28 de julio de 2026
El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha afirmado recientemente que, cuando un Estado olvida la ética, se convierte en «una banda de ladrones». La expresión procede de san Agustín y encierra una verdad profunda: ningún poder político puede considerarse legítimo únicamente porque controle las instituciones o actúe conforme a determinadas formalidades. Sin justicia, el poder se degrada; sin orientación hacia el bien común, el Estado puede convertirse en una maquinaria organizada al servicio de intereses particulares. Benedicto XVI recordó esa misma sentencia agustiniana al señalar que la construcción de un orden justo constituye una tarea esencial de la política.
«Remota iustitia, quid sunt regna nisi magna latrocinia?»
«Si se elimina la justicia, ¿qué son los reinos sino grandes bandas de ladrones?» (San Agustin, La ciudad De Dios)
El problema, por tanto, no se encuentra en la cita. El problema comienza cuando Argüello añade: «A los hechos me remito». Porque entonces una reflexión que inicialmente es filosófica, deja de ser una advertencia de carácter universal y de finalidad ética, para convertirse en una acusación política deliberadamente imprecisa. No se concretan los delitos, no se distingue entre Estado, Gobierno, Administración y personas particulares, ni tampoco se reconoce que la corrupción puede aparecer en cualquier partido o institución, incluida la propia Iglesia. Se arroja sobre el conjunto del Estado democrático una sospecha lo suficientemente grave y miserable como para hacer daño, pero con la ambigüedad, propia de los cobardes, de no tener que demostrarla.
Además, las palabras posteriores del presidente de los obispos aclaran mejor desde qué horizonte ideológico Argüello convierte al Estado en «la cueva de Alí Babá y los cuarenta ladrones»: no se limitó a denunciar la corrupción -denuncia que sería legítima y necesaria-, sino que realiza una impugnación más amplia del modelo democrático y social construido en las últimas décadas
En su discurso, este «sepulcro blanqueado» no se limitó a condenar las conductas delictivas o los abusos de poder, sino que en él aparecen mezcladas la corrupción política, las leyes sobre la diversidad sexual y de género, las celebraciones del Orgullo, las ayudas sociales o los derechos de los inmigrantes.
No creo que tal mezcolanza fuese casual. Creo más bien que la pretensión del obispo fue intencional: presentó, como manifestaciones de una misma decadencia, unos fenómenos que son radicalmente distintos. De esa forma, el obispo situó en el mismo plano el enriquecimiento corrupto de algunos gobernantes, el reconocimiento jurídico de minorías históricamente discriminadas, políticas cuya finalidad es proteger a los más vulnerables o el acceso de los inmigrantes a los derechos básicos. El resultado es un «totum revolutum» en el que el obispo mezcla deliberadamente el delito, la corrupción, las transformaciones sociales, la diversidad sexual, la inmigración o la solidaridad pública, como si todos esos fenómenos fueran manifestaciones de un mismo desorden.
Eso sí, el miserable obispo se cuidó muy mucho de incluir entre los síntomas de la supuesta crisis ética del Estado los abusos sexuales cometidos y encubiertos durante décadas dentro de la Iglesia. De hecho, el mismo día que el obispo realizó esas manifestaciones, el 9 de julio de 2026, la Audiencia Provincial de Málaga hizo pública la condena a 52 años de prisión del conocido como padre Fran por sedar, violar y grabar a cuatro mujeres, sin que Argüello hiciera comentario alguno. Ese «silencio» no es algo que se deba pasar por alto: si la Iglesia pretende erigirse en la conciencia moral de la sociedad, tiene que examinar primero las sombras que están presentes en la propia institución. ¿Cómo podemos aceptar del presidente de los obispos lecciones morales acerca de la corrupción del Estado, cuando no aplica la misma contundencia a la mayor basura moral -y también penal- de la Iglesia contemporánea? Es evidente que no se trata de culpar a todos los sacerdotes ni a todos los creyentes. Se trata de exigir un mínimo de coherencia a los que se permiten ser árbitros de la conducta ética y moral de los demás.
