Pedro Sánchez, ha vuelto a elegir una estrategia que conoce bien: resistir. Ante el Comité Federal del PSOE ha pedido “coraje y determinación”, ha anunciado que limpiará “lo que haya que limpiar” y ha reiterado su intención de continuar gobernando hasta las elecciones previstas para 2027. Al mismo tiempo, ha comenzado a dibujar un proyecto para la “España de 2030” y a presentar al PSOE como el principal dique de contención frente a un posible Gobierno de PP y Vox.
La resistencia ha acompañado toda la trayectoria política de Sánchez. Resistió cuando fue apartado de la secretaría general del PSOE, cuando recorrió las agrupaciones para recuperar el partido, cuando ganó una moción de censura que pocos consideraban viable, cuando gobernó en minoría, cuando tuvo que repetir elecciones y cuando, después de perder las generales de 2023, consiguió articular una mayoría de investidura aparentemente imposible.
No puede negarse, por tanto, que resistir forma parte de su identidad política. Pero precisamente por eso conviene formular una pregunta incómoda: ¿resistir para qué?
La cuestión decisiva ya no es si Sánchez puede permanecer en La Moncloa. Constitucionalmente puede hacerlo. La verdadera cuestión es si todavía tiene un proyecto político viable, una mayoría parlamentaria suficiente y una autoridad moral capaz de sostenerlo. Porque una cosa es resistir para gobernar y otra muy distinta gobernar únicamente para resistir.
Conviene comenzar despejando una confusión interesada: España es una democracia parlamentaria. Un presidente del Gobierno no está obligado a convocar elecciones cada vez que pierde una votación, recibe una petición de dimisión o atraviesa una crisis política.
La Constitución establece que la responsabilidad política del Gobierno se exige mediante una moción de censura constructiva, que debe incluir un candidato alternativo y obtener mayoría absoluta. La cuestión de confianza, por su parte, solo puede plantearla el propio presidente. También corresponde al presidente, bajo su responsabilidad, proponer la disolución de las Cortes.
El Congreso de los Diputados aprobó el pasado 25 de junio, con 178 y 177 votos en sus distintos apartados, una moción que instaba a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza y a dimitir. A favor de ella votaron a favor PP, Vox, Junts, UPN y, en uno de los puntos, Coalición Canaria. Pero la iniciativa carece de efectos jurídicos obligatorios. De hecho, el mismo Congreso que pide la dimisión de Sánchez no ha sido capaz, por ahora, de construir una mayoría para investir a otro presidente. Eso es una realidad innegable, como tampoco lo es que la persona que debe aglutinar en tono a sí una nueva mayoría de gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha demostrado hasta el momento NO tener capacidad ni liderazgo para ello.
Por tanto, Sánchez no gobierna ilegalmente ni está obligado constitucionalmente a marcharse. Todos aquellos que quieren sustituirlo, tienen la posibilidad de iniciar un procedimiento perfectamente democrático: presentar una moción de censura y reunir los votos necesarios para elegir a otro presidente.
Ahora bien, que Sánchez disponga de plena legalidad constitucional para permanecer en el cargo, no significa que su continuidad a toda costa esté políticamente justificada. Un Gobierno puede seguir siendo plenamente constitucional y, al mismo tiempo, haber perdido buena parte de su capacidad para dirigir el país.
Llegados a este punto, y considerando totalmente lícito que el Partido Popular pretenda que Pedro Sánchez deje el gobierno y convoque elecciones, hay que recordar la evidente contradicción en la que incurre dicho partido y su doble vara de medir. Contradicciones que, por otra parte, también es posible rastrear en otras formaciones políticas -por no decir en todas-.
En mayo de 2018, tras conocerse la sentencia del «caso Gürtel», el entonces presidente, Mariano Rajoy, del Partido Popular, rechazó expresamente dimitir. Argumentaba que la resolución judicial no afectaba al Gobierno, ni al PP como organización, y se aferró a La Moncloa hasta que fue desalojado mediante la moción de censura que, entonces sí, presentó Pedro Sánchez.
