivo no siempre se presenta en gestos espectaculares: a menudo se esconde en la normalización de las negligencias, los recortes y los cálculos políticos que se acumulan en el tiempo y convierten la excepción en costumbre rutinaria.
Pero los incendios tienen también un lenguaje simbólico que escapa a la polarización, de la que también hablaremos.
Cuando arde un bosque, lo que desaparece no son únicamente árboles o hectáreas: se borran memorias colectivas, se apagan los silencios que lo habitaban y se interrumpe una continuidad histórica con el territorio. La ceniza no es únicamente el residuo del fuego, sino una advertencia ontológica: nos recuerda la fragilidad radical de nuestra existencia y la irreversibilidad de lo que hemos perdido. Podremos repoblar, pero los árboles quemados no volveremos a tenerlos nunca más. La ceniza que se posa tras un incendio a merced de los vientos, es la señal manifiesta de que hay pérdidas que no tienen retorno.
Heráclito, un filósofo presocrático, decía que el fuego era el principio último de la realidad -el arjé que explicaba el devenir del cosmos-. No era destrucción sin más, sino transformación, símbolo del cambio y de la reinvención de la vida, en la misma medida en que también se consume.
Pero el fuego de nuestros incendios es muy distinto al de Heráclito. En efecto, no podemos ver en ellos ese devenir racional que reinventaba el cosmos, sino la huella de un desorden humano. Para el filósofo griego, el fuego era el sentido de lo necesario; para nosotros es el fracaso colectivo que se repite verano tras verano.
Y, sin embargo, en un contexto de polarización creciente, el incendio es absorbido por el ruido mediático y partidista. Se convierte en arma arrojadiza: unos culpan al cambio climático, otros a la falta de gestión autonómica, otros al gobierno central.
Se trata de un fenómeno que algunos pensadores, como Chantal Mouffe, denominan como pospolítica -en paralelo a lo que ocurre con la posverdad-. Significa que los problemas comunes se reducen a confrontaciones simbólicas donde lo importante no es resolverlos, sino vencer en el relato ante la opinión pública. Se pierde la capacidad de generar consensos mínimos y, de esa manera, el fuego real queda eclipsado por el fuego discursivo de la polarización, que consume nuestra atención pero que no apaga ninguna llama.
En España, pero también en otros países europeos -Grecia o Portugal- no faltan ejemplos. En el terrible incendio de la Sierra de la Culebra (Zamora, 2022, con 30.000 hectáreas quemadas), el debate se centró en el cruce de acusaciones más que en las raíces del problema: la prevención insuficiente o ausente y el abandono rural. O en el fuego de Bejís (Castellón, 2022, con 19.000 hectáreas quemadas), convertido también en munición política, en lugar de ser una ocasión para repensar seriamente la planificación forestal. Algo semejante ocurre en estos días, tras la terrible oleada de incendios del agosto de 2025, donde las declaraciones cruzadas eclipsan una vez más la reflexión de fondo y la búsqueda de soluciones consensuadas.
Estos ejemplos revelan un patrón: lo ecológico ya no puede pensarse separado de lo político. Y, sin embargo, la política parece incapaz de trascender la lógica de la confrontación. En esa línea, cada incendio se interpreta sobre todo como tragedia local, sin asumir que es también un síntoma de nuestra incapacidad colectiva para construir un horizonte de cuidado y de llevar a la práctica políticas que actúen sobre lo esencial.
Horizonte de cuidado es una formulación filosófica y ética que significa reclamar un marco en el que las acciones humanas estén orientadas, no al dominio ni al consumo, sino al cuidado de lo que es frágil y de lo que es común. Frente a él, el bosque que se incendia se presenta como su reverso: el horizonte de ceniza, como pérdida irreparable de vida -la pérdida ontológica a la que me refería antes-.
En nuestro país, la primera línea de responsabilidad frente a los incendios forestales recae en las Comunidades Autónomas. Ellas son las competentes en la gestión del medio forestal, desde la prevención, la extinción y la restauración posterior, mientras que el Estado conserva su papel de apoyo con medios como la UME o hidroaviones, para intervenir cuando las autonomías reconozcan estar desbordadas.
Sin duda, hay que poner el dedo en la llaga de las debilidades de las políticas autonómicas en esta materia. La financiación destinada a la prevención de incendios es insuficiente y, en muchos casos, sometida a recortes periódicos que revelan la baja prioridad política del problema. La prevención se reduce a campañas puntuales y a limpiezas parciales, desechando una estrategia sostenida a lo largo del año. Las brigadas de extinción trabajan en condiciones precarias. Muchos son temporales y se activan sólo en los meses de verano, cuando podían actuar durante todo el año para eliminar o reducir la acumulación de biomasa en los montes.
En España, entre 2009 y 2022 (13 años), la inversión anual en prevención se redujo casi a la mitad: de aproximadamente 364 millones de euros en 2009 a 176 millones en 2022.
A estos fallos inmediatos, se suma un problema estructural de mayor calado: el abandono del medio rural, con la consiguiente pérdida de atención y cuidado comunitario sobre el monte.
La política autonómica, en general, sigue un modelo reactivo: apagar cuando el desastre ya está en marcha. Sin cambiar ese modelo por otro de prevención integral y de revitalización del medio rural, seguiremos llegando tarde cada verano y se seguirá repitiendo el ritual del fuego y de la ceniza.