No estamos, por tanto, ante una meditación neutral sobre la ética pública, sino ante todo un posicionamiento ideológico muy reconocible entre los postulados de la derecha y de la extrema derecha: el rechazo del pluralismo moral; la desconfianza hacia el Estado social; la hostilidad frente a las transformaciones en materia de sexualidad y derechos civiles, y el recelo -cuando no la abierta xenofobia- hacia quienes llegan de fuera.
La Iglesia tiene derecho a intervenir en el debate público. Naturalmente que lo tiene. Pero el problema está cuando la Iglesia pretende que su doctrina religiosa sea la «medida universal de la ciudadanía» o cuando, como en este caso, se utiliza un lenguaje de denuncia moral para cuestionar derechos que han sido conquistados democráticamente. La democracia no exige el silencio de la Iglesia Católica, ni de ninguna otra confesión religiosa. Los obispos pueden hablar sobre la corrupción, la pobreza, la familia, el aborto, la eutanasia, la inmigración, la vivienda o cualquier otra cuestión de interés público. Pero deben hacerlo como una voz más dentro de una sociedad plural y no como propietarios exclusivos de la moral, poseedores del monopolio de la verdad, ni como autoridad superior al resto de los ciudadanos. Y, sobre todo, han de aceptar que sus palabras serán juzgadas no solo por la doctrina que proclaman, sino también por la historia de la institución que representan, por sus silencios, por sus complicidades, por sus alianzas políticas y por la coherencia -o la falta de ella- entre lo que predican y lo que realmente practican.
La proximidad de la jerarquía católica española a la derecha política no constituye una circunstancia accidental ni reciente. Hunde sus raíces en una identificación entre catolicismo, unidad nacional, orden social, autoridad y propiedad. Identificación que viene de lejos y que ha sido prolongada en el tiempo. Durante siglos, buena parte de la Iglesia institucional encontró en los poderes conservadores la protección de su posición dentro de la sociedad, la defensa de sus cuantiosos bienes y privilegios (1) o la garantía de su influencia cultural. Se trataba de una alianza mutua: el poder civil garantizaba la preeminencia y el protagonismo de los altares; los altares bendecían ese poder civil.
(1) Los historiadores han puesto de manifiesto que la relación entre la Iglesia católica española y los poderes conservadores, no se entiende sin tener en cuenta los numerosos privilegios jurídicos, económicos, educativos y de otra índole que la institución eclesiástica ha tenido a lo largo de nuestra historia. La Iglesia fue, durante siglos, una enorme propietaria, una autoridad jurídica, una referencia educativa y una voz determinante para establecer lo que se podía enseñar, lo que se podía publicar, lo que se podía pensar o lo que se consideraba moralmente bueno.
El momento culminante de esa «alianza mutua» a la que nos hemos referido anteriormente fue el nacionalcatolicismo franquista. La victoria militar del dictador reforzó enormemente la posición de la Iglesia, que desempeñó un papel fundamental en la legitimación simbólica y moral del nuevo régimen. La religión no quedó relegada al ámbito privado, sino que penetró en la educación, la legislación, las costumbres, la moral sexual, la vida familiar y la definición misma de la identidad nacional.
España, para ser verdaderamente España, debía ser católica. Es decir, ser español y católico, fueron realidades inseparables y quien se apartaba del catolicismo oficial corría el riesgo de ser señalado, no sólo como disidente religioso, sino como ajeno a la comunidad nacional. Esto no es una simple afirmación retórica. La Ley de Principios del Movimiento Nacional, de 1958, por ejemplo, afirmaba que la «fe católica era inseparable de la conciencia nacional». El Fuero de los Españoles, de 1945, proclamaba que la religión católica era la religión del Estado y prohibía inicialmente ceremonias y manifestaciones públicas de otras confesiones. Hasta la Ley de Sucesión, exigía que quien ejerciera como rey o regente tenía que profesar la religión católica. La Ley de Libertad Religiosa, de 1967, también establecía que la enseñanza impartida en los centros estatales debía adecuarse a los principios de la moral católica.
