Cuando el sabotaje se disfraza de política
Hay partidos que entran en las instituciones para gobernar. Otros entran para incendiar los pasillos, bloquear las puertas y luego presentarse ante sus votantes como las víctimas del incendio y del humo. Lo ocurrido en Extremadura con la investidura fallida de María Guardiola no es un simple accidente parlamentario, ni una disputa más entre socios que tienen unas relaciones difíciles: es una escena que refleja con bastante nitidez una forma de hacer política -la de VOX– que no busca construir nada, sino impedir que las cosas puedan funcionar. Lo que ha hecho VOX no solo es negarse a señalar con claridad cuáles son los desacuerdos reales con el PP -que justificarían su rechazo a la investidura-, sino que ni siquiera ha precisado si quería formar parte del Gobierno o, sencillamente, impedir que hubiera Gobierno.
Eso es lo verdaderamente inquietante. No la dureza de las negociaciones, ni los cálculos electorales, ni el pulso entre partidos: todo eso es tan viejo como la política misma. Lo inquietante es otra cosa: la posibilidad de que una fuerza política descubra que le resulta más rentable deteriorar las instituciones que formar parte de ellas; que le compensa más erosionar el marco político que ejercer con responsabilidad el mandato recibido de los votantes que confiaron en sus ideas y en su programa.
Negociar con dureza o efectuar cálculos electorales entra dentro de la lógica política. Pero desacreditar parlamentos, tribunales, prensa o reglas que deben ser compartidas, para presentarse como la única voz legítima –con una considerable dosis de victimismo y de odio– ya no es hacer política. Es vaciarla de contenido. Es no querer actuar desde las reglas, sino limitarse a estorbar. Ese es el caso de VOX: un partido político que se ha convertido en un auténtico traidor a la confianza de todos aquellos que creyeron que sus ideas serían defendidas desde las reglas democráticas, y no contra ellas. En este sentido, se puede afirmar sin ambages que VOX es una verdadera «estafa» -expresión que, hasta el propio Feijóo ha llegado a utilizar-.
¿Por qué puede hablarse de estafa? Dicho con claridad: porque practica el oportunismo mientras vende rebeldía. Su discurso se presenta como «antisistema» pero cuenta con 33 diputados en el Congreso y está en las mismas instituciones que desprecia en su retórica. También incurre en una flagrante contradicción territorial: lleva años cargando contra el Estado Autonómico y propone un modelo de recentralización de competencias, pero, al mismo tiempo, compite en las elecciones autonómicas, negocia cuotas de poder poder en ellas y presenta programas electorales que, por cierto, son prácticamente un calco unos de otros.
Es también una estafa porque convierte el bloqueo en una estrategia oportunista. Al impedir la investidura de Guardiola en Extremadura, lo único que hace es proporcionar más inestabilidad y huir deliberadamente de la responsabilidad adquirida ante sus propios votantes. La cuarta razón para considerar a VOX como verdadera estafa política tiene que ver con su dimensión social. Dice hablar en nombre de la «España que madruga» y del «ciudadano común», pero buena parte de su programa económico favorece especialmente a las rentas más altas. Su propuesta para las elecciones del 23J (2023) defendía una bajada radical de impuestos mediante un diseño del IRPF que beneficia a los contribuyentes de mayores rentas y reducía la recaudación. Es decir: un engaño por partida doble al utilizar una retórica populista mientras se promueve una fiscalidad regresiva que perjudica, precisamente, a los sectores más populares y vulnerables.
Su programa económico para el 23J dibujaba otra realidad bastante menos «madrugadora»: una fuerte rebaja fiscal cuyos mayores beneficios se concentraban en las rentas altas, los grandes patrimonios y las herencias elevadas. Su propuesta de dejar el IRPF en solo dos tramos —15% hasta 70.000 euros y 25% a partir de esa cifra—, junto con la supresión de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones y la rebaja del Impuesto de Sociedades al 15%, favorecía sobre todo a quienes más tienen. De hecho, los análisis difundidos entonces mostraban que el ahorro crecía de manera muy acusada conforme aumentaba la renta, hasta el punto de que los contribuyentes con ingresos muy altos podían ahorrarse decenas de miles de euros al año, mientras que las rentas bajas y medias obtenían beneficios mucho más modestos. Es decir: bajo una retórica popular, Vox ofrecía en realidad un diseño fiscal que beneficiaba profundamente a los de «arriba».
Extremadura, en ese sentido, no aparece así como una anécdota regional, sino como un síntoma. Hay que recordar que Guardiola adelantó las elecciones precisamente para reducir su dependencia de Vox, pero el resultado fue el contrario: la ultraderecha reforzó su posición y endureció su capacidad de chantaje. También subraya que el PP llegó a firmar un pacto de sesenta medidas, ceder una consejería y, además, asumir marcos discursivos muy ajenos a su tradición, como el rechazo genérico a la inmigración o la oposición a políticas climáticas. Nada de eso bastó.
