Hay medidas que no solo son discutibles desde el punto de vista administrativo, sino que revelan una forma de entender la política, la ciudadanía y la convivencia. La decisión de la Comunidad de Madrid de limitar determinados beneficios del «abono transporte» únicamente a los residentes en Madrid es una medida miserable e hipócrita, no porque no pueda discutirse técnicamente cómo se financia un determinado servicio público, sino porque transmite una idea profundamente estrecha de lo que es lo común.
No faltará quien diga que «el abono transporte madrileño sólo debe ser para quienes viven en Madrid, que son los residentes quienes sostienen con sus impuestos ese sistema y que, por tanto, es lógico reservarles determinadas ventajas«. Ese argumento, así formulado, puede parecer razonable. Pero solo lo es en apariencia, cuando se contempla la cuestión de manera aislada: como si Madrid fuera una isla administrativa sin ninguna relación con el resto del país.
Y ahí empieza la contradicción.
Porque Madrid, en boca de su presidenta regional, se presenta constantemente como algo más que una comunidad autónoma. Ayuso proclama que Madrid es el escaparate de España, el motor nacional, una capital abierta y acogedora, que simboliza una idea abierta y amplia de país y que recrea un espacio esencial de libertad.
Esa es la retórica política dominante de la responsable de la Comunidad. Pero si Madrid es España, no puede comportarse como si los españoles de otros lugares fuesen visitantes incómodos. Tampoco, si Madrid es libertad, se puede convertir esa libertad en un privilegio que está condicionado por el lugar de empadronamiento.
La contradicción es evidente: desde Madrid, se invoca España cuando conviene al discurso político de la presidenta regional, pero se restringe el acceso cuando toca repartir beneficios concretos. Se presume de apertura cuando se trata de atraer inversión, turismo, talento o centralidad institucional, pero se levanta una frontera administrativa cuando se trata de proporcionar una ayuda básica al transporte, excluyendo a los más vulnerables. Se utiliza la palabra libertad como bandera, pero después esa libertad aparece recortada, territorializada, sometida a una lógica diminuta y estrecha: libertad para unos, exclusión para otros.
Se da la circunstancia, no exenta de importancia, de que no estamos hablando de un lujo. Hablamos del transporte público. Es decir, de una herramienta vital para la movilidad, el trabajo, los estudios, los cuidados, las visitas familiares o la vida cotidiana de miles de ciudadanos. En una España cada vez más interdependiente, donde miles de personas se desplazan entre comunidades por razones laborales, familiares, sanitarias o educativas, convertir el acceso al transporte en una cuestión cerrada y que depende de la residencia administrativa resulta pobre, injusto y políticamente mezquino.
Además, esta medida entra en contradicción con el reciente mensaje de León XIV, que ha insistido en la necesidad de no levantar muros –ni materiales ni simbólicos– entre las personas. Su llamada a la convivencia no puede reducirse solo a una exhortación de tipo religioso: contiene también una profunda dimensión ética, social y democrática. Una sociedad se mide por la forma en que se trata y reconoce al otro, especialmente cuando ese otro llega de fuera o queda empujado a los márgenes debido a la presidenta Ayuso tiene una estrecha y excluyente definición de lo que se entiende por «pertenecer a una comunidad».
Desde esa perspectiva, la medida resulta totalmente regresiva y es todavía más difícil de defender y de entender. Porque bajo una apariencia técnica o presupuestaria se esconde una determinada idea moral: la idea de que lo común puede fragmentarse de tal manera que sobre esa fragmentación se asienten determinados privilegios locales. El criterio que se impone en este asunto no es el de «ciudadanía compartida«, sino el criterio más restrictivo de «pertenencia administrativa». ¿Dónde queda entonces la universalidad de la que se presume con orgullo? Se pasa del “todos somos parte” al “solo los míos tienen derecho”. Y esa lógica, aunque parezca de poca importancia, erosiona poco a poco la idea misma de convivencia.