La hipocresía del PP es obvia y evidente: ahora Feijóo exije a Sánchez lo que el Partido Popular no tuvo la decencia de exigir al presidente Rajoy. Si se exige la dimisión de un presidente de gobierno cuando está acuciado por la corrupción, se debe exigir en todos los casos y no sólo cuando el presidente en cuestión milita en un partido político diferente.
Recordemos, además, que en el «caso Gürtel» el Partido Popular fue condenado como partícipe a título lucrativo. Es decir, que se benefició económicamente de determinadas actuaciones delictivas. La trama corrupta, según se estableció en la sentencia, habría pagado actos electorales del PP en Majadahonda y Pozuelo y la Audiencia Nacional consideró acreditado que entre el grupo de Correa y personas de importancia en el PP se había tejido una red de colaboración estable: cargos del PP ayudaban a orientar contratos hacia determinadas empresas, recibiendo a cambio dinero, regalos, viajes o servicios personales. Esta estructura estable fue confirmada por el Supremo. A pesar de estas evidencias judiciales, el presidente Rajoy miró para otro lado y en sus declaraciones como testigo afirmó repetidamente que ni recordaba nada, ni le constaba nada. Cuando declaró como testigo en estos procedimientos judiciales, dijo que no conocía la caja B del partido -a pesar de que la Audiencia Nacional consideró que sus declaraciones y las de otros dirigentes del Partido Popular no resultaban suficientemente verosímiles, ante las contundentes pruebas de que existía una contabilidad paralela en el partido-; no se ocupaba de la contabilidad del partido; ignoraba las actuaciones de sus colaboradores y tampoco sabía nada de la operación Kitchen, que fue desarrollada desde el Ministerio del Interior de su propio Gobierno; no olvidemos tampoco que parte de la reforma de la sede del PP se pagó con dinero negro. Ante tanta desmemoria y desconocimiento, su partido, el PP, le defendió diciendo que Rajoy no podía responder de todo cuanto hicieran los tesoreros, ministros, consejeros o dirigentes situados bajo su autoridad.
Ahora, todo eso ha cambiado y ese mismo Partido Popular, que fue tan comprensivo con las «desmemorias» de Rajoy, exige a Sánchez que conozca al detalle la actuación de sus colaboradores y si Sánchez alega ignorancia, como alegó Rajoy en su día, entonces se le tacha de cómplice y de responsable penal señalándolo como culpable máximo de toda la corrupción que se ha descubierto a su alrededor. Lo hacen, precisamente, los que en 2018 cerraron filas en torno a Rajoy, no pidieron su dimisión y defendieron su derecho a que permaneciera en su cargo de presidente del gobierno.
El caso de Esperanza Aguirre posibilita también algún tipo de comparación. Ella construyó durante años su poder político rodeada de personas como Francisco Granados, Ignacio González o Alberto López Viejo –tres colaboradores que, por cierto, entrarían en prisión, como también entró Luis Bárcenas-. Al llegar los escándalos, el PP defendió que las responsabilidades eran «individuales», aclarando que esos colaboradores corruptos habían engañado a la presidenta y negando rotundamente que Aguirre fuera culpable o responsable de nada, por el solo hecho de que Granados, González y López Viejo ocuparan cargos importantes en sus gobiernos.
Es cierto que Aguirre dejó la presidencia de la CAM en 2012 y tanto Granados como Ignacio González ingresaron en prisión en 2014 y 2017 respectivamente. Sin embargo, eso no elimina la responsabilidad política porque durante su presidencia ya aparecieron graves indicios de corrupción en su entorno. ¿Le exigió el PP la dimisión de su cargo de presidenta de la CAM? Por supuesto que no. El Partido Popular cerró filas y Aguirre permaneció en el cargo.