Y aquí aparece una de las lecciones más amargas de nuestro tiempo: cuando la derecha tradicional cree que puede domesticar a la ultraderecha, suele terminar domesticada por ella. No porque adopte de golpe toda su ideología, sino porque acepta buena parte de su discurso, sus obsesiones, sus falsos dilemas y su forma de intoxicar el espacio público. El problema no es solo pactar con quien piensa distinto; la democracia vive, precisamente, de esa posibilidad. El problema comienza cuando, para mantener un acuerdo, uno tiene que humillarse semánticamente hasta el punto de llegar a hablar de un supuesto “feminismo de Vox”: «El feminismo que defiendo es el de Vox», proclamó María Guardiola…
Las palabras importan. Importan mucho. Porque cuando se pervierten, no solo se confunde el lenguaje: se desorienta también la realidad común. Y una democracia no se rompe únicamente con golpes espectaculares o pronunciamientos solemnes. A veces se desgasta de una manera más silenciosa y constante: cuando se acude repetidamente a la mentira; se convierten las negociaciones en emboscadas; se recurre al cálculo electoral como principio absoluto; al desprecio sistemático e intencionado de toda negociación; se siembran sospechas sobre cualquier forma de convivencia institucional, etcétera.
Vox parece haber entendido algo que otros aún se resisten a admitir: en una época cansada, crispada y rota por dentro, el caos puede capitalizarse. La inestabilidad ya no se percibe necesariamente como un coste; puede convertirse en activo político. Cuanto peor funcione todo, cuanto más se debilite la confianza en las instituciones, cuanto más inútil parezca la política ordinaria, más fácil le resulta a Vox venderse como una fuerza “distinta”, “valiente”, “antisistema”. Pero ahí reside su verdadera impostura: no estamos ante un partido “antisistema» que viene de fuera, sino ante uno que crece dentro del sistema democrático y se aprovecha de él, para vaciarlo desde dentro.
Ese es el núcleo del problema. No tanto que Vox sea radical, sino que convierte la propia descomposición del marco institucional en parte de su negocio político. No necesita explicar con claridad qué quiere para Extremadura, porque en el fondo, tal vez, les importa muy poco Extremadura y los extremeños. Sus cálculos están también condicionados por las próximas elecciones de Castilla y León del 15 de marzo de 2026 y por la posibilidad de reproducir allí una dinámica semejante. Es decir: que una comunidad autónoma concreta, con sus ciudadanos concretos y su necesidad concreta de gobierno, quede subordinada a una estrategia más amplia de tensión, desgaste y posicionamiento electoral. Una estafa política en toda la extensión de la palabra.
Cuando ocurre esto, la política deja de ser servicio, incluso en su versión más modesta, y se convierte en la movilización y desarrollo de técnicas emocionales. Ya no importa resolver, sino excitar. Ya no importa acordar, sino mostrar fuerza. Ya no importa ofrecer estabilidad ni soluciones a los problemas, sino mantener al adversario, al aliado y al ciudadano dentro de una atmósfera de desgaste permanente. La comunidad política, es decir, la ciudadanía, se convierte entonces en rehén de un conflicto teatralizado en el que siempre surge una nueva exigencia, una nueva línea roja, un nuevo gesto de desafío. Como se dice en el argot futbolístico, la portería se mueve una y otra vez….
Lo más grave es que esta lógica no erosiona solo al adversario: erosiona a toda la comunidad. Porque una institución bloqueada no humilla únicamente a un partido; humilla a todos los ciudadanos que dependen de ella para que la vida pública siga funcionando. Y cuando esa parálisis se normaliza, cuando se presenta como una simple “estrategia legítima”, lo que se quiebra no son los pactos o los acuerdos concretos, sino la idea misma de que la política debe servir para algo más que para alimentar trincheras.
Por eso conviene llamar a las cosas por su nombre. Es cierto que no todo conflicto es antidemocrático; no toda firmeza indica extremismo; no todo desacuerdo es un sabotaje. Pero cuando una fuerza política como Vox rehúye aclarar qué pretende, utiliza su poder para impedir el funcionamiento institucional y convierte la incertidumbre pública en su principal combustible particular, ya no estamos ante negociaciones más o menos duras: estamos ante una lógica corrosiva. Una lógica que se alimenta del enfado, de la confrontación, de la desconfianza y del bloqueo. Que una fuerza como Vox -que se señala como política- se sitúe en esas líneas es un engaño a toda la comunidad.
Quizá esa sea una de las marcas más degradadas y distintivas de la política contemporánea: no gobernar, sino estropear; no proponer, sino intoxicar; no sostener un mundo común, sino aprovecharse de su desgaste; estropear las palabras, estropear los puentes y los acuerdos, estropear las instituciones, estropear también la paciencia democrática de una sociedad hastiada; estropear, incluso, hasta la propia verdad.
Después, sobre esos restos, Vox levanta su bandera y se auto-presenta como «salvador«, gritando que nada funciona. Ahí reside su impostura, su estafa, su engaño y su hipocresía. Vox no viene a rescatar nada: viene a sacar provecho del derrumbe al que ellos mismos han contribuido.
El PP debería tomar nota. No solo de que Vox puede bloquear investiduras, sino de algo más profundo: un partido que se reivindica como «constitucional y de gobierno» no puede ir de la mano de aquellos que se aprovechan del desgaste institucional. La derecha tradicional española debe resolver de una vez por todas -por su propio bien y por el de la democracia en nuestro país- la contradicción en la que lleva tiempo instalada: denuncian a Vox como un problema cuando les bloquea, pero recurren a él cuando les conviene para alcanzar el poder. Esa ambivalencia resta gran credibilidad política al proyecto conservador. Si el PP insiste en utilizar a VOX como palanca de salvación para llegar al gobierno, probablemente acabará descubriendo que esa supuesta palanca no era más que un instrumento de chantaje. El caso de Extremadura no es una anécdota parlamentaria: es una advertencia política de primer orden…
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