Estamos ante un hecho que provoca, o al menos debiera provocar, una profunda indignación desde los puntos de vista, no sólo médico, sino también ético, social y político. Que una entidad privada que está encargada de gestionar un hospital público -financiado con fondos públicos y destinado a atender a ciudadanos que necesitan cuidados médicos- plantee de manera deliberada rechazar a pacientes o demorar intervenciones no por razones clínicas, sino por criterios de «rentabilidad«, es algo moralmente indefendible.
Según revelan las grabaciones publicadas por El País, un directivo del Grupo Ribera, Pablo Gallart, instruye a sus mandos para que rechacen pacientes, incrementen las listas de espera y prioricen aquellos procesos que resulten «rentables». Aquí no hay ningún tipo de malentendido, ni algo que esté sacado de contexto, ni de interpretaciones forzadas. Lo que se escucha en la grabación es, simplemente, una lógica empresarial pura y dura: si operar cuesta dinero, mejor no operar; si un paciente no es rentable, mejor derivarlo. En la grabación, el directivo habla sin tapujos de rentabilidad, cuenta de resultados y alcanzar un EBITDA –beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones– de cuatro a cinco millones. Resulta sencilla y auténticamente vergonzoso que se promueva o se defienda ética y políticamente un sistema sanitario basado en semejantes criterios.
Desde finales de los noventa, en ciertas comunidades autónomas -en especial Valencia y Madrid– implantaron un sistema en el que un hospital público es gestionado por una empresa privada que recibe un canon fijo por habitante. No hace falta un análisis complejo para comprender que este modelo no es neutro, sino que genera un conflicto estructural: si la empresa gasta menos, gana más; si opera menos, gana más; si reduce personal o evita procedimientos costosos, también gana más.
Ribera Salud (actualmente llamado Grupo Ribera) es un grupo empresarial privado del sector sanitario que gestiona hospitales y centros de salud, especialmente mediante modelos de concesión pública. Es decir: administra hospitales públicos por encargo de las administraciones, pero con gestión privada, buscando beneficios empresariales.
Por eso, hoy escribo desde la indignación que nos provoca a muchos ciudadanos, que se pueda priorizar el beneficio económico sobre la vida y la salud de las personas -como sugiere la grabación que cita el diario «El País«, cuya lectura recomiendo-. Ese hecho supone, ni más ni menos, que vaciar de sentido y de contenido el contrato social que sostiene la idea de que la salud es un derecho y no una mercancía o un negocio.
Que este tipo de decisiones surjan en un hospital que está gestionado bajo un modelo de concesión, es decir, donde una empresa privada maneja un centro público, no es algo accidental o casual: es la consecuencia directa de cómo se ha diseñado el sistema. El modelo permite, como hemos dicho, el cobro de un canon directo por cabeza –per cápita-, que es independiente de la actividad real. De esa manera, la empresa que gestiona el hospital tiene incentivos que son «perversos»: cuando menos se invierta en atención, más beneficios se acumula.
Lo anterior pone de manifiesto el problema de fondo: cuando la lógica del beneficio privado se sitúa por encima de la prestación de los servicios esenciales de salud, la ética médica y la igualdad en el acceso a dicha salud quedan gravemente comprometidas.
La decisión de evitar pacientes o tratamientos costosos, pone en peligro a quienes dependen -o podamos depender en un futuro- de ese tipo de atenciones, muchas veces personas crónicas o especialmente vulnerables. Esto es una forma de discriminación basada en un cálculo económico que va en contra del principio de igualdad en la atención sanitaria. Si esto se generalizara, supondría un retroceso de enorme trascendencia: «pasar de un sistema sanitario público y universal a otro de carácter mercantil, donde la rentabilidad prevalece sobre la necesidad médica». Y, lamentablemente, ya estamos avanzando en esa dirección, impulsados por el interés político de quienes siguen apostando por ese modelo.
También estamos, sin duda, ante un problema de responsabilidad colectiva. Permitir que entidades privadas administren servicios esenciales, sin suficientes mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas, es una decisión política. Revelaciones como las difundidas hoy, basadas en grabaciones internas, tienen que servir como revulsivo inmediato para que la ciudadanía tome conciencia definitiva del problema y, por otra parte, cuestione seriamente el modelo de privatización sanitaria. La sanidad pública debe ser defendida como un bien común y no como un negocio.
La Comunidad de Madrid asegura no haber tenido conocimiento de este tipo de prácticas. Sin embargo, todo modelo de concesión exige controles rigurosos, auditorías, revisiones, evaluaciones independientes, etcétera. Si el Gobierno autónomo no detectó nada, falló la supervisión; si lo detecto y lo toleró, falló la ética política en dicho gobierno. En cualquier caso, el resultado es igual de grave: la salud pública queda subordinada al interés privado.
Por tanto, la indignación está más que justificada y es la reacción inmediata, junto con el estupor, ante la gravedad de los hechos. Pero no basta con indignarse. Es imprescindible exigir explicaciones claras, aplicar sanciones cuando proceda y, sobre todo, impulsar cambios en el modelo. Exijamos que la salud no quede subordinada al beneficio privado y que se proteja y mantenga el derecho a la atención médica universal, sin recortes, sin exclusiones y sin condicionantes económicos que pongan en riesgo la vida de las personas.
La grabación:
Espacio de reflexión 
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