El Partido Popular debe ser serio y honesto y estoy seguro que muchos de sus dirigentes, militantes y simpatizantes lo son, pero si ahora exige, con toda urgencia, responsabilidades políticas a Sánchez y su dimisión inmediata, también debió aplicar el mismo criterio a Aguirre y a Rajoy. Como hemos señalado, en ambos casos el PP argumentó que «la responsabilidad política es exclusivamente individual». Por tanto, no puede venir ahora a señalar automáticamente a Sánchez como culpable de la corrupción que se ha descubierto en su entorno político. Eso supone un ejercicio de incoherencia y de cinismo.
Naturalmente, todo esto no significa que Sánchez pueda utilizar estos casos como coartada. La responsabilidad que se le debe exigir con toda rotundidad es que explique al Parlamento y a la sociedad española en su conjunto, por qué eligió a ciertas personas, por qué concentraron tanto poder y por qué fallaron los controles internos tanto en el PSOE como en el propio gobierno.
Volvamos a la cuestión inicial que planteamos en esta entrada del blog: ¿tiene sentido la resistencia de Sánchez hasta 2027?
En primer lugar, es posible encontrar argumentos razonables para defender la continuidad del Gobierno.
El primero de ellos es que no hay una mayoría alternativa clara. La clave está en que hay diferenciar entre una mayoría de rechazo y una mayoría de gobierno. La realidad es que hay una mayoría parlamentaria que puede coincidir ocasionalmente en censurar al Gobierno, derrotar sus propuestas o reclamar elecciones. Pero reunir votos contra Sánchez es una cosa y reunirlos alrededor de un candidato como Feijóo y de su programa, es otra bien distinta.
El Partido Popular y Vox suman una mayoría política muy importante, pero insuficiente por sí sola. Esa insuficiencia sitúa a Feijóo ante una contradicción difícil de resolver: para llegar a la presidencia necesita simultáneamente a Vox y a partidos como Junts o el PNV, partidos que si bien consideran la legislatura agotada, siguen negándose a facilitar un nuevo gobierno que dependa de la extrema derecha. Esta negativa no es sólo personal o de simple enemistad entre dirigentes. Afecta a cuestiones centrales del modelo de Estado. Vox defiende una recentralización, cuestiona el Estado de las autonomías, se posiciona frontalmente al nacionalismo catalán y vasto y combate las políticas de normalización lingüística. Todo esto se encuentra prácticamente en las antípodas de las pretensiones de Junts o del PNV que reclaman más autogobierno, reconocimiento nacional y mayor capacidad de decisión para Cataluña y Euskadi.
Que el partido de Puigdemont utilice su fuerza para presionar al Gobierno y exigir el cumplimiento de los acuerdos relativos a Cataluña, no implica entregar la presidencia a Feijóo, ni cambiar un gobierno progresista por otro en el que la extrema derecha tenga cosas que decir y legislar. En el caso del PNV ocurre algo parecido: hoy por hoy, no está dispuesto a facilitar un cambio de gobierno para que en el nuevo ejecutivo se instale un partido como Vox, que cuestiona elementos esenciales del autogobierno vasco.
En resumidas cuentas, puede existir una mayoría negativa contra Sánchez, pero de momento no existe una mayoría positiva a favor de Feijóo. El PP y su propio líder son conscientes de esta situación y es una de las razones por las que no se presenta la moción de censura contra Sánchez. La falta de mayoría alternativa explica que Sánchez pueda continuar. Ahora bien, eso no demuestra que se deba agotar la legislatura a cualquier precio. Para justificar su permanencia, Sánchez debe acreditar que aún puede aprobar medidas, cumplir acuerdos, afrontar problemas reales del país, dar explicaciones y recuperar la confianza que se ha perdido. En suma, es lícito que Sánchez pueda continuar pero ha de demostrar que su continuidad sirve para algo más que su simple permanencia en el cargo.
