26 de julio de 2026
La socialdemocracia no es el nombre de un partido. Tampoco es una marca electoral, una tradición cargada de sentimentalismo ni un término que pueda invocarse en los mítines mientras se la vacía de contenido en los despachos. La socialdemocracia es, ante todo, una determinada concepción de la sociedad: supone la convicción de que la libertad política resulta insuficiente cuando una parte de la ciudadanía carece de seguridad económica, educación, vivienda, sanidad, trabajo digno o posibilidades reales de desarrollar su vida.
Salvar la socialdemocracia exige, por tanto, rescatarla de quienes terminan por confundirla y vincularla a su propia supervivencia partidista.
Adela Cortina, un referente ético en nuestro país, ha formulado una idea incómoda pero necesaria: es preciso desacoplar la propuesta socialdemócrata de las siglas de un partido que, en la práctica, puede haber dejado de defenderla. La afirmación afecta especialmente al PSOE, por razones históricas evidentes, pero posee un alcance mucho mayor. Ningún partido puede arrogarse la propiedad de una tradición política. Las ideas sobreviven a las organizaciones que las encarnan y, en ocasiones, sólo pueden salvarse cuando se las separa de ellas.
La historia ha mostrado que grandes corrientes políticas nunca han pertenecido exclusivamente a las organizaciones políticas que las representaban en un momento determinado. El liberalismo, por ejemplo, ha sobrevivido a partidos que dejaron de ser liberales; el conservadurismo ha sufrido grandes transformaciones desde Burke hasta hoy (1); el republicanismo, el humanismo o el ecologismo tampoco pueden ser identificados, sin más, con unas siglas concretas; de igual manera, la socialdemocracia es un patrimonio intelectual, ético y político mucho más amplio que cualquier organización.
(1) Para el irlandés Edmund Burke (1729-1797), el «conservadurismo» significaba la defensa de la tradición, de la prudencia y las instituciones heredadas, frente a las rupturas revolucionarias. Con el tiempo, ese conservadurismo se ha diversificado y, en el siglo XX, gran parte del conservadurismo democrático aceptó el régimen parlamentario, el sufragio universal y elementos del Estado del bienestar. Hoy, conviven varios «conservadurismos»: uno moderado, heredero de las ideas de Burke; otro liberal en lo que concierne a lo económico; otro nacionalista e identitario; y otro populista, más dispuesto a atacar instituciones y acuerdos.
La socialdemocracia nació para corregir los desequilibrios del capitalismo, limitar la desigualdad y garantizar que la democracia no terminara siendo simplemente un «gobierno formal«, sino que ofreciera a todos los ciudadanos, afectados por profundas desigualdades, las condiciones materiales necesarias para ejercer realmente su libertad y sus derechos.
En su origen, trató de dar respuesta a una cuestión decisiva: ¿cómo hacer compatible la libertad política con la justicia social? A pesar de su intención inicial, con el tiempo, la respuesta de la socialdemocracia consistió en corregir las desigualdades generadas por el mercado, sin destruir las libertades individuales; en construir Estados que garantizasen educación, sanidad, pensiones, protección laboral, oportunidades para todos, sin renunciar a la economía de mercado. La socialdemocracia fue el gran proyecto reformista europeo para tratar de reconciliar capitalismo y democracia, eficiencia económica y dignidad humana. Por eso, puede decirse, no sin razón, que el legado de la socialdemocracia pertenece a millones de ciudadanos, antes que a ningún partido político.
Por eso mismo, Adela Cortina insiste en distinguir entre «las ideas en sí» y aquellos que dicen representarlas, ya sean individuos u organizaciones. Porque cuando un partido político se aleja de los principios que fueron el fundamento de su propia existencia como partido, no son necesariamente esos principios los que han fracasado. El fracaso puede ser debido también a la organización interna, al liderazgo, a la estrategia electoral, a la corrupción y a otros factores diversos, mientras que los principios ideológicos que el partido dice defender siguen plenamente vigentes.