Estos textos legales y otros ejemplos que pueden citarse, demuestran que el nacionalcatolicismo no sólo significó un sistema de privilegios a la Iglesia, sino que construyó la pertenencia a una identidad determinada: el católico era el español pleno, normal y fiable; el no católico, el agnóstico o el ateo, quedaban en los márgenes de la identidad española.
Esta simbiosis entre lo español y la Iglesia católica, quedó refrendada con el Concordato firmado con la Santa Sede el 27 de agosto de 1953, en tiempos del Papa Pío XII. Este acuerdo es el refrendo jurídico de más alto nivel a la alianza que se forjó entre la Iglesia católica y la dictadura fascista, represora y asesina de Francisco Franco. El régimen otorgó a la Iglesia una posición privilegiada dentro del Estado y la Iglesia dio al régimen asesino una legitimidad religiosa, que suplía de alguna manera la la verdadera falta de legitimidad, que sólo se obtiene de las urnas, del consentimiento democrático y de las libertades públicas.
Basta con leer el propio texto del Concordato que comenzaba con la expresión «en el nombre de la Santísima Trinidad» y seguía, en su artículo I, con lo siguiente: La Religión Católica, Apostólica, Romana sigue siendo la única de la Nación española y gozará de los derechos y de las prerrogativas que le corresponden en conformidad con la Ley Divina y el Derecho Canónico.
El resto del articulado no es más que la materialización de una mutua relación de beneficio y dependencia -dictadura/Iglesia- al regular aspectos importantísimos para la Iglesia como la financiación del culto y del clero, exenciones fiscales, la obligatoriedad de la religión en la enseñanza, la eficacia civil del matrimonio canónico, etcétera. Por su parte, Franco conservaba una notable influencia en el nombramiento de obispos mediante el llamado «privilegio de presentación», un procedimiento ya establecido en 1941 y ratificado por el artículo VII del Concordato, que hacía prácticamente imposible que ocupasen las diócesis vacantes obispos hostiles a la dictadura.
El Concordato fue, sin duda, para la dictadura mucho más que un éxito diplomático. Franco gobernaba como consecuencia de un golpe de Estado y de la victoria militar en la guerra civil, a la que siguió una dura represión sistemática. El régimen no tenía legitimidad democrática de ningún tipo, pero consiguió presentarse como «defensor de la fe, restaurador de la civilización cristiana y salvador de una España» amenazada por el ateísmo y la revolución. En cierto modo, la obediencia al dictador podía aparecer como la obediencia a un orden civil y moral que era el querido por Dios. La Iglesia, por su parte, recuperaba parte del terreno perdido con las reformas de la Segunda República: separación entre Iglesia y Estado, secularización de la enseñanza, matrimonio civil, divorcio y otras reformas del periodo republicano que la jerarquía eclesiástica percibía como una agresión contra la religión y contra la identidad histórica de España.
Sería injusto ocultar la terrible persecución religiosa que se produjo en la zona republicana durante la Guerra Civil, con el asesinato de miles de sacerdotes, religiosos y creyentes. Aquella violencia fue criminal y no admite justificación alguna. Provocó un miedo real, un trauma profundo y fue un factor que inclinó decisivamente a la jerarquía en su apuesta por la victoria de los militares golpistas. Pero reconocer aquella persecución NO implica que la Iglesia tuviera que bendecir durante décadas una dictadura, guardar silencio ante los encarcelamientos, las torturas, las depuraciones, los asesinatos, ni tampoco conceder a la victoria militar el carácter de «Cruzada». La jerarquía podía haber optado, simultáneamente, por condenar la violencia anticlerical y la represión franquista; podía haber defendido a sus sacerdotes asesinados y reconocer también la dignidad de todos los que fueron fusilados, encarcelados o exiliados por sus ideas políticas. Pero la realidad es que, en demasiadas ocasiones, esto no fue lo que se hizo. Durante los años más crueles de la posguerra, las cárceles se llenaron, se prodigaban los consejos de guerra, miles de familias lloraban sus muertos, pero la voz oficial de la Iglesia no se alzó con fuerza. Ejerció una compasión muy selectiva: clamó ante el sufrimiento propio, pero prestó mucha menos atención al sufrimiento de los vencidos. Es más, la Iglesia no sólo permaneció callada ante el franquismo: su jerarquía, mayoritariamente, bendijo el régimen, lo acompañó en su devenir histórico y ayudó a presentarlo como un régimen moralmente legítimo.