El segundo argumento que puede avalar la continuidad del presidente del Gobierno, es que España no se encuentra en una situación de emergencia económica que exija inevitablemente un cambio inmediato de Gobierno. Puede discutirse la calidad de su gestión, cuestionarse la solidez de su mayoría parlamentaria y exigirle responsabilidades por los escándalos que afectan a personas de su confianza. Pero la economía española continúa creciendo y no puede afirmarse seriamente que el país esté al borde de la quiebra, de una recesión profunda o de un colapso del empleo.
El Banco de España mantiene una previsión de crecimiento del 2,3 % para 2026, mientras que la Comisión Europea calcula un crecimiento ligeramente superior (2,4%). Se trata de un crecimiento moderado que no supone ningún milagro económico, pero que es incompatible con el «relato catastrofista de una España arruinada y paralizada» que el tándem PP-VOX repite diariamente. Si tenemos en cuenta el incierto panorama económico internacional, el crecimiento español adquiere una importancia aún mayor. Pese a los riesgos geopolíticos, el encarecimiento de la energía y las trabas al comercio mundial que un inútil como Trump se ha encargado de avivar, España mantiene todavía un ritmo razonable de actividad económica.
Tampoco es cierto el «mantra» de que existe un «hundimiento del empleo». La Encuesta de Población Activa del primer trimestre de 2026 contabilizó 22,3 millones de ocupados, 527.600 más que un año antes. Es cierto que mantenemos nuestro endémico «talón de Aquiles»: la tasa de paro que está en el 10,83 %, y sigue siendo demasiado alta, junto a un desempleo juvenil de los más elevados de Europa. Sin embargo, la existencia y reconocimiento de estos problemas no permite, si hablamos con seriedad, que la situación económica española sea calificada como una catástrofe.
Nuestra realidad económica echa por tierra uno de los principales argumentos que se utilizan para exigir la inmediata salida de Sánchez: la idea de que el país necesita ser rescatado con urgencia de la ruina. La idea que señalábamos antes de una España arruinada, paralizada y al borde del abismo pertenece, por tanto, más a la propaganda mediática de la oposición que a la realidad.
El Gobierno puede reivindicar avances en empleo, pensiones, salario mínimo, derechos laborales, igualdad, convivencia territorial y transición energética. Tampoco es irrelevante la posibilidad de que una mayoría formada por PP y Vox de al traste con alguna de esas políticas, al menos en parte.
Lo que sí es cierto es que el crecimiento económico no se traduce automáticamente en incremento del bienestar general. Muchos son los trabajadores que siguen teniendo empleos precarios y salarios insuficientes; muchos jóvenes no pueden emanciparse; la inflación es una amenaza; la deuda pública está cerca del 100% del PIB; y, por encima de todos estos problemas, se eleva la cuestión de la vivienda que, como alguien ya ha apuntado acertadamente, debería ser tratada como una cuestión de Estado porque supone un lastre real para que muchos jóvenes puedan construir un proyecto de vida. (En este sentido, hay algunas luces dentro del sombrío panorama general: el 21 de mayo de 2026 todas las comunidades autónomas -incluidas las gobernadas por el PP- aprobaron por unanimidad la distribución territorial del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que movilizará un total de 7.000 millones de euros, aunque después algunas comunidades como Andalucía y Madrid anunciaron o presentaron recursos judiciales por considerar que el plan invadía sus competencias…). Un gran pacto nacional por la vivienda sigue pareciendo difícil hoy en día. Quizá sería necesario que el Gobierno abandonara la tentación de imponer unilateralmente su modelo y que las comunidades de la derecha dejaran de utilizar cualquier iniciativa estatal como una oportunidad de ataque político a Sánchez. Así, no hay avance posible y los jóvenes siguen esperando.
Lo que también se ha podido comprobar es que las decisiones económicas del Gobierno no han generado el desastre que ha estado anunciando la derecha sistemáticamente: cuando se aprobó la reforma laboral, se advirtió que destruiría empleo; cada vez que se aumenta el salario mínimo, se pronostica una oleada de despidos; cuando se aprueban medidas sociales, se anuncia una pérdida de la confianza empresarial, etcétera. Ninguna de esas previsiones apocalípticas se han cumplido en los términos que se anunciaron.