Esto es importante. ¿Por qué? Porque una conclusión equivocada es pensar que el descrédito de una formación política equivale automáticamente al descrédito de las ideas que ha defendido históricamente. Si un partido adopta políticas alejadas de la tradición socialdemócrata, eso no quiere decir que la socialdemocracia pierda su validez. En todo caso, eso demuestra que hay una distancia entre unas siglas políticas y una determinada concepción de la política. No conviene confundir estos dos términos. Un partido o una organización política nace, evoluciona e, incluso, desaparece. Las ideas, en cambio, tienen una continuidad más larga. Su supervivencia se fundamenta en que pueden ser reinterpretadas, criticadas o recuperadas por nuevas generaciones.
En conclusión, la propuesta de Adela Cortina es que la ciudadanía tiene que defender los valores de la igualdad, la redistribución de la riqueza, la solidaridad, la protección de los servicios públicos o las políticas de cohesión y justicia social, pero sin sentirse obligada a dar su apoyo incondicional a una formación política concreta. Es pues, el momento de recordar que no se necesitan tanto ciudadanos que sean fieles a los partidos, como ciudadanos que sí sean fieles a los principios. Un partido político sólo es un medio, mientras que principios como la justicia, la libertad, la igualdad, la solidaridad o la dignidad humana, son fines en sí mismos.
Una comunidad política NO es la mera suma de intereses privados que están enfrentados, ni un espacio donde cada individuo persigue su beneficio individual tratando de imponerse a los demás. Al contrario, la comunidad política comienza en ese punto en el que reconocemos que nuestra vida también depende de vínculos, instituciones y responsabilidades que compartimos con los demás. Nadie puede garantizar por sí mismo su seguridad, su educación, su salud, o las condiciones materiales que le proporcionan una vida digna. Nuestra vida se sostiene en una trama de cooperación que es anterior a nosotros, que nos sostiene, y que, al mismo tiempo, estamos obligados a conservar y a mejorar.
John Rawls (1921-2002), uno de los filósofos políticos más importantes del siglo XX, señalaba, en su obra «Justice as Fairness: A Restatement» («La justicia como equidad. Una reformulación», 2001), que la sociedad es como un sistema equitativo de cooperación social entre ciudadanos libres e iguales y que se prolonga en el tiempo, pasando de una generación a la siguiente. Para Rawls, por tanto, la comunidad política es mucho más que un simple acuerdo cuyo objetivo es evitar el conflicto. Al definirla como «cooperación» le otorga también una dimensión moral: todos contribuimos al mantenimiento de la vida colectiva.
Esa cooperación exige una cierta renunciar a parte de nuestra libertad inmediata para formar parte de un orden que proteja nuestra dignidad frente a los abusos y que nos proporcione una condiciones básicas de justicia. Por tanto, la obediencia democrática no se fundamenta solo en el temor al castigo o a las sanciones: necesita apoyarse en el convencimiento de que las normas son razonables, que se aplican con imparcialidad y que nadie estar por encima de ellas.
La segunda parte de la frase también merece también una explicación. Cuando Rawls sostiene que la cooperación «se extiende de una generación a otra», introduce una exigencia que es esencial: una sociedad justa no puede consumir irresponsablemente sus recursos, deteriorar sus instituciones ni hipotecar el futuro, como si las generaciones venideras no tuvieran derechos. La justicia, por tanto, no se limita a gestionar la relación entre los que vivimos en el presente, sino que ha de incorporar también un sentido de responsabilidad hacia los que seguirán en el mundo que nosotros les dejemos.
En conclusión, Rawls reclama en nosotros la conciencia de que pertenecemos a una realidad común que también es histórica, porque se mantiene y se transmite a lo lardo del tiempo. Si se pierde esa amplitud de miras y la comunidad política sólo se entiende al servicio de los privilegios e intereses temporales, particulares e inmediatos, el futuro queda sacrificado y la comunidad política pierde todo su sentido, al menos tal como la concibe Rawls.