Pero la contradicción a la que nos estamos refiriendo, no es solo ética o cristiana. Choca también con principios elementales del liberalismo que tantas veces son invocados desde el poder madrileño. Porque el liberalismo, entendido correctamente y no como propaganda mediática, no consiste en convertir la libertad en un privilegio territorial ni en utilizar la administración para separar entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El liberalismo serio se funda en la igualdad ante la ley, en la protección frente a decisiones arbitrarias del poder, en la libertad de movimiento y en la responsabilidad de quienes gobiernan.
Por eso la contradicción es todavía mayor: se habla de libertad, pero se restringe el acceso a un derecho tan cotidiano y básico como es la movilidad; se presume de apertura, pero se introducen barreras de pertenencia; se invoca el liberalismo, pero se practica una política de ventajismo local, como si lo público perteneciera a una clientela concreta y no a una comunidad política más amplia.
Un liberal podría defender, legítimamente, que los recursos públicos deben gestionarse con prudencia y que determinados beneficios dependen de quién los financia. Esa discusión es posible. Pero una cosa es ordenar racionalmente los recursos y otra muy distinta transformar la residencia administrativa en una frontera simbólica; una cosa es la responsabilidad fiscal o el equilibro presupuestario y otra es levantar una frontera identitaria; una cosa es gestionar los recursos públicos con racionalidad y equilibrio y otra utilizar la palabra libertad como un eslogan efectista y mediático, mientras se restringe en la práctica el acceso a bienes públicos esenciales, como el transporte.
En suma, ningún liberalismo puede servir de coartada para justificar privilegios territoriales. El liberalismo no tiene como finalidad levantar murallas administrativas, sino la limitación del poder y la protección del individuo frente a la arbitrariedad, garantizando que la libertad no dependa de los caprichos del gobernante de turno. Pero cuando la libertad se invoca sólo para los propios y se aplica de forma selectiva, ya no estamos ante un liberalismo, sino ante una forma de sectarismo que se vende envuelta dentro de una retórica liberal.
En el fondo, todo responde a un marco intelectual estrecho y binario. Una manera de pensar que divide la realidad entre los de «dentro» y los de «fuera«, los «propios» y los «ajenos«, los que merecen «protección» y los que pueden ser «excluidos«. Ayuso gusta de practicar este tipo de políticas pero, con ello, demuestra su incapacidad para comprender la complejidad de una sociedad como la actual, tan abierta, tan móvil y tan interdependiente, así como sus contradicciones entre la idea de «ciudadanía amplia«, de la que tanto presume para Madrid, y la “discriminación práctica” que después pretende llevar a cabo.
Su reducido marco mental empobrece la democracia porque reduce los problemas que debieran ser comunes a una oposición infantil entre “nosotros” y “ellos” –en sintonía con las tesis de la extrema derecha-. Y cuando la política se queda en esa división, ya no persigue buscar soluciones justas, sino que reparte privilegios para unos y agravios para otros.
Ayuso ensucia la palabra libertad porque la recorta, la condiciona y se la apropia para los suyos. No le interesa, en absoluto, a tenor de las políticas que pone en marcha –en sanidad, en educación y ahora en el transporte– la idea de libertad como apertura, como igualdad de trato o como defensa del individuo. Su libertad no es una libertad universal, sino administrada desde el poder: se ensancha cuando conviene a su interés político, y mezquina cuando se trata de reconocer ciertos derechos compartidos por todos.
Hay, todavía, otra contradicción que resulta más amarga. Ayuso se muestra muy capaz para practicar políticas de exclusión administrativa contra aquellos que no encajan en sus estrechas definiciones, pero es incapaz de mostrar el más mínimo gesto de contrición cuando sobre su propia pareja recaen fundadas sospechas de fraude fiscal.
