Hay expresiones políticas que llegan envueltas bajo apariencia de sentido común, como si fueran razonables, prudentes y casi inevitables. Pero precisamente por eso conviene desconfiar de ellas: porque algunas palabras no muestran de entrada su verdadera carga ideológica, sino que la disimulan bajo un lenguaje en apariencia sensato.
Una de ellas es “prioridad nacional” porque no es una expresión neutral ni tampoco recién acuñada. Jordi Amat la vincula con el Frente Nacional francés y con figuras como François Duprat para subrayar, precisamente, que no estamos ante una propuesta de tipo «administrativo«, sino ante una estrategia recurrente de la extrema derecha: hacer pasar la discriminación como algo aceptable al revestirla de cierto «sentido común».
Duprat -militante de la extrema derecha francesa- entendió, tras la Segunda Guerra Mundial, que había que cambiar el lenguaje de la extrema derecha porque ya no resultaba eficaz el viejo lenguaje claramente racista o fascista. Pensó que era necesario introducir expresiones aparentemente racionales, sociales, incluso protectoras. Ahí aparece la idea de la «preferencia nacional«, que se reformula después como «prioridad nacional«. Este concepto fue una seña de identidad del Frente Nacional desde los años ochenta y más tarde del Reagrupamiento Nacional.
En efecto, ¿Quién podría estar en contra, en principio, de que un país cuide de los suyos? ¿Quién podría negar que el Estado tiene responsabilidades concretas hacia sus ciudadanos, o que debe ordenar sus recursos, proteger los servicios públicos y garantizar que nadie quede abandonado?
La expresión «Prioridad nacional» parece referirse al cuidado, a la protección, a la responsabilidad del Estado. Tiene una sonoridad casi paternal: primero los nuestros, los que forman parte de la comunidad política y luego los demás. Pero en esa división reside, precisamente, su peligro.
La fórmula empleada puede ser razonable «en abstracto», pero se convierte en excluyente cuando se utiliza para separar, jerarquizar o enfrentar. Porque no es lo mismo decir que el Estado ha de garantizar derechos a sus ciudadanos, que insinuar que algunos seres humanos merecen menos protección que otros porque no pertenecen plenamente a eso que llamamos «nosotros«.
El problema aparece cuando esa expresión, a priori tan sensata, no hace referencia a una justa organización de los recursos y se convierte en una «frontera moral entre personas». Entonces, ya no estamos ante un asunto de gestión, sino ante una cuestión de pertenencia a una identidad; Es decir, la cuestión ya no es únicamente cómo se puede organizar la ayuda, sino quienes merecen estar dentro del círculo de la protección y quienes han de quedarse fuera.
De esa forma, la prioridad nacional se arroja siempre contra alguien: contra el extranjero, contra el migrante, contra el pobre que viene de fuera, contra todo el que no encaja en la identidad nacional imaginada. Todos ellos son presentados como una amenaza, como unos intrusos, como competidores ilegítimos.
Desde ese punto de vista, la «prioridad nacional» envuelve una idea mucho más dura: que la pertenencia nacional puede funcionar como criterio de dignidad. Por supuesto, los derechos pueden tener formas jurídicas distintas según la ciudadanía, pero la dignidad humana no puede depender del pasaporte, del lugar de nacimiento, del idioma o del apellido. Cuando una sociedad empieza a discutir quién merece atención médica, protección social, escuela, alimento o refugio según su origen, lo que se está redefiniendo moralmente es quién cuenta y quién no.
La fórmula “prioridad nacional” suele aparecer en momentos de crisis o de malestar social: cuando faltan viviendas, cuando los salarios no alcanzan, cuando los servicios públicos están saturados, cuando mucha gente siente que trabaja, paga impuestos y, sin embargo, vive peor que antes. En ese clima de inseguridad, la política puede tener dos opciones: explicar las causas reales del problema o señalar un culpable más débil.
La primera opción es difícil porque implica mirar hacia arriba, hacia las estructuras de poder y hacia las decisiones económicas y políticas que están en el origen del deterioro de las condiciones de vida, o de la sensación de abandono que tiene el ciudadano.
En cambio, la segunda opción, no sólo es más fácil, sino que es mucho más rentable electoralmente. La rabia se desplaza o se orienta hacia aquellos que tienen menor capacidad de defensa: por ejemplo, no se analiza el núcleo del problema de las listas de espera sanitarias, sino que se sugiere que el problema son los inmigrantes; no se estudian las causas reales de por qué no hay viviendas asequible, sino que se insinúa que los de «fuera» reciben ayudas antes que los de «aquí».
