23 de agosto de 2026
Hoy día, hay cuestiones en torno a Isabel Díaz Ayuso que comienzan a tomar cada vez más protagonismo. Lo significativo no es que las dudas procedan de la izquierda, sino que empiezan a aflorar incluso dentro del propio Partido Popular madrileño. No entre los principales dirigentes, que continúan cerrando filas públicamente en torno a ella, sino en un sector minoritario del partido que contempla con estupor la sucesión de errores de la presidenta. Se trata de antiguos dirigentes, cuadros desplazados y personas que nunca se identificaron plenamente con el estilo de Isabel Díaz Ayuso. ¿Hasta dónde puede llegar esa sucesión de errores sin que tenga consecuencias políticas? ¿Realmente esta mujer reúne las condiciones de seriedad, responsabilidad, cultura política, sensibilidad y respeto institucional que deberían exigirse a quien preside la Comunidad de Madrid?
Lo digo de una manera todavía más cruda:
¿Realmente esta “mamarracho político” debe ser presidenta de algo?
La expresión es dura. Deliberadamente dura. No se quiere caracterizar con ello a la persona en todos sus aspectos, sino que el calificativo se refiere a su comportamiento político. La idea es distinguir entre la persona privada y la figura pública: lo que se pretende calificar es una determinada manera de ejercer la política y de representar una institución. Una forma de llevar a cabo la presidencia basada, demasiadas veces, en la provocación, el enfrentamiento, la desmesura verbal, el insulto directo, la simplificación de problemas complejos y la conversión del debate político en un espectáculo. Esos comportamientos resultan impropios de la dignidad, la responsabilidad y la seriedad que deberían acompañar al cargo que ocupa. Ayuso parece olvidar que cuando habla no lo hace sólo en su nombre, sino en el de una institución que representa a millones de ciudadanos, muchos de los cuales no la han votado.
La cuestión no es que guste más o menos su ideología. Ni siquiera que sea de derechas. La democracia necesita una derecha democrática, competente y respetable exactamente igual que también necesita una izquierda democrática, competente y respetable. Ayuso tiene que entender todavía algo básico en política: el pluralismo exige adversarios, no enemigos; exige alternativas de gobierno, no descalificaciones a todo y desde el primer momento.
Por tanto, la verdadera cuestión no es el derecho de Ayuso a defender sus ideas conservadoras –derecho que, por supuesto, tiene-, sino si su manera de ejercer la presidencia está a la altura de la institución. La clave entonces radica en el ejercicio del poder con dignidad.
¿Acaso gobernar la Comunidad de Madrid consiste en protagonizar cada día una bronca, inventarse enemigos, practicar el victimismo, lanzar ocurrencias, desafiar e insultar al Gobierno de España y a su Presidente, regocijarse con frases que se hagan virales en la redes?
La presidenta es hábil e, incluso, brillante en muchas de esas habilidades que acabamos de citar: la confrontación, la provocación, el dominio del titular y la capacidad para manejar el marco del debate. Pero es muy deficiente en el ejercicio institucional del poder. Confundir ambas cosas es uno de los grandes problemas de la política de nuestros días porque se termina premiando con el voto a quien domina el espectáculo, más que a quien administra lo público de manera eficaz y competente.
Madrid no es un plató de televisión. Madrid no es una cuenta de X. Madrid no es el patrimonio particular de Isabel Díaz Ayuso. Madrid es una comunidad de casi siete millones de ciudadanos cuya presidenta tiene la responsabilidad de administrar hospitales, colegios, universidades, residencias de mayores, carreteras, servicios sociales y miles de millones de euros de dinero público.
Cuando se contempla la trayectoria de Ayuso en su conjunto, comienza a aparecer algo mucho más inquietante que solo una sucesión de errores aislados. Aparece una forma de entender el poder. No se trata de que pronuncie una frase desafortunada –todos los políticos lo hacen-, de una polémica mal gestionada o de una decisión discutible. Lo que preocupa es la repetición del mismo esquema: la personalización de la institución, la conversión de cualquier crítica en una agresión a su persona, desplazar las responsabilidades hacia otros, proteger políticamente a los que forman parte de su entorno y a renunciar a dar explicaciones públicas lo cual sustituye por la confrontación.