El Partido Popular tiene todo el derecho, y así debe hacerlo, a defender que gestionaría mejor la economía, que reduciría impuestos, que limitaría el gasto y que generaría mayor confianza empresarial. Pero, si es honesto, debe explicar a la ciudadanía cómo va a compatibilizar esas medidas económicas con el mantenimiento de las pensiones, la financiación autonómica, la sanidad, la educación, la reducción de la deuda pública y el aumento del gasto en defensa.
En conclusión, España no necesita cambiar inmediatamente de Gobierno para evitar una catástrofe económica, sencillamente porque esa catástrofe no existe en la realidad, sino en el imaginario apocalíptico del PP y de Vox. Pero Sánchez tampoco puede utilizar las cifras de crecimiento del PIB como la panacea para todas las críticas, ni como un parapeto que le sirva de refugio ante la exigencia de responsabilidades políticas.
Desde esa perspectiva, resistir puede significar proteger conquistas sociales, impedir retrocesos y utilizar el tiempo restante para completar reformas pendientes. Pero este argumento tiene un límite evidente: el temor a una probable llegada recesiva de PP-Vox no puede convertirse en un cheque en blanco para el PSOE. Una democracia no puede obligar permanentemente a los ciudadanos a elegir entre la corrupción y la reacción. La izquierda debe aspirar a ser apoyada por su decencia y por su proyecto, no únicamente por el miedo que provoca una alternativa reaccionaria.
Hemos visto algunos argumentos que pueden llevar a considerar de manera razonable que hay motivos para que el Gobierno siga.
Pero también hay, sin duda alguna, poderosas razones para todo lo contrario.
La amenaza insoportable de la corrupción
La principal amenaza para la continuidad de Sánchez no procede de las manifestaciones convocadas por el Partido Popular ni de los discursos hiperbólicos de Vox. La oposición puede erosionar al Gobierno, exagerar sus dificultades, utilizar políticamente los escándalos e, incluso, convertir cualquier sospecha en una condena anticipada –aunque esto último suponga una bajeza moral evidente y el abandono de la presunción de inocencia-. Pero lo verdaderamente grave es que la corrupción aparezca vinculada a personas que ocuparon importantes cargos en el Gobierno y en el PSOE.
El Tribunal Supremo ha dictado sentencia firme condenando a José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión, y a Koldo García a 19 años y 8 meses. Esta sentencia es de tal gravedad que no debe permitir el intento de reducir lo ocurrido a una campaña de acoso político, mediático o judicial contra el Gobierno. Se han acreditado delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. No estamos ante rumores, filtraciones o acusaciones que se han de probar, sino ante hechos examinados en un juicio y declarados como delictivos por el más alto tribuna de nuestra jurisdicción ordinaria.
Se da la circunstancia, además, que Ábalos no era un militante de escasa importancia en el PSOE ni un cargo marginal del partido. Ha sido ministro de Fomento, de Transportes, secretario de Organización del PSOE y una figura importante en el primer gobierno de Pedro Sánchez. En definitiva, ha tenido un considerable poder político, orgánico e institucional. Koldo García era su colaborador de confianza y una persona que actuó desde dentro del Ministerio. La trama que estos dos personajes organizaron se instaló en el propio poder, aprovechando los cargos públicos, las empresas estatales y las relaciones políticas para obtener sus beneficios privados.