Duras reflexiones ante las cuales cada lector puede sacar sus propias conclusiones. Sin embargo, la pregunta no es únicamente saber por qué la Iglesia no condenó una dictadura represora y asesina, sino cómo pudo convertirla en defensora de la civilización cristiana. La respuesta es incómoda: cuando una institución religiosa confunde la defensa del Evangelio con la protección de sus intereses, acaba bendiciendo aquello que, según su propia doctrina, debería condenar. Si el altar se aproxima mucho al poder, se corre el riesgo de hablar poco de las víctimas y mucho más de los verdugos.
Es cierto que tampoco toda la Iglesia española se identificó para siempre con el franquismo. A partir de los años cincuenta y en las dos últimas décadas de la dictadura, aparecieron dentro del catolicismo español focos de oposición y distanciamiento del régimen. Una parte de la jerarquía continuaba con su defensa del nacionalcatolicismo, pero numerosos sacerdotes, religiosos y seglares empezaron a ser conscientes de la enorme distancia que existía entre la doctrina del Evangelio y una dictadura que negaba las libertades, perseguía y encarcelaba a los disidentes y reprimía las reivindicaciones de los trabajadores. El régimen actuó contra aquellos sacerdotes disidentes de la única manera que sabe hacer: vigilados por la policía, multados, interrogados, detenidos o encarcelados. Llegó a habilitarse la llamada «cárcel concordataria», en Zamora, destinada especialmente a los sacerdotes condenados por su actividad política o sindical.
Poco a poco, llegó un tiempo de cambio que se aceleró con el Concilio Vaticano II y que terminaría por implicar a una parte del episcopado. Así, en el documento episcopal «La Iglesia y la Comunidad política«, aprobado en 1973, los obispos reclamaron un reconocimiento legal y efectivo de los derechos humanos y de las libertades cívicas fundamentales, así como un espacio para la pluralidad de compromisos políticos. Aunque el texto evitaba condenar directamente la dictadura y no exigía todavía de forma expresa la instauración de una democracia parlamentaria, sus principios resultaban difícilmente compatibles con un régimen que censuraba la expresión, prohibía los partidos y perseguía la oposición.
En la jerarquía española, la figura que mejor encarna esta evolución fue el cardenal Vicente Enrique y Tarancón, presidente de la Conferencia Episcopal (1971-1981). Se mostró partidario de una Iglesia menos dependiente del poder político y trató de evitar que el catolicismo en España quedase identificado con la supervivencia del franquismo. Su idea era defender el pluralismo, la reconciliación y que los católicos tuvieran legítimamente posiciones políticas diferentes.
Ahora bien, todo este proceso que fue complejo y largo en el tiempo, no puede quedar como un relato complaciente en el que la Iglesia aparece como campeona de la oposición democrática a la dictadura, porque no lo fue. Su alejamiento del franquismo fue desigual y tardío: algunos sacerdotes y laicos se enfrentaron con valentía al régimen, mientras que otros miembros de la Iglesia seguían justificándolo; algunos obispos reclamaban libertades, mientras que muchos de ellos todavía añoraban la alianza entre «el poder y el altar». Incluso, el propio Tarancón es fruto de una evolución personal sin que pueda convertirse toda su trayectoria en una oposición constante al régimen desde el principio.
La existencia, por tanto, de una Iglesia disidente, no hace desaparecer la responsabilidad de la institución eclesial en su papel de legitimadora inicial, y prolongada en el tiempo, de la dictadura. Pero sí permite hablar de un catolicismo español que no fue, a partir de un determinado momento, una realidad monolítica. En la misma Iglesia que había bendecido a los dictadores, acabaron por aparecer voces que se ponían al lado de los trabajadores, de los presos y de las reclamaciones de libertad. Fue la manera en que la Iglesia española comenzó a recuperar parte de su autoridad moral, dejando de lado su papel de «capellanía del régimen», y comenzó a escuchar a quienes sufrían las consecuencias del mismo.