Todo eso no es sólo un comportamiento anecdótico. Es su forma de gobernar.
Entramos ahora en un terreno especialmente importante: Ayuso posee una vara de medir verdaderamente peculiar en el aspecto moral.
La severidad de sus juicios y opiniones cambia de manera llamativa según a quién afecten las sospechas. Cuando afectan al PSOE, al Gobierno de España o a cualquier adversario, convierte rápidamente cualquier investigación, información periodística o una mera sospecha en una exigencia absoluta e inmediata de responsabilidades. Pero cuando las sospechas recaen sobre su hermano, su pareja o personas de su círculo más próximo, todo cambia. Entonces no duda un instante en reclamar prudencia, afirmar que es objeto de una persecución y exigir lo que no hace para con los demás: la presunción de inocencia.
Ahí reside una gran contradicción: la presunción de inocencia no puede ser un privilegio «reservado a los nuestros«, sino un principio aplicable a todos, incluidos los adversarios. De igual manera, la responsabilidad política no puede exigirse de manera feroz al adversario político y desaparecer mansamente cuando las controversias alcanzan al propio entorno.
Recordemos el caso de su hermano, Tomás Díaz Ayuso.
En plena pandemia, la Comunidad de Madrid adjudicó por procedimiento de emergencia un contrato de 1,5 millones de euros a Priviet Sportive, para suministrar 250.000 mascarillas. Esta empresa era propiedad de un amigo de la familia Díaz Ayuso, Daniel Alcázar Barranco. El hermano de la presidenta, Tomás Díaz Ayuso, trabajaba comercialmente para la citada empresa en operaciones relacionadas con material sanitario, y obtuvo una remuneración de 55.850 euros, más IVA, por las gestiones realizadas para conseguir el material en China y trasladarlo a Madrid. La existencia de esos pagos a su hermano fue reconocida por la propia presidenta. Posteriormente, la Fiscalía Anticorrupción detectó otros pagos superiores de la empresa Priviet a Tomás Díaz Ayuso por otros trabajos y gestiones. En concreto, este último recibió de Priviet 234.203,52 euros.
Es cierto, y también hay que decirlo, que no se encontró delito y que las investigaciones se archivaron; tampoco se acreditó que Isabel Díaz Ayuso hubiera intervenido en la adjudicación.
Pero, precisamente por eso, la cuestión a la que nos referimos no es penal, sino política y moral. ¿Habría mostrado Ayuso la misma prudencia, la misma defensa de la presunción de inocencia y el mismo rechazo de las responsabilidades políticas si quien hubiera obtenido el beneficio económico hubiera sido un familiar de Pedro Sánchez? ¿Habría considerado Ayuso que se archivara judicialmente el asunto si el hermano hubiera sido el de Pedro Sánchez? ¿O habría seguido reclamando responsabilidades políticas aunque no existiera delito?
Aquí radica su miseria moral: la cuestión no radica en acusarla de un delito que ni siquiera existió; la cuestión es confrontar el criterio moral que aplica a los suyos, con el que suele aplicar a sus adversarios. Estoy hablando de ética política.
Además, lo extraordinario del episodio del hermano de Ayuso no fue sólo el contrato adjudicado por la Comunidad de Madrid, ni el dinero que él cobró de la empresa beneficiaria. Lo verdaderamente revelador fue comprobar qué ocurrió cuando Pablo Casado -entonces presidente nacional del Partido Popular- decidió pedir explicaciones acerca del negocio del hermano de la presidenta. Casado sostuvo públicamente que no estaba formulando ninguna acusación de corrupción, sino solo preguntando si era políticamente aceptable que, en los dramáticos momentos de la pandemia, el hermano de la presidenta obtuviera un beneficio económico derivado de relaciones comerciales con una empresa contratada por su Gobierno. También planteó que, aunque no hubiera delito, podía existir un problema de ejemplaridad pública.