Es cierto que la condena de Ábalos y de Koldo NO convierte de manera automática a Pedro Sánchez en culpable, ni que se pueda atribuir a él o al PSOE una responsabilidad penal por los delitos cometidos. Dicha responsabilidad es individual y se vincula a hechos suficientemente probados. Pero, también es insostenible que se pretenda aislar la gravedad de lo ocurrido sólo en las conductas individuales de los condenados. Existe necesariamente una responsabilidad política que debe asumirse, explicarse y depurarse. Un presidente debe responder políticamente de las personas que ha elegido, del poder que les confió y de los mecanismos de control, tanto en el partido que preside como en el Gobierno, y que han resultados fallidos o insuficientes. Sánchez ha cometido una «grave equivocación» en la selección de estos personajes y en exigir una vigilancia exquisita en todos aquellos que ocupaban cargos de suma importancia en su gobierno y en su partido.
En este caso, la corrupción -siempre miserable- se ha investido de circunstancias especialmente dolorosas al aprovechar la contratación de material sanitario durante la pandemia. Mientras miles de personas morían, los hospitales estaban desbordados y a los ciudadanos se les exigían enormes sacrificios, estos dos sinvergüenzas se aprovecharon de una situación de tremenda emergencia colectiva para buscar oportunidades de enriquecimiento aprovechando sus responsabilidades públicas.
Ha habido otros casos, conocidos por la sociedad española, en que la pandemia propició un periodo excepcional de contratación urgente que fue aprovechada por empresarios, intermediarios y personajes vinculados a administraciones de diferente signo político. Luis Medina, Alberto Luceño o Tomás Díaz Ayuso figuran entre esos casos, por su notoriedad mediática.
El PSOE no puede escudarse, ante una sentencia de tal gravedad, en que actuó en cuanto conoció lo hechos, o, menos todavía, señalando los numerosos casos de corrupción del Partido Popular, porque la corrupción propia no se salva por la corrupción de otros. La Gürtel, la Kitchen, la financiación irregular del PP, su contabilidad o caja B, la actuación de Mazón en la Dana de Valencia, son episodios miserables. Forman parte de la basura de nuestra democracia y casos concretos ante los cuales, el PP ha mirado -y sigue mirando- hacia otro lado. Pero el PSOE, precisamente por su historia política, por el convencimiento ideológico que defiende, por los ideales de igualdad, transparencia y honestidad que proclama, no puede hacer lo mismo que la derecha.
Es un error caer en la simplificación del «y tú más», porque eso significa aceptar que la política puede reducirse a una «especie de competición» para ver quién ha robado menos.. Un partido progresista tiene que realizar ambiciones que vayan más allá de demostrar que la derecha también tiene casos de corrupción. Cualquier ciudadano informado y responsable –siempre que no sea un fanático y sectario– lo sabe. Sin embargo, con independencia de lo que haga o deje de hacer el PP, el Partido Socialista Obrero Español no debe utilizar la corrupción ajena como coartada para la propia, sino esforzarse en afirmar ante los ciudadanos, una y otra vez, que su historia, sus valores y sus propios principios siguen siendo válidos.
El PSOE tiene una obligación moral: abrazar una exigencia ética superior (en realidad, esa exigencia debería ser abrazada por todos los partidos). Esa ética exige aplicar a los suyos la misma severidad se que exige para los demás, aunque resulte doloroso o debilite al Gobierno. La izquierda ha vinculado históricamente su razón de ser a la protección de los más vulnerables, a la defensa del servicio público, a la lucha contra los privilegios y a la igualdad. La actuación de estos dos golfos supone una indudable traición a los ideales de la organización socialista y destruye la confianza ciudadana. Por eso, la mejor, y única manera, es asumir los errores, colaborar con la justicia, revisar los controles internos y explicar con claridad qué falló.
Pedro Sánchez no está personalmente investigado en esas causas y también lo es que algunas investigaciones contra personas de su familia han tenido su origen en denuncias promovidas por organizaciones de extrema derecha y han estado rodeadas de filtraciones, exageraciones mediáticas y una evidente explotación partidista – incluso, la instrucción del juez Peinado contra su esposa ha sido calificada por algunos juristas de prestigio como «delirante y con carácter inquisitorial«-. Pero señalar la posible existencia de una «máquina de fango» no responde a todas las preguntas que se abren tras estos casos de corrupción y la sentencia del Supremo.
