Como otros muchos ciudadanos, experimento un profundo cansancio contemplando la vida pública. No es solo cansancio político, ni simple hartazgo ante los partidos, ni mera decepción con sus dirigentes. Es algo más hondo: es la fatiga moral y compartida de la ciudadanía, ante una política convertida en combate permanente.
Muchos ciudadanos, salvo aquellos que viven cómodamente instalados en los extremos, en el fanatismo o en el sectarismo, sentimos que la política ha dejado de ser ese espacio tan necesario de deliberación común, para convertirse en una sucesión interminable de bandos, consignas, acusaciones mutuas y trincheras.
La democracia nació para organizar el conflicto, no para renunciar a él. No descubrimos nada cuando decimos que una sociedad libre siempre será plural, contradictoria, diversa. La confluencia de intereses distintos, de ideas enfrentadas, o de sensibilidades incompatibles, no constituyen una enfermedad de la democracia, sino su condición natural. El problema comienza cuando el conflicto no se manifiesta en el ámbito del debate y se traslada al terreno de la enemistad y del odio, o cuando se abandona el difícil arte de convencer o de persuadir y se sustituye por ese oscuro placer de señalar siempre al adversario político como culpable absoluto de todo mal.
Sin embargo, el ciudadano común no vive así. La mayoría de las personas no se levantan por la mañana pensando en alimentar guerras partidistas o ideológicas. Se levantan pensando en su trabajo, en sus pagos, en los problemas de sus hijos o de sus mayores, en cuándo le avisarán del hospital para esa prueba que está pendiente desde meses atrás, en llegar a fin de mes, en encontrar una vivienda, etcétera. En definitiva, se levanta tratando de encontrar y de conservar una cierta esperanza para su vida.
La vida es mucho más real y concreta que las consignas y las frases de efecto que manejan los políticos, detrás de las cuales no hay prácticamente ninguna argumentación. La vida del ciudadano tiene nombres, horarios, cansancios, preocupaciones y pequeñas alegrías o miedos cotidianos. Por eso genera tanto asco y resulta tan obscena una política que convierte cada cuestión en munición partidista y cada tragedia en una oportunidad para el desgaste.
Además, hay algo profundamente irresponsable y grave en esa política de bloques irreconciliables: no se busca comprender la realidad, sino apropiarse del relato, para lo cual no se renuncia, si es preciso, a la mentira, a la acusación infundada o a la manipulación.
Eso es anti-política. ¿Por qué? Porque no pregunta por aquello que necesita la ciudadanía, ni ofrece soluciones. Sólo parece preocuparse de cómo aprovechar cada acontecimiento que suceda para reforzar la identidad propia y debilitar la del contrario. De esa manera, todo se reduce a una lógica binaria: los nuestros y los otros, los puros y los corruptos, los patriotas y los traidores, los demócratas auténticos y los enemigos del pueblo. Con ello, se niega la complejidad, el matiz, la duda, el pensamiento libre…
Sin embargo, una sociedad civil democrática necesita precisamente lo contrario: necesita ciudadanos que sean capaces de pensar sin practicar una obediencia ciega; necesita personas que no conviertan sus preferencias políticas en fanatismo civil; necesita cultivar una «ética de la distancia» consistente en apoyar las propias convicciones sin cerrazón y con apertura al diálogo y al debate con el otro; necesita llevar a cabo una critica sin odios o una discrepancia que no criminalice o deshumanice al adversario.
Porque cuando la política se convierte en una «fe sectaria«, deja de ser política y se transforma en «pertenencia tribal».
El fanático no quiere razones; quiere confirmaciones. No busca la verdad, sino la victoria de su bando. El sectario no escucha al otro para comprenderlo, sino para encontrar la frase mediática que pueda utilizar contra él. En ese clima, la palabra pública queda degradada y ya no sirve para construir un mundo común, sino para remarcar el territorio propio. Desde la sinrazón del fanatismo no se produce la apertura al diálogo, sino que se levantan muros. Y una sociedad en la que las palabras solo sirven para herir acaba empobreciéndose espiritualmente.
Hannah Arendt, a la que citamos repetidamente, recordó que la auténtica política nace allí donde los seres humanos aparecen unos ante otros mediante la palabra y la acción. Pero para que eso sea posible tiene que existir un mundo compartido, un espacio común donde podamos reconocernos como ciudadanos, antes que como enemigos. Cuando ese mundo común se rompe, la política se convierte en una simple lucha por el poder, en la que el objetivo no es persuadir, sino vencer; ya no importa gobernar, sino que nuestro relato sea el que se imponga; ya no importa la verdad, sino golpear al enemigo con eficacia.