En esto reside la perversión de la «prioridad nacional«; encubre el odio a la vez que se presenta como «justicia«. Esa es su cara más hipócrita. No se muestra abiertamente como «exclusión«, sino que se presenta, disimuladamente, como una «administración más razonable«, ocultando el lenguaje brutal del rechazo.
La carga de hipocresía reside en que se invoca la defensa de los trabajadores nacionales, de los vecinos que no llegan a fin de mes, de las familias que no encuentran vivienda, o del paciente que espera desesperadamente una cita médica. Pero esa indignación -sin duda legítima- no se dirige contra quienes han deteriorado las condiciones de vida ni contra quienes, por su incompetencia, no son capaces de solucionarlas. Al contrario, la prioridad nacional pone su empeño en ir contra el inmigrante, el refugiado, el extranjero, o el pobre. Todos ellos son presentados como competidores o, directamente, como unos «aprovechados» del sistema, a pesar de que todo ello es desmentido por las estadísticas y que muchos inmigrantes ocupan trabajos mal pagados, duros, pero esenciales: en la agricultura, la hostelería, la construcción, el cuidado de personas o los servicios domésticos.
Por eso, la prioridad nacional esconde un gran «fraude moral». Se aprovecha de las dificultades reales que sufre una parte de la población para justificar la desprotección, el abandono o la exclusión de la otra parte que es más pobre y más vulnerable. Y lo hace recurriendo a una explicación absolutamente falsa: «la culpa la tienen los de fuera».
Otra faceta de esa hipocresía es que la expresión prioridad nacional juega con una cierta ventaja retórica: aparentemente niega el odio, pero lo alimenta. Sus defensores pueden decir: «no estamos contra nadie, sólo queremos ayudar primero a los nuestros». Pero tras esta frase, en apariencia moderada, se esconde una división radical: los nuestros y los otros, nosotros y ellos.
Esa división muestra la verdadera función ideológica que cumple la prioridad nacional: no está pensada para resolver el malestar, sino sólo para redirigirlo contra los más desprotegidos.
Sin embargo, lo que nunca debería olvidarse es que una sociedad no se vuelve más justa porque reduzca en su seno el número de personas que tienen derecho a encontrar protección. Simplemente, se vuelve una sociedad más dura, más estrecha y más injusta.
En todo este asunto, la pregunta decisiva no debería ser únicamente de dónde viene una persona, sino en qué situación se encuentra. Cuando una familia vive en la calle, cuando un niño necesita atención o cuando alguien carece de recursos básicos, la primera categoría moral no puede ser la nacionalidad. La primera categoría debe ser la vulnerabilidad humana.
La nacionalidad tiene importancia jurídica. Nadie lo pone en duda. Pero cuando se habla de vulnerabilidad, estamos ante una cuestión que tiene prioridad ante toda burocracia. Sin embargo, la prioridad nacional invierte ese orden moral y hace que el pasaporte tenga mayor peso que la necesidad, que el origen pese más que el hambre o la enfermedad
Si no hay vivienda pública suficiente, ¿de verdad el problema principal es el inmigrante que solicita una ayuda? Si los salarios son bajos, ¿es culpable quien acepta trabajos precarios para sobrevivir? Si la sanidad está desbordada, ¿la causa profunda está en quien acude a un centro de salud o, más bien, está en años de recortes, falta de planificación y deterioro de lo común?
Nada de esto significa que un Estado no deba tener leyes migratorias, procedimientos administrativos, criterios de residencia o normas de acceso a determinadas prestaciones. Pero en una comunidad política decente, priorizar los recursos no quiere decir que se deba excluir al vulnerable por no pertenecer al «grupo nacional adecuado«.
La vulnerabilidad humana, hay que decirlo con claridad, tiene que estar por encima de la identidad nacional cuando lo que está en juego son derechos básicos. Si olvidamos eso, perderemos algo esencial: la capacidad de reconocer al otro como alguien que, antes de extranjero, es también persona.
Este debate, en suma, no es solo migratorio. Es un debate sobre qué entendemos por ciudadanía, por igualdad y por Estado social. Una democracia puede y debe ordenar sus políticas públicas, establecer criterios, exigir requisitos razonables y combatir abusos. Pero no puede establecer una competición identitaria entre los que son «nuestros» y «los que no lo son». Cuando hace esto, el Estado ya no actúa como un garante universal de derechos, sino que se comporta como un administrador o gestor de los privilegios.