Pueden coexistir dos realidades: que haya operaciones políticas y mediáticas dirigidas a destruir al Gobierno y que, al mismo tiempo, hayan existido comportamientos corruptos en espacios muy próximos al poder socialista. La respuesta democrática no consiste en elegir entre una explicación y la otra, sino en investigar ambas con el mismo rigor.
El otro problema de la resistencia de Sánchez es de naturaleza parlamentaria. El Gobierno continúa, pero dispone de una mayoría que ya no funciona como mayoría. Es notoria su creciente dificultad para que su continuidad se materialice en decisiones políticas adecuadas.
Junts ha votado junto al PP y Vox para pedir la dimisión del presidente. Ha contribuido, desde enero, al rechazo de varios decretos gubernamentales y mantiene bloqueadas o retrasadas diversas reformas. Durante el último periodo de sesiones, el Ejecutivo perdió 73 de 313 votaciones, cerca de una de cada cuatro. No todas esas votaciones tenían el mismo valor político ni eso significa que le Gobierno haya perdido todas las votaciones fundamentales, pero muestra claramente el deterioro de la mayoría parlamentaria que hizo posible la investidura de Pedro Sánchez.
En todo esto hay un primer significado político: la mayoría de investidura ya no es una mayoría estable de gobierno. Es verdad que los partidos que permitieron la elección de Sánchez nunca fueron una coalición homogénea, pero durante la primera parte de la legislatura actual existía al menos la expectativa de que las diferencias se pudieran superar mediante negociaciones.
Ahora, lo que existe es una mayoría negativa que coincide en rechazar las iniciativas del gobierno de Sánchez, pero que no comparte un proyecto común ni está dispuesta, por ahora, a investir a un nuevo candidato. Junts, la formación política que con más claridad y rotundidad se ha separado de la mayoría de la investidura, está votando últimamente con PP-Vox para censurar al Gobierno o derribar un decreto, pero eso no quiere decir que forme parte del bloque que conforman la derecha y la ultraderecha. De hecho, tras apoyar la moción que pedía la dimisión de Sánchez, el partido independentista rechazó directamente facilitar un gobierno del PP y Vox.
Es precisamente por estos equilibrios parlamentarios que están presentes en nuestro Parlamento por lo que Sánchez y su gobierno pueden sobrevivir.
Ahora bien, una cosa es sobrevivir y otra cosa es gobernar. La dificultad para la aprobación de leyes ordinarias se traduce en que hay que recurrir habitualmente al «decreto ley», que está concebido, en principio, para situaciones de urgente necesidad. Sin embargo, todo decreto ley necesita ser convalidado después en el Congreso, lo cual hace que su aprobación se convierta en una prueba de supervivencia para el Gobierno y que los grupos minoritarios eleven sus exigencias, incluso, hasta el último minuto que precede a la votación.
El problema no es perder votaciones. Todos los Gobiernos minoritarios las pierden. El problema aparece cuando las derrotas dejan de ser episodios ocasionales y se convierten en la forma habitual de la legislatura. De momento, la situación actual no permite afirmar que el Gobierno haya perdido formalmente la confianza de la cámara. Para llegar a esa pérdida, los adversarios tendrían que aprobar una moción de censura con un candidato alternativo o, el propio Sánchez, someterse a una cuestión de confianza y perderla.
Sin embargo, la cuestión decisiva no radica en si Sánchez puede continuar. La pregunta es cómo puede continuar: ¿puede aprobar presupuestos? ¿puede impulsar reformas comprometidas con su electorado y su programa? ¿puede ofrecer seguridad a los partidos de la mayoría de la investidura? ¿puede dejar de convertir cada decreto en una situación agónica? Y, lo más importante de todo: ¿qué significa esta situación para los ciudadanos? Porque problemas como la vivienda, la precariedad laboral, la sanidad, la educación, la transición energética, o la dependencia no pueden esperar mientras el Gobierno pelea voto a voto cada decreto incierto.