Esta distinción es imprescindible. La Iglesia NO es únicamente su jerarquía. También son Iglesia quienes acompañan a los desahuciados, quienes atienden a los migrantes, quienes trabajan en las cárceles, quienes defienden a los trabajadores, quienes consuelan a los enfermos y quienes se enfrentan a la injusticia sin preguntar a qué partido vota la víctima. El problema surge cuando la jerarquía habla como si representara de manera uniforme a todos los católicos y termina reduciendo la riqueza del cristianismo a las obsesiones culturales de la derecha. Ocurre, por ejemplo, cuando se presenta el aborto, la eutanasia, el matrimonio homosexual o las leyes de identidad de género como cuestiones morales decisivas de nuestro tiempo, mientras se deja en segundo plano la precariedad laboral, la pobreza infantil, la especulación con la vivienda, la acogida de los inmigrantes o el deterioro de los servicios públicos.
La contradicción fundamental se encuentra aquí. El Evangelio no relata la historia de un hombre que buscara el favor de los poderosos. Cristo no fue asesor moral de Herodes, capellán del Imperio romano ni defensor del orden establecido. No dedicó su vida a preservar los privilegios de los sacerdotes, los propietarios o las élites sociales. Se acercó a enfermos, mujeres despreciadas, extranjeros, pecadores públicos y personas consideradas impuras. Entró en conflicto con quienes habían convertido la religión en autoridad, jerarquía y exclusión.
Tampoco el criterio evangélico que sirve para valorar la vida y las acciones de una persona, especialmente ante Dios, consiste en pertenecer o defender una determinada identidad nacional, perseguir la diferencia sexual o mantener intactas las costumbres tradicionales. El texto de Mateo es mucho más exigente: «Tuve hambre y me disteis de comer; tuve sed y me disteis de beber; era forastero y me acogisteis; estaba desnudo y me vestisteis; enfermo y me visitasteis; en la cárcel y vinisteis a verme». (Evangelio según san Matero, capítulo 25, versículos 35-36). Por tanto, hay una identificación clara de Cristo con los pobres, los extranjeros, los enfermos, los presos y los abandonados. Los creyentes deberían tener muy claro todo esto.
Por eso resulta especialmente doloroso escuchar a un obispo como Argüello hablar de los inmigrantes como personas que «aprenden rápido el camino de los derechos». Naturalmente que todos los ciudadanos tienen deberes. Pero los derechos humanos no son premios que el Estado concede a quienes se muestran sumisos u obedientes. Los derechos no se obtienen después de aprobar un examen de integración. Pertenecen a la persona por el hecho de serlo. En el Evangelio, el extranjero tampoco aparece en primer lugar como un sospechoso que está obligado a demostrar que es merecedor de nuestra hospitalidad y de nuestra ayuda: Es el mismo Cristo el que sale a su encuentro, sin preguntar. El propio León XIV, en su reciente visita a España, dejó claro que la inmigración no puede reducirse a un problema demográfico, económico o de control fronterizo, sino que constituye una cuestión moral y jurídica, relacionada con la dignidad de todos los seres humanos. Defendió una acogida respetuosa, oportunidades de integración y la colaboración internacional para eliminar las causas que obligan a los emigrantes a salir de sus países de origen -guerras, pobreza, desigualdad, crisis climática, enfermedades, etcétera-.
Cuando al obispo Argüello parecen preocuparle los deberes de los inmigrantes, pero no se refiere con la misma contundencia a quienes los explotan, los alojan en condiciones indignas o se enriquecen gracias a su vulnerabilidad, es que algo esencial del mensaje cristiano no parece haber entendido u olvidado.
