Cuando pretendemos hablar de democracia, hay algunas palabras que no deberían aparecer nunca. Una de ellas es «basura». En efecto, es una palabra dura, excesiva, grosera… pero, en ocasiones, no queda más remedio que utilizarla y nombrar las cosas con toda crudeza ante el cansancio moral que genera la realidad y porque suavizar las expresiones puede acabar pareciendo una forma de complicidad.
«Kitchen. Koldo. Ábalos. Mascarillas. Fondos reservados. Comisiones. Intermediarios. Policías. Ministerios. Contratos públicos. Emergencia sanitaria». Todo esto constituye un inventario sombrío de nuestra vida pública reciente. Su mera enumeración ya produce asco democrático y asco moral. No solo son nombres de asuntos judiciales, sino que son los escombros o restos de una manera de hacer política en la que el poder se confunde con el interés privado. Esa basura aparece debajo de la alfombra y en el núcleo del Estado se revela una red de intermediarios, favores, silencios, complicidades, opacidad, incompetencia, mentiras y ambiciones.
Esa es la cara del poder cuando se usa con una finalidad partidista. Cuando el Estado se considera como una finca particular, en la cual es posible urdir una red de favores al servicio de ventajistas y comisionistas miserables: yo te doy un contrato, y tú me debes lealtad y me pagas una comisión; yo te coloco y tú me proteges; yo te abro puertas y tú me devuelves el favor…
Eso se llama «clientelismo« y es una de las formas más corrosivas de la degradación democrática. En España, el clientelismo tiene una raíz histórica evidente: el antiguo caciquismo que se asocia, sobre todo, con la Restauración Borbónica, en 1875. Durante mucho tiempo, el poder local se organizó alrededor de figuras que eran capaces de repartir el trabajo, dar protección y permisos, otorgar ayudas y recomendaciones, etcétera. Con la llegada de la democracia se eliminaron muchas formas antiguas de caciquismo, pero no se eliminó de manera radical la lógica que lo inspiraba. Esa lógica sigue vigente cuando hay casos en los que el acceso a lo público no depende tanto del mérito, de la igualdad o de la transparencia, como de la cercanía al partido, al líder, al alcalde, al consejero o al ministro de turno. De ahí que el clientelismo de nuestros días no revista tanto el traje de cacique sino que suele llevar «traje institucional».
Sin embargo, conviene efectuar algunas advertencias previas, pero necesarias: una investigación no es una condena y una acusación no equivale a culpabilidad. Sólo las sentencias firmes de los tribunales pueden fijar las responsabilidades civiles y penales. Esto es fruto de una garantía judicial y democrática esencial: la presunción de inocencia, que protege al ciudadano frente a esta tentación tan extendida hoy de convertir la sospecha en sentencia y culpabilidad.
Pero la prudencia jurídica no nos debe llevar tampoco a la ceguera política. Los ciudadanos tenemos derecho a pensar y opinar mientras llega la sentencia firme, lo cual ocurre, en ocasiones, varios años después de los hechos. Es decir, la ciudadanía no puede permanecer con los ojos cerrados ante los indicios, las contradicciones, las redes clientelares, las adjudicaciones realizadas bajo sospecha, las comisiones cobradas que son éticamente inaceptables, los comportamientos indecentes, y cualquier otra forma degradada de entender lo público.
En definitiva, la ciudadanía tiene el derecho de elaborar su propio juicio moral ante todo lo que se va conociendo.
El caso Kitchen resulta especialmente grave porque no se refiere solo a una posible corrupción dineraria, sino al presunto uso del Estado para proteger a un partido político.
La sospecha principal, en este caso, es que desde el Ministerio del Interior se habría organizado una operación «parapolicial» para vigilar o espiar a Luis Bárcenas, que había sido tesorero del Partido Popular. Por supuesto, dicha operación no era oficial, ni legal. Las razones eran que Bárcenas podía tener documentación comprometida acerca de la financiación irregular del PP y también sobre tramas corruptas vinculadas al partido. A día de hoy, el juicio de la Operación Kitchen continúa en la Audiencia Nacional.
Si la operación se demostrara, entonces significaría que recursos públicos -policías, fondos reservados, estructuras del Ministerio del Interior- se utilizaron, no para defender los intereses de los ciudadanos, sino los de un partido, evitando que se hicieran públicos documentos comprometidos.