«Yo no permitiría que un hermano mío cobrara 300.000 euros por un contrato adjudicado por mi Consejo de Gobierno» (Declaraciones de Pablo Casado el 18 de febrero de 2022 en una entrevista en la COPE)
Las consecuencias fueron sorprendentes: el cuestionado no fue Ayuso, sino el propio Casado. La presidenta denunció que la dirección nacional del PP actuaba de manera injusta contra ella. Curiosa manera de depurar responsabilidades.
Pablo Casado pidió explicaciones sobre los cobros del hermano de Ayuso y planteó una cuestión de ejemplaridad política. La respuesta fue una guerra abierta dentro del PP. En pocos días, los barones territoriales le retiraron el apoyo, miembros de su propia directiva dimitieron, miles de militantes se concentraron ante la sede del partido reclamando su marcha y Casado se vio obligado a convocar un congreso extraordinario y abandonar el liderazgo. El asunto del hermano de Ayuso se disolvió como un azucarillo y pasó a un segundo plano; Isabel Díaz Ayuso salió políticamente reforzada y Casado, el único que había pedido explicaciones, terminó fuera de la política.
La situación de Alberto González Amador, pareja de la presidenta, también merece atención.
De entrada, es obligado introducir una precaución jurídica imprescindible: podemos confeccionar una crítica política, pero a día de hoy no podemos atribuir a Alberto González la condición de delincuente porque no existe todavía sentencia condenatoria y tenemos que mantener su presunción de inocencia.
Lo cierto es que en agosto de 2026, la pareja de Ayuso está pendiente de juicio por dos presuntos delitos fiscales y falsedad documental. La jueza ha ordenado el señalamiento de la vista oral. A diferencia de lo que suele hacer Ayuso, tenemos que respetar una garantía básica del Estado de Derecho: toda persona investigada, procesada o incluso enviada a juicio no se convierte automáticamente en culpable. Sólo le corresponde a un tribunal la facultad de establecer esa condición después de escuchar a todas la partes en juicio y valorar las pruebas.
Ahora bien, respetar la presunción de inocencia no equivale a fingir que no ocurre nada con este sujeto. González Amador no está ante una denuncia periodística, política o mediática. Irá a juicio porque la justicia ha determinado que existen elementos suficientes para que los hechos sean examinados en una vista oral. La causa se refiere a un presunto fraude fiscal de alrededor de 350.000 euros percibidos mediante facturas supuestamente falsas.
La presidenta, con una actitud reiteradamente hipócrita, no ha mostrado ningún tipo de autocrítica pública acerca del caso que afecta a su pareja. Más bien, se desvincula personalmente del asunto y presenta la investigación judicial como una nueva operación dirigida contra ella. Cuando estalló el caso, en 2024, negó que existiera el fraude tal y como se estaba contando y afirmó que era Hacienda quien debía a González Amador unos 600.000 euros y sostuvo que estaba sufriendo una inspección «salvaje» y una «persecución política«. Al poco tiempo se supo que fue precisamente el abogado de su pareja el que había propuesto a la Fiscalía un acuerdo por el que González Amador reconocía la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública, por el Impuesto sobre Sociedades de 2020 y 2021 y asume su autoría como administrador único de la empresa «Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos«, aceptando como cantidad defraudada la establecida por Hacienda: 350.951 euros.
Pero Ayuso sigue en su misma línea en 2026. Recientemente, por ejemplo, ha afirmado que las «cloacas» del Gobierno estaban utilizando la contabilidad de su pareja para perjudicarla personalmente. Según la lógica paranoide o persecutoria que adopta con frecuencia Ayuso, se trataría de una operación de Estado contra su persona.
Lo que llama la atención no es que Ayuso defienda a su pareja -algo comprensible- sino que, tras haberse implicado en su defensa negando públicamente aspectos fundamentales de la acusación, no haya realizado la menor autocrítica cuando dichos aspectos que ella había considerado falsos, han quedado perfectamente acreditados por la documentación que se ha conocido.