Tampoco es inocente la expresión «Cáritas laica» que el obispo también utilizó en su intervención. Argüello parece dar a entender que el Estado no debe limitarse a repartir ayudas para fabricar «ciudadanos dependientes». Se puede criticar y debatir acerca de la eficacia de las políticas sociales y cómo mejorarlas, pero Argüello habló de «paguitas» introduciendo un tono de desprecio que es impropio de un pastor de la Iglesia. Cáritas realiza una extraordinaria labor, pero las ayudas pública no tienen necesariamente la condición de limosnas o «paguitas». Una pensión, una prestación por desempleo, una beca, el ingreso mínimo vital o una ayuda para la dependencia son instrumentos de justicia social, porque ninguna sociedad decente debe descargar exclusivamente sobre la caridad privada la protección de los más vulnerables. Hasta la propia doctrina social de la Iglesia ha defendido los derechos de los trabajadores, la remuneración justa, el bien común o la responsabilidad de las instituciones frente a las necesidades de la población. Por tanto, NO hay nada de cristiano en ridiculizar las políticas sociales hablando de «paguitas«. Un obispo no debería burlarse de esa manera de los que necesitan protección.
¿Qué decir también acerca de una jerarquía eclesiástica que concentra gran parte de su intervención pública en asuntos como la sexualidad, el aborto, la familia, la identidad de género o el matrimonio homosexual? ¿Se trata, acaso, de una moral obsesionada con los cuerpos ajenos? Sobre esos asunto, la Iglesia tiene una doctrina definida y tiene derecho a expresarla. Pero los que no formamos parte de la Iglesia también tenemos el derecho a peguntar ¿porqué la contundencia empleada en esos temas, no es la misma que la que se emplea para hablar de la acumulación obscena de riqueza, de la explotación laboral, de la especulación, del fraude fiscal de las grandes fortunas, del abandono de los pobres o de la destrucción medioambiental? ¿Acaso la moral cristiana no queda deformada cuando se muestra implacable con los cuerpos ajenos, pero muy comprensiva con los privilegios propios? ¿Por qué se denuncia lo que las personas hacen en su vida íntima, pero se baja mucho la voz cuando se habla de los mecanismos económicos que condenan a la precariedad a millones de personas?
Argüello relacionó el Orgullo LGTBI con el «orgullo de Satanás». Eso, desde luego, no es una reflexión antropológica profunda. Es una comparación ofensiva que condena la historia concreta de personas perseguidas, encarceladas, humilladas y expulsadas de sus familias por su orientación sexual. El Orgullo puede contener excesos comerciales o banalizaciones, como cualquier manifestación multitudinaria, pero nació fundamentalmente como respuesta a la vergüenza que ha sido impuesta a miles de personas que viven su sexualidad de manera diferente. ¿Acaso una Iglesia verdaderamente evangelizadora no debería defender su concepción de la sexualidad sin considerar a determinadas personas como símbolos de la decadencia ética? Tal vez, Argüello debería proponer sin humillar, argumentar sin demonizar y discrepar sin negar la dignidad del otro. Sin embargo, cuando emplea la figura de Satanás no está acercando a nadie a Cristo. Está levantando otro muro y otro infierno.
La respuesta del ministro, Félix Bolaños, preguntando qué ocurriría si el Gobierno calificara a la Iglesia como «banda de agresores sexuales», fue áspera, seguramente inadecuada. Pero puso de manifiesto la injusticia que se comete al convertir los delitos de algunos miembros de una determinada institución -como puede ser el gobierno o cualquier otra-, en un delito de toda la institución en su conjunto. Eso es, precisamente, lo que Argüello hizo al proyectar sobre todo el Estado la imagen de una «banda de ladrones». La comparación del ministro también recuerda algo que la jerarquía no debería olvidar al pronunciar sus sentencias morales desde una posición de superioridad, sobre todo cuando el informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia describió un problema grave, prolongado y mal o insuficientemente afrontado, con testimonios recibidos posteriormente que reafirmaron sus conclusiones.
No considero que a una acusación de corrupción política, especialmente cuando se hace de manera tan irresponsable y poco argumentada como hizo el obispo, se deba responder mediante un «y tú más» referido a los abusos eclesiales. Los delitos de unos no absuelven los delitos de otros. Aquí, de lo que se trata es de comprender que la autoridad moral solo puede ejercerse desde la humildad. El señor Argüello, obispo de una institución que ha tardado tanto tiempo en escuchar plenamente a las víctimas, debería extremar la prudencia antes de dictar condenas condenatorias e indiscriminadas sobre otras instituciones del Estado.