Caso de ser cierto todo esto -hay que insistir en ello- nos encontraríamos con dos niveles de miseria moral. En el primero de ellos estaría el delito en sí mismo: usar fondos reservados, policías, recursos públicos o estructuras del Estado para fines partidistas. En el segundo nivel, nos encontraríamos con que el partido sabe y conoce los hechos, pero no los denuncia. Es decir, en vez de limpiar su propia casa, aceptar responsabilidades, asumir la gravedad de los hechos y colaborar con la justicia, opta por ocultar, protegerse o desviar la atención. En ese caso, la corrupción deja de ser un hecho individual y se convierte en cultura de partido. Dentro de cualquier organización pueden existir corruptos; pero mucho más grave es que un partido político actúe como refugio de esa corrupción, llegando al extremo de utilizar las instituciones públicas para protegerse a sí mismo.
Cuando todo eso ocurre, se minan básicamente dos cosas: la calidad de la democracia y la confianza del ciudadano. La democracia no se rompe de golpe, como cuando salen los tanques en las calles, se cierran los periódicos o se suspenden las elecciones. Todo parece continuar normalmente. Pero algo se ensucia por dentro con esta forma de proceder.
En definitiva, la democracia no siempre muere con ruido. A veces se degrada en silencio cuando el ciudadano ve que aquello que debía de proteger la legalidad es usado para lo contrario: para encubrir la ilegalidad; y que el Estado deja de ser garante de la igualdad y de la justicia para convertirse en el escudo defensor de un partido político.
Otra terrible zona de sombra es el caso Koldo-Ábalos. En este mes de abril se ha iniciado también el juicio oral contra personajes como José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por presuntos delitos como «cohecho, tráfico de influencias, malversación, integración en organización criminal, uso de información privilegiada, falsedad y prevaricación».
Aquí la miseria y la gravedad moral de los hechos que se juzgan es todavía más hiriente por el contexto en que esos hechos tuvieron lugar.
Estamos hablando de contratos de mascarillas en plena pandemia. Es decir, hablamos de aquellos días en los que la sociedad vivía una situación límite: población confinada, decenas de miles de enfermos, hospitales desbordados; sanitarios agotados, y miles de fallecidos cuyas familias ni siquiera pudieron despedirse de ellos.
No fue un tiempo cualquiera, sino un tiempo de miedo, vulnerabilidad y dolor colectivo. Pero, aún así, algunos aprovecharon esa emergencia para enriquecerse, cobrar comisiones, favorecer a terceros o tejer redes de influencia: una obscenidad instalada en la herida abierta que sufría todo el país.
Ahí radica el verdadero problema: no solo la corrupción, sino la normalización de la corrupción.
No se trata únicamente de que alguien robe, cobre comisiones, manipule contratos o utilice el poder para su beneficio. Lo más grave es que cuando esto ocurre, se pone en marcha toda una maquinaria de excusas que tratan de quitar importancia a los hechos. En vez de reaccionar y adoptar una clara voluntad de investigar, depurar responsabilidades, pedir explicaciones o sancionar a los implicados, lo que suele aparecer es una respuesta defensiva: el partido afectado cierra filas; sus seguidores justifican y minimizan la culpa; los medios afines desvían la atención…. El debate público, en suma, queda convertido en una mera pelea de bandos rivales, donde aparece toda una coreografía de frases reconocibles: «y tú más», «no hay caso», «es una persecución», «todo es mera conspiración», y otras de similar intencionalidad. La lógica de los partidos impone una ética muy degradada y maniquea: si el acusado es de los míos, su presunta conducta corrupta se relativiza; si es de los otros, se exagera.
En este asunto de la «basura de la democracia», conviene también tener en cuenta algo importante: no es lo mismo responsabilidad penal que responsabilidad política. Precisamente por eso, la responsabilidad política no puede esperar siempre a la condena penal. Los procesos judiciales pueden durar años y si un dirigente responde solo cuando hay una sentencia firme, entonces la política queda paralizada moralmente. ¿Por qué? Porque mientras llega esa sentencia, él puede seguir ocupando cargos, tomando decisiones, amparado en la lentitud judicial.
Un país no puede exigir únicamente que sus gobernantes no acaben en la cárcel. Debe exigirles algo más elevado: decencia, ejemplaridad, transparencia, respeto por lo público. Porque la democracia no vive solo de leyes. Vive también de costumbres. Vive de una cierta vergüenza compartida. Vive de la idea elemental de que hay cosas que no deben hacerse, aunque puedan hacerse; de que hay límites que no deben cruzarse, aunque nadie los vea; de que el poder no es una propiedad privada, no es una finca que se hereda, ni un patrimonio personal.