Otra de las trampas que esconde la prioridad nacional es hacer que los vulnerables sientan que son competidores entre sí. El trabajador que tiene dificultades para llegar a fin de mes, tiene a su lado un inmigrante que también tiene las mismas dificultades, o más; la familia que no encuentra vivienda, también tiene enfrente a otra familia llegada de fuera que busca techo; el enfermo que espera una cita médica, se encuentra también con otro enfermo recién llegado.
Sin embargo, todos ellos forman parte de la misma herida social: la herida de una comunidad en la que lo esencial se ha vuelto inseguro, insuficiente o frágil. Pero la prioridad nacional es tramposa porque rompe esa conciencia común e introduce la idea de que los recursos son tan escasos que alguien debe ser rechazado para que otro pueda ser atendido. De esa manera, la frustración no se dirige contra las estructuras que producen y sostienen la desigualdad: en vez de exigir más vivienda pública, mejores salarios, más inversión sanitaria o mejores políticas sociales, la prioridad nacional impulsa una competencia para ver quién se queda fuera.
Ese es uno de los miserables y perniciosos efectos morales de la prioridad nacional: convertir el malestar social en un resentimiento contra el vulnerable, contra el inmigrante y contra el pobre.
Desde luego, nunca deberíamos aceptar esa trampa, porque mientras los que son vulnerables se enfrentan entre sí, las causas reales de la vulnerabilidad permanecen intactas. Si faltan viviendas, construyamos vivienda pública. Si faltan médicos, reforcemos la sanidad. Si hay fraude, persigamos el fraude. Si los servicios públicos no llegan, mejoremos los servicios públicos. Pero no disfracemos de justicia lo que puede terminar siendo simple exclusión.
Para ir concluyendo estas reflexiones, la prioridad nacional no es sólo una fórmula política, sino que es una grieta moral porque la altura ética de una comunidad no se mide sólo por la protección que ofrece a quienes ya pertenecen a ella, sino por la forma en la que se trata y se acoge a los que llegan de fuera. La verdadera dignidad de una patria no está en los solemnes discursos de los «salvapatrias», sino en la formas concretas en las que se acoge al vulnerable o al explotado.
La miseria de la prioridad nacional es que convierte la necesidad en una especie de competición por los recursos. Inocula entre los ciudadanos la idea de que el inmigrante es nuestro enemigo, pero nada dice de las estructuras que posibilitan la desigualdad: beneficios bochornosos de bancos y multinacionales, evasión de impuestos, dinero negro, mafias, precariedad laboral, servicios públicos que se debilitan a conciencia, políticas de vivienda insuficiente y, por supuesto, toda la parafernalia mediática que convierte al inmigrante y al pobre en sospechoso y en amenaza-.
La verdadera prioridad nacional debería apuntar en otra dirección: garantizar trabajo y salario digno; hacer que la vivienda sea accesible; defender la educación y sanidad pública –que no significa, en absoluto, excluir lo privado-; y luchar por una cultura política basada en la decencia.
Por eso, maldigo a los «salvapatrias» que, en nombre de una identidad nacional supuestamente pura, venden identidades excluyentes. Maldigo esa idea que defienden de una «patria estrecha» que para salvarse necesita señalar enemigos. Frente a ellos, hay que recordar siempre que una patria digna no se construye en contra de los vulnerables, expulsándolos, sino ampliando el espacio común en el que todos podamos vivir con dignidad.
Esos salvapatrias se emborrachan de «amor a España» cuando, en el fondo, la prioridad nacional que predican no es más que una forma de desprecio. La sanidad, la educación, la vivienda social o las prestaciones básicas no son privilegios; son instrumentos para evitar que una sociedad se fraccione y genere bolsas de pobreza, enfermedad, ignorancia o marginalidad. Por ello creo que son una especie de nuevos apóstoles del odio. Proclaman el amor a la patria, pero cultivan el resentimiento y el enfrentamiento. Así no se defiende España, sólo se la vuelve más débil y más estrecha: una patria más pequeña, con una identidad cerrada y un enemigo al que culpar de todas nuestras heridas.
Al final, una comunidad vale lo que vale su compasión y su justicia. Y, si alguna prioridad merece llamarse nacional, es que nadie, venga de donde venga, sea tratado como si su vida valiera menos que la nuestra.
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