La filosofía política de Rawls tiene una gran afinidad con la tradición socialdemócrata. La socialdemocracia parte también de la idea de que la libertad política es insuficiente si no va acompañada de condiciones materiales que permitan ejercer esa libertad de manera real. Es decir, ser «formalmente libre» no sirve de mucho si una persona carece de vivienda, de atención sanitaria, de educación, de seguridad económica, de protección laboral, etcétera. Por eso, la socialdemocracia ha defendido la intervención pública. De ahí surge que la sanidad pública, la educación universal, las pensiones, la protección frente al desempleo, la negociación colectiva o los sistemas fiscales progresivos, no son concesiones graciosas del poder, sino expresión de la cooperación social: son conquistas políticas que convierten la libertad en abstracto en una libertad mínimamente practicable.
Sin embargo, cuando los servicios públicos se debilitan, cuando el trabajo ya no garantiza una vida digna, el acceso a una vivienda o la posibilidad de recibir una educación y una asistencia sanitaria decentes, entonces se deteriora también la legitimidad democrática. Los ciudadanos comienzan a preguntarse por qué deben seguir cumpliendo con sus obligaciones si las instituciones no cumplen con las suyas. Ahí reside el sentimiento de frustración que no nace solamente de la desigualdad económica, sino de la decepcionante experiencia de comprobar que el ciudadano no recibe el necesario reconocimiento a su esfuerzo, ni la protección que cabría esperar de una comunidad política justa.
La Unión Europea, al menos en sus mejores principios, representa una combinación singular de democracia liberal, economía social de mercado y protección de los derechos sociales. Su proyecto no nació solo para hacer más fácil el comercio entre los Estados miembros, sino también para construir un espacio político en el que la libertad económica estuviera limitada por la dignidad humana, la cohesión social y el Estado de derecho. El Tratado de la Unión Europea recoge esta idea sustancial. En su artículo 2, por ejemplo, puede leerse que «La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres«.
Es decir, frente a la idea de que el mercado –según la tradición liberal– es capaz de organizar por sí solo la convivencia, la tradición europea defiende que la economía debe someterse a reglas democráticas y orientarse hacia objetivos sociales: derechos laborales, servicios públicos, protección social, una fiscalidad redistributiva, etcétera. No se rechaza -ni se niega- la iniciativa privada, la propiedad o la competencia, sino que se admite que el mercado genera desigualdades que deben ser corregidas por las instituciones públicas. Desde este punto de vista, la Unión Europea mantiene una gran afinidad con la tradición socialdemócrata y con la idea de cooperación social que hemos visto en Rawls.
Sin embargo, la propia Unión Europea ha faltado en numerosas ocasiones a este compromiso. En la mente de todos están las políticas de austeridad que se adoptaron a partir de 2010 especialmente en países como Grecia, Portugal, España o Irlanda. Esas políticas redujeron el gasto público, dañaron los servicios sociales e hicieron pagar buena parte del coste de los ajustes a quienes menos responsabilidad tenían en el origen de los problemas. O también cuando la obsesión por la competitividad hizo extender la idea que los salarios, la protección laboral, las pensiones o los servicios públicos «son costes que deben reducirse», en lugar de ser considerados como elementos esenciales de cohesión social en una sociedad avanzada y civilizada.
En el fondo, el problema no es que el mercado exista, sino que se convierta en el principio rector de toda la sociedad. El mercado puede ser útil para producir, intercambiar y distribuir bienes, pero carece de criterios morales propios. Es decir, el mercado no pregunta si una persona puede pagar una vivienda, si un salario permite una vida digna, o si una actividad rentable destruye el medio ambiente. Ese tipo de cuestiones no pertenecen al mercado sino a la ética y a la política. Por eso, desde una perspectiva socialdemócrata, el mercado debe integrarse en una comunidad política que esté guiada por la justicia. El criterio último no puede ser cuánto produce una sociedad, sino también cómo distribuye sus beneficios, cómo se protege a los más vulnerables y qué condiciones de vida garantiza a todos sus miembros.
Sin embargo, hoy día, el proyecto socialdemócrata está amenazado desde varios frentes.