En democracia, el poder es siempre una responsabilidad prestada. Es decir, es un poder recibido de la ciudadanía por un tiempo limitado, bajo condiciones precisas y con un mandato fundamental: que se use para el interés general y no para proteger al partido, para favorecer a los correligionarios o para tejer redes de influencia.
Ahora bien, reconocer la diferencia entre la responsabilidad penal y la responsabilidad política, no significa aceptar una condena automática ante cualquier acusación. También aquí conviene ser justos, porque una democracia no solo se mide por su capacidad para perseguir la corrupción, sino también por su capacidad para no destruir injustamente a quien todavía no ha sido declarado culpable.
Si un responsable político aparece apenas afectado por «denuncias débiles, insinuaciones interesadas, filtraciones parciales o campañas de desgaste«, no debería ser entregado, sin más, al escarnio mediático ni a la condena sin pruebas. La sospecha no puede sustituir a la verdad, ni el ruido de los medio ocupar el lugar de la justicia. La indignación, por legítima que sea ante tantos abusos, no puede convertirse en una máquina ciega capaz de arrasar también con políticos inocentes.
La presunción de inocencia no sólo afecta a los ciudadanos anónimos, sino que también protege a los cargos públicos, precisamente, porque siguen siendo personas con honor, con familia, con derecho a defenderse y a no ser convertidas en culpables sólo por la fuerza de una acusación. De no ser así, bastaría una denuncia interesada, una filtración calculada, una insinuación, una portada agresiva o una campaña organizada para destruir políticamente a una persona y abrir la puerta a una forma perversa de llevar a cabo la lucha política: ensuciar, señalar, insinuar, sospechar en voz alta, y dejar que la basura haga el resto. Eso no es regeneración democrática, sino una forma de linchamiento con apariencia de moralidad.
Por eso, la línea a seguir es difícil, pero imprescindible: exigir explicaciones sin condenar antes de tiempo; reclamar transparencia sin pisotear los derechos; pedir responsabilidades cuando haya motivos serios, pero sin convertir cada sospecha en una sentencia condenatoria. No se combate la basura democrática fabricando otra basura en forma de insinuación, venganza o espectáculo mediático. Se trata de evitar dos errores fundamentales: el cinismo de quienes se esconden detrás de la presunción de inocencia, para no dar ninguna explicación, y el fanatismo de quienes pretenden convertir cualquier sospecha en una condena inmediata. Lamentablemente, estos dos errores se cometen actualmente en nuestro país.
Volvamos a la diferente consideración que tienen la responsabilidad penal y la política.
La responsabilidad penal determina si alguien ha cometido un delito -y debe ser castigado por ello-. La responsabilidad política, en cambio, pregunta otra cosa: pregunta si esa persona merece seguir administrando poder público, si ha actuado con ejemplaridad, si ha dado explicaciones suficientes, si ha protegido la institución que representa o, si por el contrario, la ha utilizado en su beneficio o para protegerse.
Cuando esa diferencia esencial desaparece, todo empieza a pudrirse. Los partidos dejan de sentirse responsables y se sienten más como víctimas. Ya no se cuestionan acerca de lo que pudo fallar en su organización, qué controles no funcionaron, porqué se consintieron ciertas prácticas, porqué se compraron silencios o porqué se permitieron favores. En lugar de eso, el partido acude a refugiarse en el relato de la persecución, del victimismo. Todo es válido para evadir la pregunta decisiva: ¿qué responsabilidad política tenemos, aunque todavía no exista una condena penal?
Por su parte, el votante, ante esa degradación, deja de sentirse ciudadano y empieza a comportarse como hincha: perdona en los suyos lo que ferozmente condena en los otros. También hay medios que convierten la regeneración en espectáculo a golpe de tertulias de dudosa limpieza moral, donde la corrupción no es analizada como problema público, sino como un arma partidista. No hay intención por esclarecer, sino por agitar. Eso no es fortalecer la democracia. Es alimentar la indignación según el color político del acusado. En ese punto, la política, en lugar de limpiar la casa común, sobrevive entre sus propios escombros.
Por eso estos casos –Kitchen, Koldo-Ábalos, y otros más– son la basura de nuestra democracia. No porque toda la democracia sea basura. Decir eso sería injusto. Hay jueces, fiscales, periodistas, funcionarios, policías, técnicos, sanitarios, docentes y ciudadanos que sostienen cada día la dignidad de las instituciones. Hay servidores públicos honestos que hacen su trabajo sin ruido simplemente porque creen en su deber, en la legalidad y en el valor de lo público y de lo común. Sin duda, hay mucha más decencia silenciosa que indecencia ruidosa.
