Hoy, 21 de mayo, Daniel Gascón publica en el diario El País un artículo titulado “Zapatero, el héroe y el traidor”.
En dicho artículo se parte de una idea potente: la investigación judicial contra José Luis Rodríguez Zapatero no solo afecta a una persona concreta, sino a todo un símbolo político. Según el texto, el auto del juez Calama atribuye al expresidente indicios vinculados a presuntos delitos graves —blanqueo, organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental—, aunque siempre con la cautela necesaria de la presunción de inocencia.
El comentario de Gascón tiene un acierto evidente: nadie, ni siquiera un expresidente con un aura moral o sentimental dentro de la izquierda, debe quedar fuera del control judicial. Esa es una idea democráticamente sana. Si los indicios son graves, deben investigarse; si no se prueban, deberán decaer. Pero el privilegio político no puede convertirse en blindaje moral.
Ahora bien, el artículo también trabaja con una tensión que es problemática: convierte el caso judicial en una especie de derrumbe simbólico. Zapatero aparece como figura dividida entre el “héroe” de los derechos civiles, la paz, la memoria democrática o el talante, y el posible “traidor” a esos mismos ideales.
Esa contraposición es atractiva desde el punto de vista literario o mediático, pero es políticamente peligrosa, si se abusa demasiado de ella. ¿Por qué? Porque una cosa es decir que la imagen pública de Zapatero queda dañada, y otra muy distinta dar por consumada una condena moral antes de que exista una condena judicial.
Lo más interesante del artículo es que no se limita a Zapatero, sino que se sitúa dentro de un problema más amplio: el desgaste ético del sanchismo, la utilización de viejos referentes socialistas que han funcionado como aval moral, y la contradicción entre un Gobierno que llegó prometiendo regeneración y que ha visto una sucesión de escándalos en su entorno político.
Gascón sostiene que el caso afecta al Gobierno por el rescate de Plus Ultra y por el uso de Zapatero como negociador político, pero también al PSOE, que lo había elevado a una figura sentimental, ética y movilizadora.
Pero aquí conviene introducir algo de crítica; El peligro del momento político actual es que cada caso judicial se convierta inmediatamente en artillería para una guerra política.
La derecha no pierde un instante para presentar cualquier imputación como la prueba definitiva de la podredumbre estructural de toda la izquierda. La izquierda, a su vez, responde a menudo con recursos defensivos: “lawfare”, persecución, conspiración, ataque mediático. En ambos casos se degrada la verdad. Unos sustituyen el juicio por el linchamiento; otros sustituyen la responsabilidad por la coartada.
La posición más seria, honesta y justa, debería ser otra: investigar sin proteger, criticar sin ser carroñeros y exigir explicaciones sin celebrar la ruina ajena.
Si Zapatero ha cometido delitos, debe responder como cualquier otro ciudadano; si no los ha cometido, debe garantizarse que su nombre no quede triturado para siempre por la difamación y el escándalo.
El PSOE no puede ampararse detrás del pasado prestigioso de Zapatero, de igual manera que el PP no puede presentarse como paladín de la limpieza, sobre todo con la mochila histórica de la Gürtel, la Kitchen, Bárcenas o los múltiples casos de corrupción que han afectado a sus gobiernos y a sus estructuras.
Ahí está el punto central de una lectura crítica: la corrupción no debería ser una oportunidad para que el adversario saque pecho, sino una ocasión para que la democracia se interpele a sí misma. El problema no es solo “Zapatero”, ni solo “Sánchez”, ni solo “el PSOE”. El problema es estar instalados en una cultura política donde los partidos tienden a proteger a los suyos hasta que ya no pueden más, y a devorar al contrario antes de que los tribunales determinen las responsabilidades.
El artículo es muy acertado al señalar la contradicción entre los discursos moralmente elevados y las prácticas presuntamente delictivas que se describen en el auto. Pero habría que añadir algo: esa contradicción no pertenece solo a Zapatero. Es la gran enfermedad de nuestra política: Todos hablan de regeneración cuando están en la oposición; todos invocan la presunción de inocencia cuando el afectado es propio; todos piden dimisiones inmediatas cuando el investigado es ajeno.
Por eso el comentario más justo sería este: la imputación de Zapatero, si se confirman los indicios, es gravísima; pero la reacción política también retrata a quienes abusan de ella. El PP haría mejor en construir una alternativa sólida, limpia, honrada y útil para los ciudadanos, y no en abalanzarse como buitres sobre el caso como si la caída moral de un adversario fuera suficiente para absolver su propia historia. Y el PSOE haría mejor en no parapetarse tras el victimismo, ni en negar la evidencia de que hay casos, como este, que quiebran su relato ético.
La democracia no se defiende convirtiendo a los jueces en armas arrojadizas o partidistas, ni tampoco convirtiendo a los imputados en mártires. Se defiende con instituciones fuertes, partidos menos hipócritas y ciudadanos capaces de exigir verdad sin caer en el fanatismo.
La tragedia política del caso Zapatero no es solo que un antiguo símbolo del PSOE quede manchado. Es que, una vez más, España corre el riesgo de convertir una investigación judicial en un espectáculo tribal: unos celebrando la caída, otros negándola, pero casi nadie preguntándose cómo reconstruir una vida pública menos cínica.
Espacio de reflexión 
Deja un comentario