Tal vez se pueda sobrevivir con la prórroga de los presupuestos. Pero resulta mucho más difícil e inconveniente iniciar una legislatura nueva sin cuentas públicas, sin mayoría estable y con la amenaza permanente del bloqueo político. Resistir solo tiene sentido cuando se conserva alguna capacidad transformadora. Pero si el objetivo principal consiste en ir arrastrando los pies para ver si llegamos a superar la próxima votación, el Gobierno acabará consumido, sin fuerzas para avanzar y los ciudadanos no merecemos esto, por mucho que no sea deseable un gobierno de coalición del PP y de Vox para los votantes progresistas. Sin embargo, también entre esos votantes progresistas hay quien se pregunta honestamente si el Ejecutivo debe continuar.
Condiciones para una legítima resistencia
Para ir concluyendo, la continuidad de Sánchez tendría sentido si estuviera vinculada a compromisos verificables y no simplemente a la voluntad de llegar a 2027. Muchos ciudadanos pensamos que entre esos compromisos estaría, el primero de ellos, presentar unos Presupuestos Generales del Estado y someterlos al Congreso. Si no reúne mayoría para aprobar esa ley que es la más importante del año desde el punto de vista económico, tendría que reconocer que la legislatura carece ya de uno de los motivos esenciales para justificar su continuidad. El segundo compromiso es iniciar de inmediato una regeneración democrática mucho más profunda. Este es un asunto de capital importancia para nuestra democracia, y para cualquier otra, y requiere de un desarrollo y una argumentación que no vamos a acometer en esta entrada del blog. El tercer compromiso sería enfocar la agenda política en pocas prioridades pero que sean comprensibles para los ciudadanos -vivienda, dependencia, financiación autonómica, adaptación climática, podrían ser algunas de ellas-. Otro compromiso debería ser, a mi juicio, recuperar el hábito de dar una explicación constante y clara a los ciudadanos. No todo se soluciona con responder mediante el «y tú más«, como señalaba antes, ni tampoco recurrir a la comparación con la corrupción del PP, o a denunciar un supuesto complot para derribar al Gobierno. Por último, se debería establecer un límite político claro y reconocible: si no consigue aprobar los presupuestos, reconstruir una mayoría y desarrollar una agenda sustantiva en un plazo razonable, tendría que convocar elecciones. Eso no supone una rendición ante la derecha y la extrema derecha, sino tan solo el reconocimiento de que en democracia es la ciudadanía la única que puede resolver los bloqueos que los políticos y las instituciones no saben o no quieren superar.
Por tanto, Pedro Sánchez tiene derecho a continuar. Pero la pregunta sigue siendo ¿para qué? Resistir tiene sentido cuando sirve para proteger derechos, completar reformas, combatir la desigualdad y evitar que la corrupción quede impune. Tiene sentido si el tiempo que se gana se utiliza para gobernar mejor, limpiar el partido y reconstruir la confianza.
Pero no tiene ningún sentido cuando la permanencia se convierte en un fin en sí misma; cuando la acción de gobierno queda reducida a medir cada semana su capacidad de sobrevivir hasta que se presente la siguiente crisis; cuando el Gobierno pierde su capacidad de transformación y cuando se instala en el victimismo de interpretar cualquier crítica como parte de una conspiración.
Es posible resistir, sí. Pero resistir para gobernar. Resistir para limpiar. Resistir para transformar. Resistir sabiendo que ningún dirigente está por encima de las instituciones ni que ningún Gobierno puede vivir eternamente de la debilidad de sus adversarios. Sólo así puede ser aceptada la resistencia por la ciudadanía. Pero si este gobierno de Sánchez no encuentra compromisos o proyectos que defender, pierde su valentía, su razón de ser y se refugiará en la obstinación.
Espacio de reflexión 
Deja un comentario