Pero precisamente por eso indigna tanto la corrupción: porque ensucia también a quienes cumplen. Cada contrato amañado, cada comisión, cada favor, cada operación clandestina, cada mentira institucional arroja una sombra sobre quienes trabajan limpiamente. La corrupción no roba solo dinero: roba confianza. Y la basura democrática no está en la existencia misma de las instituciones, sino en quienes las usan como si fueran su propiedad privada.
Corruptos los habrá siempre. Pero lo más grave es que la sociedad acabe desarrollando una tolerancia selectiva hacia la corrupción. Es decir, que la corrupción del adversario nos escandalice, pero la propia nos incomode solo relativamente; que pidamos dimisiones en el partido contrario, pero paciencia en el nuestro; que confundamos lealtad política con sumisión moral: que nos parezca más importante proteger unas siglas que proteger la limpieza de la vida pública.
Ahí empieza la verdadera degradación democrática: cuando la ética se vuelve tribal, -donde cada grupo fabrica su propio relato, su propia verdad y sus propias indignaciones-; cuando lo importante ya no es si algo está bien o mal, sino quién lo ha hecho; cuando el juicio moral depende del color político del acusado; cuando la verdad deja de ser una exigencia y se convierte en munición para un partido; cuando la indignación ya no nace de la decencia, sino del cálculo estratégico. Es entonces cuando todo resulta contaminado.
La democracia necesita tribunales, por supuesto. Necesita jueces independientes, garantías procesales, pruebas, sentencias y respeto a la presunción de inocencia. Pero necesita también ciudadanos que no se resignen. Ciudadanos que no acepten vivir permanentemente entre sumarios, filtraciones, comisiones, contratos bajo sospecha, relatos defensivos y pactos de silencio. Ciudadanos que sepan decir: aunque sea legal, es indecente; aunque no esté probado aún, merece explicación; aunque lo hayan hecho los míos, no lo justifico.
Esa es quizá la primera regla de una democracia adulta: no defender nunca la basura propia. Porque la basura propia huele igual que la ajena. Puede que, al principio, intentemos disimularla, envolverla en argumentos, perfumarla con excusas o esconderla bajo la alfombra del aparato del partido. Pero cuando entramos en el terreno de las justificaciones, la basura propia acaba entrando en casa.
España no necesita más discursos solemnes sobre regeneración. Estamos cansados de las palabras grandilocuentes pronunciadas por los que luego conviven con aquello que dicen combatir. Lo que se necesita es una nueva cultura política que evite convivir con la indecencia y una moral pública que no quede reducida a una cuestión de trincheras.
La basura democrática existe y para limpiarla hay que verla, nombrarla y retirarla. La basura de la corrupción no puede ser nuestro paisaje, ni tampoco la mentira, la opacidad o el clientelismo, deben ser herramientas en la lucha política.
Quizá por eso la palabra basura, aunque sea fea y nos duela, resulta necesaria. No para decir que todo está podrido, porque no lo está, sino para recordar que lo público, lo que nos pertenece a todos, debe cuidarse. Para que no bajemos los brazos al decir, con una mezcla de cansancio y derrota: «todos son iguales». Porque, radicalmente, NO. No todos son iguales: no lo son quienes cumplen cada día con su deber en silencio. No lo son quienes sirven a la ciudadanía con honestidad. No lo son quienes investigan, fiscalizan, denuncian, resisten o simplemente se niegan a participar en la red de favores. Todavía hay mucha decencia sosteniendo este país, aunque la indecencia haga mucho más ruido. Todavía hay servidores públicos que creen en el valor de lo que hacen, de su trabajo. Todavía hay ciudadanos que no quieren vivir resignados entre los escombros que los miserables van arrojando en nuestra democracia.
Por eso hay que seguir diciendo estas cosas. No desde el odio, sino desde el amor exigente a la democracia; no desde la desesperanza, sino desde la convicción de que una casa común solo se conserva si los ciudadanos nos atrevemos y nos comprometemos a limpiarla. Una democracia no muere solo cuando alguien la derriba por la fuerza o desde fuera. También puede enfermar por dentro, lentamente, cuando sus ciudadanos se acostumbran al olor de lo intolerable. Al olor de la basura…
Espacio de reflexión 
Deja un comentario