Por tanto, y diga lo que diga Ayuso, su pareja ya no es simplemente alguien que está investigado. Es una persona enviada a juicio y eso no es un rumor, ni es un tuit, ni una invención de Pedro Sánchez. Es un procedimiento judicial con todas las de la ley y González Amador no es un «pobre ciudadano» que está perseguido por el aparato del Estado.
Gonzalez Amador también ha asumido el relato victimista. Ante el Tribunal Supremo llegó a sostener que «todo el cuerpo fiscal iba a por mí» y que había sido convertido en el instrumento con el que atacar políticamente a su pareja. Se presentó como una persona destruida jurídica, económicamente y socialmente por el aparato del Estado. «O me voy de España o me suicido«, llegó a afirmar aludiendo a su condición de víctima perseguida por el Estado.
Isabel Díaz Ayuso, junto a su pareja y otro siniestro personaje, Miguel Ángel Rodríguez, terminarían por compartir una misma estructura narrativa: para ellos, cuando ocurre algo que pueda afectarles política o judicialmente, se trata siempre de una persecución.
Volvemos a preguntar: ¿qué estándar moral aplica esa mujer a los demás y cuál se reserva para sí misma?
Sin comentarios…
Después está Miguel Ángel Rodríguez. MAR
Este hombre ha sido presentado durante años como el gran genio o artífice comunicativo que protege a Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, tal vez la calificación más adecuada sería la de propagandista.
¿Por qué? Porque la comunicación democrática parte de unos hechos y trata de explicarlos, defenderlos o interpretarlos. Sin embargo, la propaganda funciona de otra manera: primero se decide cuál es la conclusión que se quiere imponer y después se retuercen o reordenan los hechos para llegar a ella.
Cualquier gobierno puede defender sus decisiones, destacar sus éxitos, minimizar sus errores y tratar de convencer a los ciudadanos. Todo eso forma parte del juego político. Pero lo que no puede hacer, o al menos no se debería hacer, es convertir la verdad de los hechos en algo que se moldea según las necesidades o intereses del momento y comunicar la acción de gobierno sustituyendo la realidad por un relato.
En el caso de la pareja de Ayuso encontramos un gran ejemplo. Cuando comenzaron a conocerse las dificultades fiscales y posiblemente judiciales Alberto González Amador, Miguel Angel Rodríguez difundió entre la prensa una versión muy concreta: que había sido la fiscalía la que había ofrecido inicialmente un acuerdo al novio de Ayuso y que ese acuerdo o pacto había sido frenado después por «órdenes de arriba«.
Ese «relato» era perfecto para los intereses del clan Ayuso: transformaba una investigación por presuntos delitos fiscales en una operación dirigida desde «arriba» contra la presidenta, que de esa manera se convertía en víctima de la persecución estatal. El foco ya no estaba en lo que podía haber hecho González Amador, sino en lo que supuestamente estaban haciendo desde arriba -es decir desde el gobierno de Pedro Sánchez- contra la pareja de Ayuso y, por extensión, contra ella misma.
Sin embargo, había un problema esencial: los hechos no coincidían con el relato tejido por Miguel Angel Rodríguez. De hecho, cuando ante el Tribunal Supremo, MAR se vio obligado a explicar de donde procedía esa afirmación de «las órdenes de arriba» no presentó ninguna prueba, ningún documento, ninguna fuente fehaciente…. simplemente dijo que todo eso que dijo era una «deducción» personal.
Ahí está realmente el problema y el corazón de la actuación miserable y malintencionada del tándem MAR / Ayuso: claro que todo el mundo puede tener sus deducciones; que cualquier deducción puede convertirse en hipótesis, sospecha u opinión. Pero nunca puede convertirse ni comunicarse como un hecho cierto.