Sin duda, el Gobierno central tampoco se libra de los reproches. Por supuesto que acude desde el momento en que es requerido con los medios de que dispone. La Unidad Militar de Emergencias (UME) se ha convertido en el rostro más visible de la intervención estatal y ha demostrado ser una unidad eficaz y profesional, aunque los expertos indican que debería de contar con más unidades de aviones anfibios -está prevista la llegada de nuevos DHC-515 a partir de 2027-.
La flota anfibia, desde unas 30 aeronaves en los 90-2000, descendió hasta 14 en la actualidad y volverá a crecer a 21 con la llegada de los 7 nuevos DHC-515 prevista para 2027. La reducción de la flota se enmarca en un proceso de falta de renovación a tiempo que fue agravada por recortes económicos y por la paralización de la producción de algunos de esos modelos durante años.
Pero la cuestión de fondo no es esa: no basta con reaccionar ante el fuego. El Estado lo hace. Lo decisivo, desde el ámbito de responsabilidad del gobierno, está en intensificar un liderazgo político nacional -que hoy por hoy no existe- que sea capaz de sostener una coordinación real con las comunidades autónomas e imponer un horizonte común de prevención y gestión del territorio.
La dificultad para ello es máxima, y esta es una de las claves de las que casi nunca se habla con claridad: las Comunidades Autónomas rechazan la idea de una estrategia estatal fuerte porque entienden que supone una intromisión en sus competencias. Pero cuando el fuego llega y se desnudan las carencias de la gestión autonómica, la reacción más frecuente, es trasladar la culpabilidad al poder central. De esta manera, se desvía la atención pública de su falta de competencia.
Entramos así en un círculo vicioso: unas Comunidades que no afrontan debidamente su responsabilidad en la prevención de incendios y un Estado central que carece de la determinación necesaria para imponer una política común, en gran parte por el rechazo de esas mismas Comunidades que, paradójicamente, serían las principales beneficiadas de esa política. De nuevo se instala la lógica de la confrontación, en lugar de la lógica de la cooperación, que es la que realmente esperan los ciudadanos. Con la alternancia de reproches, la prevención sigue sin ser atendida y el resultado es un doble humo: el humo de la confrontación política, que consume titulares y desgasta la atención pública – ya hastiada y asqueada-, y el humo del incendio real. El primero tapa al segundo, hasta que las llamas nos recuerdan que ellas no entienden de discursos.
En estas situaciones emerge la creencia extendida últimamente de que «El pueblo solo salva al pueblo», que constituye una gran falacia y, además, peligrosa.
Ese lema, puede sonar a empoderamiento colectivo, pero confiar exclusivamente en la acción espontánea de la gente no es, en absoluto, la solución al problema de los incendios -ni de ninguna otra catástrofe, como la ocurrida en Valencia en octubre de 2024-. Es de agradecer que, en determinados momentos, la auto-organización ciudadana sirva de gran ayuda. Surge de manera espontánea como expresión de la ayuda y solidaridad de unos ciudadanos para con otros. No obstante, se trata de un impulso solidario, admirable, pero de alcance limitado y efímero. La solidaridad se agota en los momentos iniciales, porque carece de medios técnicos, de continuidad en el tiempo y de capacidad para reconstruir y coordinar.
Tras ese lema, lo que realmente se esconde es una coartada política: un modo de aprovechar el heroísmo ciudadano, para expandir la idea de que las instituciones se desentienden de sus responsabilidades y legitimar la desconfianza en el estado democrático. Es un discurso que encaja en las posiciones actuales de la ultraderecha, deseosa de debilitar la confianza en lo público para reforzar sus relatos de exclusión, autosuficiencia y abandono de todo proyecto comunitario. Se presenta como defensora del pueblo, pero en realidad actúa como destructora del vínculo social, alimentando la desconfianza en lo común. Es urgente hacernos la siguiente reflexión: ¿qué le quedaría al pueblo si aceptamos la retirada de lo común que propone la ultraderecha? Francamente, creo que sólo le quedarían los restos de un gran naufragio…
Presupuestos recortados, liderazgos insuficientes, o partidos políticos que prefieren el relato visceral al trabajo estructural, encuentran en el lema «el pueblo sólo salva al pueblo» el escudo perfecto. El resultado es perverso: lo que debería valorarse como un complemento solidario y limitado, se presenta como si fuera la solución definitiva. Su rápida difusión lo convierte en un espejismo cómodo: da alas a la épica ciudadana mientras se quedan intactas las carencias de fondo. Nada más lejos de la verdad.
La pregunta, entonces, no es solo cómo apagar las llamas, sino cómo transformar el modo en que habitamos el territorio y el modo en que practicamos la política.
Aquí se han recopilado algunas ideas, surgidas del sentido común, para escapar de ese horizonte de ceniza que nos condena a la repetición en cada verano: revertir el abandono rural; dotar a la prevención de los recursos necesarios; promover liderazgos coordinados y no enfrentados, capaces de compartir una estrategia común más allá del juego de reproches; inversiones sostenidas en el tiempo; no ceder nuestro consentimiento emocional a falacias como la de que «el pueblo sólo salva al pueblo«; y, finalmente, reconstruir la confianza en lo común a través de una ciudadanía formada y consciente de que cuidar el territorio es también cuidar de sí misma.
Espacio de reflexión 
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