El primero de ellos es una concepción hegemónica que considera el mercado como la instancia suprema de organización de la sociedad. El ciudadano es contemplado como «productor, consumidor, y contribuyente» y la política pierde fuerza para orientar la economía hacia fines más colectivos. El neoliberalismo emerge hoy insistiendo tanto en la reducción de impuestos como en la reducción de la capacidad de regulación del Estado. O, lo que es peor, tratando de convertir derechos fundamentales -como la sanidad- en oportunidades de negocio.
Un segundo frente de ataque es la precarización del trabajo. El empleo ha sido una de las principales vías de integración social durante décadas, pero hoy ha dejado paso a contratos inestables, salarios insuficientes e incertidumbre ante el futuro.
Otra amenaza es el debilitamiento intencionado de los servicios públicos, que se lleva a cabo en varias fases: primero se reducen los recursos que son necesarios para el buen funcionamiento de dichos servicios, con lo cual empeoran; después se señala que el empeoramiento del servicio es la prueba de su fracaso y, por último se ofrece la privatización como la solución.
El crecimiento de fuerzas nacionalistas, populistas y autoritarias constituye, igualmente, otra amenaza. Son corrientes que aprovechan el malestar social desviando la indignación hacia falsos culpables: inmigrantes, minorías, pobres, ecologistas o las propias instituciones democráticas que quedan desprestigiadas a ojos de los ciudadanos.
A estos frentes amenazadores, que sólo nos hemos limitado a nombrar, podrían añadirse algunos más que no tienen una importancia menor, como la fragmentación social o la propia crisis ecológica que supone, además, un desafío histórico que no estamos afrontando con decisión y cuyas consecuencias, a pesar de la ceguera interesada de algunos, ya estamos pagando.
Pero sí interesa señalar que, quizá, la amenaza más profunda, desde el punto de vista de la reflexión política, sea la propia renuncia de algunos partidos socialdemócratas a su propia tradición histórica. Son partidos que, en algún momento, han aceptado como inevitables las privatizaciones, la austeridad, la reducción del poder sindical, y que también adoptaron el lenguaje de la eficiencia económica, en detrimento del lenguaje de la solidaridad y transformación social. Esta renuncia ha sido especialmente dañina para la socialdemocracia porque supone, en la práctica, un cierto abandono de su principal razón de ser. La función histórica de la socialdemocracia no es convertirse en un sistema de administración del capitalismo, sino en marcar límites democráticos al poder económico, corregir las desigualdades que produce el mercado y garantizar que la libertad se vea acompañada por condiciones materiales mínimas que permitan ejercerla de manera real.
La renuncia a la que nos estamos refiriendo, ha tenido como principal efecto la pérdida de credibilidad del proyecto socialdemócrata: cuando un partido, que se define como defensor de los trabajadores, aplica recortes, debilita servicios públicos o acepta que la desigualdad es un resultado inevitable de la economía, sus propios electores se sienten abandonados o, incluso, traicionados, porque aquellos partidos socialdemócratas a los que votaron parecen haber asumido el punto de vista del poder económico.
Hay varios casos en la socialdemocracia europea que pueden ser señalados como ejemplo del «alejamiento de la tradición socialdemócrata», aunque en todos ellos sus dirigentes justificaran las medidas que se tomaron en base a la crisis económica, el desempleo, la deuda o la modernización de la economía.
El PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero constituye un ejemplo especialmente cercano. En mayo de 2010 aprobó una reducción media del 5 % de la masa salarial del sector público, congeló para 2011 la mayoría de las pensiones contributivas, suspendió algunas medidas de dependencia y eliminó la prestación por nacimiento.
El PASOK griego de George Papandréu es quizá el caso más dramático. Tras llegar al Gobierno en 2009 con un programa socialdemócrata, aplicó en 2010, dentro del acuerdo de asistencia financiera con la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, subidas de impuestos indirectos, reducciones de salarios públicos, recortes y reformas de las pensiones y una fuerte contracción del gasto.