De ahí el hartazgo ciudadano. Es un hartazgo que no debe interpretarse como apatía. No es desinterés por la política, sino cansancio ante su degradación. No es que la gente se olvide de la política; lo que no quiere es esta política reducida a griterío, cálculo, cinismo y polarización permanente. La ciudadanía no pide que desaparezcan las diferencias. Eso sería imposible y, además, indeseable. Lo que pide es que las diferencias no destruyan la posibilidad de que se pueda convivir con normalidad y respeto.
Hay una diferencia decisiva entre el conflicto democrático y la guerra moral. En el conflicto democrático, el adversario puede estar equivocado, pero sigue siendo considerado como una parte legítima de la comunidad política y social. Sin embargo, cuando hablamos de guerra moral, el adversario es identificado como una amenaza absoluta, como un enemigo radical e irreconciliable. Si llegamos hasta ahí, todo se justifica: el insulto, la mentira, la exageración, la manipulación, la desmemoria. La política deja de ser un ejercicio de responsabilidad para convertirse en espectáculo: el Parlamento se asemeja más a un plató en el que se suceden, interminables, los escándalos, acusaciones, ataques, gestos y sentencias calculadas…
Pero quizá hay un aspecto que todavía reviste mayor gravedad. Es que esta lógica de actuación tan irrespetuosa acaba contaminando a la sociedad entera. Lo que empieza en los parlamentos y en los platós termina por extenderse en las conversaciones familiares, en las redes sociales, en los cafés, en los grupos de amigos. La ciudadanía replica el discurso y los modos de los dirigentes políticos y reacciona con sospechas, con desprecio, con agresividad. La confianza mínima que es necesaria para permitirnos convivir, sin necesidad de que pensemos igual, salta entonces por los aires.
Considero que esto último es la peor consecuencia de la miserable guerra moral en la que estamos inmersos y que nadie parece dispuesto a parar.
Es cierto que una democracia no está fundada en la unanimidad. No necesita que todos pensemos de igual manera, ni que compartamos idénticas ideas sobre la nación, la economía, la justicia, la memoria, etcétera. Se trata, precisamente, de lo contrario: de aceptar la pluralidad. Si hay algo que la democracia precisa, no son solamente leyes, elecciones e instituciones. Necesita ante todo de hábitos morales: «respeto, escucha, sentido del límite, capacidad de reconocer que el adversario, aunque piense distinto, no es un traidor o un enemigo». Cuando esos hábitos desaparecen, las instituciones podrán seguir funcionando formalmente y continuar con sus procedimientos, pero la vida democrática pierde su espíritu.
Conviene decirlo con claridad: una gran parte de la ciudadanía está harta de que la política esté más cómoda en la confrontación que en la solución; harta de dirigentes que confunden la firmeza con la brutalidad verbal; harta de partidos que atacan y denuncian en el adversario lo que disculpan y defienden en los suyos; harta de quienes convierten cada crisis en una ocasión para agitar a sus correligionarios, alimentando el odio, el resentimiento y reforzando las trincheras; harta de un espacio público en el que la humillación sustituye al razonamiento y al diálogo; harta de que el éxito aparezca, no como la capacidad de trabajar para ofrecer soluciones a los problemas de los ciudadanos, sino como la habilidad mediática de provocar daño con la mayor intensidad posible.
La política debería ser otra cosa. Debería consistir, ante todo, en «organizar la esperanza colectiva». Desde luego, es un arte difícil porque no es una esperanza ingenua, sentimental o vacía, sino una esperanza práctica y concreta que la gente pueda verificar en su vida diaria. Porque la política no tiene sentido si no mejora las condiciones reales de existencia. No está para alimentar el ruido ni para mantener vanidades personales o reducir el debate a una guerra interminable de consignas vacías. La política nace para hacerse cargo de lo que es común.
“Organizar la esperanza colectiva” parece una sencilla frase, pero encierra un enorme calado. Significa, por ejemplo, mejorar la sanidad, cuidar la educación, proteger a los vulnerables, hacer posible la vivienda, dignificar el trabajo, garantizar la justicia, fortalecer las instituciones, preservar la convivencia. Esa es la materia real de la política. Lo demás, cuando se aparta de esas tareas, no pasa de ser un puro teatro de poder: un teatro escandaloso, agotador, gesticulante, lleno de frases de impacto que no resuelven nada y de falsas indignaciones. Un teatro donde se invoca mucho el país, la patria o la nación, pero se descuida la vida concreta de las personas que la habitan.