Ahí revela su doble moral: severidad hacia fuera; indulgencia protectora hacia dentro. Sin embargo, no sería justo decir que esta doble moral es exclusiva de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Al contrario, campea por otros territorios y personajes de nuestra política.
Esa doble vara de medir es moralmente insoportable y asquerosa. Porque no se puede levantar el dedo acusador contra quienes vienen de fuera de la comunidad autónoma, mientras se evita cualquier reflexión crítica sobre las presuntas irregularidades que se cometen en su círculo más próximo. No se puede convertir la residencia administrativa en un criterio de exclusión y, al mismo tiempo, actuar como si las sospechas de fraude fiscal en el entorno personal fueran un asunto de menor importancia, una persecución política o un victimismo virginal y mediático.
La política exige algo más que propaganda. Exige ejemplaridad. Exige coherencia. Exige una mínima capacidad de contrición cuando los hechos golpean cerca. Y esa contrición consiste en reconocer que la vida pública no puede estar basada en una moral de conveniencia: severidad para los otros, comprensión para los míos; legalidad para los débiles, relativismo para los poderosos; discurso nacional para los mítines, privilegio particular para la práctica cotidiana.
Lo más grave no es solo la decisión tomada respecto a la tarjeta de transporte. Lo más grave es la hipocresía que la decisión encierra en sí misma. No se puede hablar de España como una unidad que cristaliza en Madrid, mientras se trata a los ciudadanos de otras comunidades como sujetos de segunda clase cuando cruzan la frontera autonómica madrileña, y que no son merecedores de una tarjeta de transporte que les facilite un poco la vida. No se puede invocar la libertad como un principio universal y llevaría después a la práctica como una ventaja particular. No se puede presumir de capital abierta mientras se introducen exclusiones que contradicen esa misma idea.
Madrid, si quiere ser de verdad ser sentida como capital de España, debe comportarse como tal. Y ser capital no significa únicamente concentrar instituciones, riqueza, sedes empresariales o poder político. Significa también asumir una responsabilidad simbólica y material con el conjunto del país. Una capital no puede vivir del resto de España cuando le interesa y cerrarse al resto de España cuando toca compartir.
Por eso esta medida resulta tan reveladora. Porque muestra la hipócrita distancia que hay entre el discurso y los hechos. Entre la propaganda de la libertad y la práctica del privilegio. Entre el lema grandilocuente y la política pequeña. Entre la España que se invoca en los mítines y la España real que viaja, trabaja, estudia, cuida y necesita moverse.
En realidad, la cuestión no es solo el abono transporte. La cuestión es qué idea de comunidad estamos construyendo. Una comunidad puede organizar sus recursos con criterios razonables, por supuesto. Pero cuando esos criterios se convierten en mecanismos de exclusión, cuando el lugar de residencia se transforma en una frontera moral, cuando la política olvida que detrás de cada usuario hay una vida concreta, entonces ya no estamos ante una simple decisión administrativa. Estamos ante un síntoma.
¿Un síntoma de qué? Un síntoma de una política que dice defender España mientras la fragmenta. Que habla de libertad mientras la restringe. Que invoca la convivencia mientras levanta pequeñas barreras. Que celebra los discursos humanistas cuando son cómodos, pero los contradice cuando comportan exigencia. Que invoca el liberalismo, pero olvida la igualdad ante la ley, la responsabilidad pública y la rendición de cuentas. Que discrimina al ciudadano común con argumentos administrativos, pero se vuelve comprensiva, silenciosa o victimista cuando las sombras del delito aparecen en su propia casa, entre los suyos.
Y ahí está la miseria de la medida: no solo en lo que niega, sino en lo que revela. Revela una política que es fruto de un marco intelectual muy estrecho, incapaz de pensar España como una comunidad compartida y que se empeña en convertir la libertad en fronteras, la ciudadanía en privilegios y lo que es común en patrimonio solo de los suyos. Esa es la miseria de Ayuso.
Espacio de reflexión 
Deja un comentario