El Partido Socialdemócrata alemán —SPD— de Gerhard Schröder impulsó entre 2003 y 2005 la Agenda 2010 y las reformas Hartz. Su propósito declarado era reducir el desempleo, disminuir los costes laborales y adaptar el Estado social a las nuevas condiciones económicas. Sin embargo, las reformas endurecieron la protección por desempleo, introdujeron una mayor presión sobre quienes recibían prestaciones y favorecieron el desarrollo de empleos de bajos salarios.
El Nuevo Laborismo británico de Tony Blair y Gordon Brown asumió la llamada «Tercera Vía», que pretendía conciliar justicia social y economía de mercado. Durante sus gobiernos se extendió considerablemente la Private Finance Initiative —PFI—, mediante la cual empresas privadas financiaban, construían o gestionaban infraestructuras públicas, como hospitales y escuelas, a cambio de pagos públicos prolongados.
Por otra parte, esta especie de «renuncia» socialdemócrata favorece el desplazamiento general del debate político hacia la derecha, la cual ya no tiene la necesidad imperiosa de imponer su visión del mundo. Le basta con aprovechar que su principal adversario político comienza a utilizar su propio lenguaje. Las consecuencias son paradójicas: cuando más se aproxima la socialdemocracia al discurso liberal o conservador, con intención de atraer al electorado moderado, más se refuerza, precisamente el marco ideológico de la derecha. Por esa razón, la crisis real de la socialdemocracia no consiste sólo en perder votos, sino en perder la capacidad de ofrecer un horizonte alternativo e ilusionante para la sociedad.
La socialdemocracia, por tanto, debe volver a afirmar su identidad y su finalidad: proteger a las personas, distribuir justamente los frutos de la colaboración social y velar porque nadie quede excluido de una vida digna. No sólo es una cuestión de cambio de líderes, de campañas o estrategias electorales. Es cuestión de recuperar una identidad política reconocible y recuperar su propia función histórica. Tampoco es cuestión solamente de modificar el discurso o referirse con nostalgia a los grandes logros del Estado del bienestar. Se trata de volver a crear las condiciones materiales que de nuevo hagan creíbles los principios socialdemócratas.
¿Qué significa esto? Significa que la igualdad no puede ser por más tiempo una aspiración retórica, sino convertirse en una experiencia cotidiana. La socialdemocracia tiene que volver a demostrar que aún es capaz de mejorar la vida de una mayoría social mediante políticas que reduzcan la desigualdad, refuercen los servicios públicos y otorguen seguridad a todos los que viven con incertidumbre económica.
Hay que apostar decididamente por una sanidad pública universal, accesible y de calidad; por una educación que siga siendo un verdadero instrumento de movilidad social; por una política de vivienda que permita la emancipación de los jóvenes sin que tengan que destinar un enorme porcentaje de su salario a la hipoteca o al alquiler; por una mayor protección al trabajador dentro del mercado laboral, con salarios dignos y estabilidad en los empleos; insistir mucho más en la distribución de las cargas comunes y minimizar lo máximo posible los riesgos que se derivan de la enfermedad, la vejez (dependencia) o el desempleo.
Estos problemas son viejos conocidos de la socialdemocracia. En realidad, forman parte de su razón de ser desde finales del siglo XIX y, sobre todo, desde la reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Pero a todos ellos, y algunos más que se quedan en el tintero, hay que añadir problemas nuevos, pero no menos trascendentes: los desafíos de un cambio climático que ya está en marcha, la pérdida de la biodiversidad, la revolución tecnológica que viene de la mano de la inteligencia artificial, el envejecimiento demográfico o el auge de los totalitarismos.
La gran aportación que realizó la socialdemocracia fue que la libertad política resulta insuficiente cuando no va acompañada de una condiciones materiales mínimas que permitan ejercer dicha libertad, de manera efectiva y digna. De hecho, sirve de poco reconocer el derecho a la educación si una familia no puede costear los estudios de los hijos; también se proclama el derecho a la salud, pero la atención médica se encuentra con frecuencia desprovista de los recursos necesarios y se incita a contratar seguros privados de salud que no todos pueden pagar; tampoco sirve de mucho hablar de la igualdad de oportunidades cuando el origen social o el nivel económico determinan de antemano las posibilidades de desarrollo de cada individuo.