Es urgente recuperar una forma adulta de hacer política. Una política que sea dura cuando es necesario, pero sin perder de vista que la sociedad no puede vivir instalada en una tensión perpetua. Esa esperanza colectiva de la que hablábamos no se construye con discursos grandilocuentes, ni con la agitación de las banderas. Nace con decisiones justas y con políticas que permitan vivir mejor.
Desde los griegos, la filosofía ha ayudado a entender la política con profundidad. Aristóteles, por ejemplo, la entendía como una dimensión natural de la vida humana, porque el ser humano no se basta a sí mismo ni vive aislado, sino en comunidad. Pero esa comunidad no puede sostenerse únicamente sobre la fuerza o el interés; necesita una cierta idea del bien común. Sin esa idea de lo común, la “polis” se rompe en facciones. Cada grupo empieza a perseguir y asegurar solo sus ventajas, y la ciudad ya no es un espacio común sino un campo de batalla.
Ahí radica, precisamente, una de las mayores amenazas para nuestras democracias: la sustitución del bien común por la victoria de nuestro bloque, de nuestra facción o de nuestro partido. La pregunta ya no es “¿qué necesitamos como sociedad?”, sino “¿cómo pueden ganar o acceder al poder los míos?”. Y cuando esa pregunta es la cuestión dominante, la verdad, la justicia y la prudencia quedan subordinadas a un cálculo estratégico e instrumental que ignora, incluso, el dolor y la vulnerabilidad de la gente.
Frente a ello, quizá haya que reivindicar una forma humilde, pero firme, de ciudadanía crítica. Una ciudadanía que no renuncie a sus ideas, pero que tampoco entregue incondicionalmente su conciencia a ningún partido. Una ciudadanía que se niegue a aplaudir la indecencia cuando la cometen tanto los propios como los ajenos. Una ciudadanía capaz de decir: esto está mal, aunque lo haga mi partido; esto es injusto, aunque perjudique al adversario; esto es verdad, aunque incomode a los míos.
Esa actitud es hoy casi “revolucionaria”. Porque en tiempos de polarización, el pensamiento independiente resulta incómodo para todos los bandos. El que matiza molesta. El que no grita parece tibio. El que intenta comprender es acusado de equidistante. Pero, tal vez, la verdadera valentía democrática consista precisamente en no dejarse arrastrar por las lógicas del odio o de la exclusión, sino en conservar la serenidad cuando todo nos empuja hacia las adhesiones ciegas y sectarias.
La ciudadanía está cansada, sí. Pero ese cansancio puede ser también una señal de lucidez. Significa que todavía hay una parte de la sociedad que no quiere vivir constreñida entre bloques irreconciliables. Que no acepta que la convivencia se reduzca a una guerra de identidades. Que sospecha, con razón, de todos aquellos que necesitan incendiarlo todo para mantenerse visibles.
La democracia no morirá necesariamente por un golpe brusco, como señalaron Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en su obra “How Democracies Die” (2018). También puede desgastarse poco a poco por la saturación, por el ruido, por el cinismo, por el insulto, por los excesos de propaganda, por incapacidad de reconocer al otro. Puede vaciarse cuando los ciudadanos ya no esperan altura moral en sus representantes. Por eso no basta con denunciar la polarización: hay que reconstruir una cultura política distinta en la cual la ciudadanía pueda reconocerse por encima del fanatismo.
Un país no puede vivir indefinidamente en estado de crispación. Y, por ello, quizá ha llegado el momento de decir, sencillamente, basta. Necesitamos menos fanáticos en los partidos y más ciudadanos. Menos consignas y más razones. Menos ruido y más verdad. Menos sectarismo y más decencia.
Ahí, tal vez, está la tarea más urgente: recuperar la política como espacio de responsabilidad compartida, y no como batalla permanente. Queremos ser ciudadanos adultos que encuentren en la política un ámbito de discusión racional, alejada del dogmatismo, donde poder hallar soluciones que nos permitan una vida común más digna.
Parafraseando a Émile Zola en una célebre carta abierta, yo acuso a quienes reducen la política a simple propaganda, a cálculo, a ruido, a una permanente confrontación vacía de ideas. Acuso a quienes administran la dignidad humana según el lugar de residencia, el origen, la renta o la utilidad electoral. Acuso a quienes llaman responsabilidad fiscal a lo que muchas veces no es más que exclusión disfrazada de gestión…
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