De nuevo invoco a los creyentes para recordar que Cristo reservó algunas de sus palabras más duras para quienes imponían pesadas cargas morales sobre los demás mientras se consideraban a sí mismos guardianes de la pureza. Por ejemplo, cuando Jesús reprocha a escribas y fariseos: «Atan cargas pesadas e insoportables y las ponen sobre los hombros de los demás, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para llevarlas» (san Mateo, 23,4). El cristianismo, por tanto, comienza en el examen de la propia conciencia, y no en mostrar públicamente las culpas ajenas.
¿Por qué, pese a todo, una parte importante de la jerarquía española -como parece ser el caso de este obispo- continúa sintiéndose tan cómoda junto a la derecha más reaccionaria?
Porque esa derecha le promete un mundo reconocible: autoridad, jerarquía, disciplina, familia tradicional, unidad nacional, control de los cuerpos, desconfianza hacia el pluralismo y conservación de determinadas posiciones institucionales. Frente a una sociedad abierta, diversa, cambiante y secularizada que se abre camino, el conservadurismo ofrece la ilusión de recuperar una centralidad perdida.
Pero ese servilismo tiene su precio. De la mano de la derecha, la Iglesia puede mantener la presencia institucional, la influencia educativa o la capacidad para condicionar ciertas leyes, pero pierde credibilidad evangélica. Sin embargo, la derecha más rancia, no necesita realmente el Evangelio. Sólo necesita sus símbolos: procesiones, cruces, tradiciones, referencias a la civilización cristiana, pero frecuentemente rechaza las enseñanzas más incómodas del cristianismo: la fraternidad universal, la acogida del extranjero, la crítica de la riqueza, la dignidad de los pobres, la misericordia o la obligación de reconocer a los demás como hermanos.
Estado e Iglesia. Iglesia y Estado. Son muchos siglos de convivencia a veces armónica, a veces conflictiva; de avances y de retrocesos. En el siglo XXI, no obstante, la Iglesia española puede que se encuentre ante una elección histórica: o bien continuar actuando como conciencia moral de la derecha política, interviniendo con dureza en cuestiones sexuales y culturales, sospechando del Estado social y adoptando el lenguaje de quienes consideran amenazante todo cambio; o puede recuperar la dimensión profética del cristianismo.
Ser profética no significa que pase a apoyar automáticamente a la izquierda ni a bendecir a ningún Gobierno. ¿Qué sentido tendría si la Iglesia sustituyera una dependencia partidista por otra? No está ahí su verdadera misión, sino que está en denunciar la corrupción venga de donde venga -incluso la propia-, defender a las víctimas, denunciar el racismo, cuestionar la idolatría del dinero, practicar la caridad con los pobres y recordar a los poderosos, a los propietarios y a ella misma, que ninguna patria está por encima de la dignidad humana.
La Iglesia tiene derecho a hablar. Pero tiene que tener muy claro desde dónde habla: desde los despachos cómodos y acondicionados o desde los caminos polvorientos y sucios por donde transitan los parias de la tierra; desde la cercanía a quienes mandan o desde la proximidad con los que sufren; desde la nostalgia de la España nacionalcatólica o desde las aperturas que impone el Evangelio.
Cristo no vino a asegurar los privilegios ni a bendecir el orden de los poderosos; tampoco vino para convertirse en consigna electoral, bandera partidista o argumento religioso al servicio de ninguna fuerza política. Vino a ponerse del lado de quienes no tenían poder: los pobres, los enfermos, los extranjeros, los despreciados y todos aquellos a los que la sociedad relega a su márgenes.
Tal vez Argüello debería repasar sus apuntes de teología cristiana, y una buena parte de la jerarquía española dejar de preocuparse por la pérdida de sus influencias para centrarse en algo más serio e importante: en qué momento la Iglesia se alejó tanto de aquel hombre de Nazaret al que dice representar.
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