Hemos señalado algunos de los principios que históricamente han inspirado a la socialdemocracia y las amenazas que hoy pesan sobre ella. Pero su debilidad actual no se produce sólo porque abandone sus políticas tradicionales o asuma buena parte del discurso liberal. También se degrada cuando pierde esa autoridad moral que, precisamente, debería ser distintiva.
A nadie se le oculta que los casos de corrupción resultan especialmente destructivos para una fuerza política que se presenta como defensora de la justicia social, la igualdad y el bien común. Aquellos que proclaman esos valores para después utilizar las instituciones para enriquecerse, favorecer a familiares o amigos, adjudicar contratos de manera arbitraria o proteger redes de privilegios, llevan a cabo un acto de auténtica traición al mandato democrático que los ciudadanos otorgan a sus representantes. La corrupción destroza el vínculo de confianza en el que se basa la convivencia democrática.
¿Por qué? Porque la democracia descansa sobre una premisa esencial: quienes ejercen el poder lo hacen en nombre del interés general y no para obtener beneficios privados. Cuando esa premisa falla, el daño trasciende con mucho el dinero usurpado: lo verdaderamente devastador es el deterioro moral y la desconfianza que provoca en la sociedad. Ante la corrupción, la ciudadanía cree que los principios son simple retórica; que detrás de cada discurso acerca de la justicia, la igualdad, la libertad o el bien común, sólo existe la lucha por el poder, los contratos, las influencias, los privilegios, etcétera.
Ahí está el efecto más peligroso de la corrupción: que destruye el patrimonio moral de una democracia y mina esa confianza que es tan necesaria para sostener las instituciones legítimas. Además, el descrédito que ocasiona la corrupción no se detiene sólo en los corruptos, sino que acaba por proyectarse en los que honestamente ejercen su función pública y sobre las propias instituciones democráticas.
La derecha suele utilizar los casos de corrupción de la izquierda para desacreditar sus políticas. Pero el problema más grave aparece cuando es la propia izquierda la que no afronta decididamente la corrupción y responde con negaciones, conspiraciones imaginarias o silencios defensivos. Una fuerza progresista no puede exigir ejemplaridad a sus adversarios y relativizarla después cuando las sospechas afectan a los suyos. Por supuesto, la corrupción de un dirigente no convierte en falsa la socialdemocracia, ni la deslegitima. Sin embargo, la reacción del partido ante esa corrupción es lo que demuestra hasta qué punto ese partido continúa creyendo en los valores que proclama.
En conclusión, la lealtad a unas siglas nunca puede situarse por encima de la lealtad a la ciudadanía: la defensa automática del compañero -que se aproxima, a veces, al sectarismo-, la minimización de los hechos o la fabricación de excusas, pueden mantener por cierto tiempo una estructura de poder, pero terminan destruyendo el patrimonio moral de toda una tradición política.
Por tanto, salvar la socialdemocracia no significa conservar unas determinadas siglas, ni la supervivencia de unos determinados partidos. Lo que significa en realidad es preservar una tradición política que ha sido decisiva para la construcción de las democracias europeas y para la conquista de algunos de los derechos sociales más importantes.
En un tiempo marcado por la desigualdad, por la dificultad de acceder a la vivienda, por el empleo precario, por el envejecimiento de la población, por la crisis climática o por el resurgimiento de movimientos populistas y autoritarios, la tarea de salvar la socialdemocracia resulta especialmente necesaria. ¿Por qué? Porque la socialdemocracia tiene, al menos en su tradición política, herramientas para afrontar esos retos: una economía de mercado sometida a control democrático, un Estado de bienestar desarrollado, una fiscalidad progresiva, una defensa de los servicios públicos y la convicción de que la libertad política debe estar asentada en unas dignas condiciones materiales de vida.
Pero salvar la socialdemocracia no significa que ninguna organización la ostente en exclusividad. En efecto, la socialdemocracia puede y debe ser defendida por partidos diferentes, por movimientos sociales, por sindicatos, por asociaciones ciudadanas, por intelectuales o por personas sin adscripción política. Lo decisivo no son las siglas de una organización política, sino el programa que se ofrece, la conducta de aquellos que lo sostienen y la coherencia entre lo que se promete y lo que se lleva a cabo.
La cuestión no es salvar la socialdemocracia mediante operaciones de «maquillaje político», como pueden ser un nuevo líder o nuevos eslóganes. Lo que se necesita es una gran reconstrucción de la confianza pública, y eso no se consigue sin hechos. Se debe volver a hablar con claridad de salarios, vivienda, fiscalidad, sanidad, educación, dependencia, transición ecológica y regulación de los grandes poderes tecnológicos. Se debe ofrecer seguridad sin autoritarismo, identidad democrática sin nacionalismos excluyentes y esperanzas concretas sin promesas vacías. Es necesario también recuperar una ética de la responsabilidad: prever las consecuencias de las decisiones, rendir cuentas y asumir los errores.
La decadencia actual de la socialdemocracia no deja un espacio vacío. La historia demuestra que cuando una tradición política pierde su capacidad de ofrecer respuestas que sean creíbles para la sociedad, otras fuerzas ocupan ese lugar. Así, por ejemplo, surgen el nacionalismo identitario, el autoritarismo, el neoliberalismo económico o la política que se edifica sobre el resentimiento y la división. La política deja entonces de tratar de la justicia social para centrarse en la búsqueda de enemigos a los que culpabilizar.
Esta última idea responde a una estrategia antigua y eficaz: transformar los problemas estructurales en disputas entre los propios ciudadanos. Si desaparece la esperanza de mejorar colectivamente las condiciones de vida, entonces crece la tentación de buscar culpables entre aquellos que son los más vulnerables, y se abandona una forma de entender la política basada en el diálogo, la negociación, la solidaridad y el compromiso democrático.
Salvar la socialdemocracia, por tanto, no sólo es recuperar una reliquia del siglo XX, que agoniza en el siglo XXI. Es, ante todo, preservar una tradición histórica que ha contribuido decisivamente a que sean compatibles la libertad individual, la democracia representativa y la justicia social. Es también mantener la convicción de que los grandes problemas no se resuelven desde el individualismo ni desde las respuestas del mercado. La experiencia cotidiana así lo demuestra día tras día: nadie puede afrontar por sí solo una pandemia, una crisis financiera, el cambio climático o el envejecimiento de la población.
En conclusión, la socialdemocracia merece ser salvada. Pero debe aparecer una nueva «socialdemocracia transversal», que desborde las fronteras de los partidos que históricamente la han representado. Sus principios ideológicos no deben entenderse como un patrimonio de determinadas siglas, ni mucho menos como patrimonio de sus dirigentes concretos. La justicia social, la igualdad de oportunidades, la solidaridad, la defensa de los servicios públicos o la protección de los más vulnerables no pueden depender de las vicisitudes electorales de un partido. Esos principios necesitan ser compartidos por una amplia mayoría social, con independencia de las alternancias en el poder. La idea que subyace aquí es potente y decisiva: la socialdemocracia debe entenderse como cultura política y no como identidad específica de un partido.
Ese es, quizá, el gran horizonte -y el gran reto- de la socialdemocracia para este siglo XXI: no preguntarse cómo volver al poder, sino cómo volver a conquistar la sociedad. Todos los gobiernos caen y todas las mayorías parlamentarias se alternan. Sin embargo, cuando una idea consigue arraigar en la conciencia cívica de una sociedad, entonces ya no pertenece a una organización política, sino que pasa a formar parte del patrimonio moral de toda la democracia.
La socialdemocracia no es un partido. Es una forma civilizada de vivir juntos, que merece ser salvada porque pertenece al conjunto de los ciudadanos.
Principios esenciales de la socialdemocracia: libertad, igualdad de oportunidades, justicia social, solidaridad, democracia representativa, estado del bienestar, economía social de mercado, fiscalidad progresiva, dignidad del trabajo, cohesión social, cooperación internacional, ética pública.
Espacio de reflexión 
Deja un comentario