Miguel Ángel Rodríguez no es un tertuliano que se pueda permitir licencias en un programa de cotilleo, ni es un militante anónimo. Es el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid -cargo que sigue desempeñando en la actualidad- y su posición le confiere poder institucional. Ocupa ese puesto por voluntad de la presidenta y, por ello, habría que preguntarse:
¿Qué concepción tiene Isabel Díaz Ayuso acerca de la verdad cuando mantiene como principal estratega a alguien capaz de falsear los hechos y presentar como información «factual» algo que luego reconoce que solo ha sido una deducción personal?
MAR trabaja para la presidenta; la asesora; construye su estrategia; defiende sus intereses políticos y así será mientras ella decida mantener su confianza.
Por tanto, la presidenta es la que, en último término, está aceptando una lógica propagandística que consiste en renunciar a la verdad en favor de la eficacia de un relato siempre que se construye para sus propios intereses personales y/o políticos.
La filósofa Hannah Arendt supo identificar muy bien la fragilidad que actualmente tiene la verdad en el campo político. Se puede discutir sobre impuestos, sanidad, educación, libertad, nacionalismo, igualdad, etcétera, todo eso pertenece plenamente al debate democrático. Pero para poder discutir necesitamos previamente compartir ciertos hechos, tener un suelo común. Sin él, el debate democrático es, simplemente, imposible. Si cada sujeto fabrica su propia realidad, entonces la verdad no se impone. Se impone aquél que dispone de más medios o de altavoces más potentes para publicitarla.
Todo esto tiene mucho que ver con una degradación de la política que es propia de los tiempos contemporáneos: gobernar consiste cada vez menos en administrar la realidad y cada vez más en gestionar cómo se percibe esa realidad.
En definitiva, lo que veo es un tándem en el que la confrontación, el insulto, la manipulación del relato, la victimización permanente y una relación instrumental con la verdad, son los elementos esenciales del ejercicio del poder por parte de la presidenta, asesorada por un Miguel Ángel Rodríguez muy amigo de las «deducciones» y menos de los hechos ciertos.
MAR fabrica la munición comunicativa; Ayuso ejecuta la autoridad política. Cuando uno de los dos se equivoca o cruza una línea que no debe, el otro no lo corrige, sino que lo defiende. Un tándem político que está resultando eficaz a sus intereses, pero profundamente dañino para la democracia.
Y entonces, llegó el viaje a México
Tal vez, el viaje de Ayuso a México debería estudiarse en las facultades de Ciencias Políticas como ejemplo de cómo la imprudencia, la ideología y la sobreactuación, pueden convertir un viaje institucional en un conflicto innecesario.
Ayuso viajó a México en mayo de 2026. Lo hizo, no como historiadora o especialista en la conquista de América, ni tampoco como ciudadana particular. Viajaba como presidenta de la Comunidad de Madrid. Es decir, como una responsable institucional española que, aunque no tiene competencias directas en la política exterior del Estado, proyecta en el extranjero, de manera inevitable, una determinada imagen del España y de sus instituciones.
Ahora bien, México no es un escenario cualquiera para que una dirigente española ensaye alegremente su interpretación sobre la conquista. La relación entre México y España está cruzada por una historia tan antigua como compleja: conquista, violencia, alianzas indígenas, epidemias, evangelización, explotación, mestizaje, imposición cultural, intercambios y, finalmente, la aparición de una nueva sociedad que ya no podía reducirse ni a la España peninsular ni al mundo prehispánico.
Reducir todo eso a una gran «epopeya civilizadora» es absolutamente pobre. Como también lo sería reducirlo a la irrupción de unos españoles malvados que destruyeron un mundo indígena armónico.
Cortés fue conquistador, político, estratega y responsable de una empresa que fue acompañada de una violencia brutal. Pero no olvidemos que no conquistó México con unos cientos de españoles capaces de someter a varios millones de indígenas. Sin las alianzas con miles de indígenas enemigos de los mexicas, la conquista hubiera sido imposible. Por eso, Claudia Sheinbaum tampoco tiene el monopolio de la verdad histórica: el Estado mexicano ha construido durante generaciones su propia narración nacional de la conquista y esa narración puede contener simplificaciones, silencios e interpretaciones políticas del pasado.
Pero todo esto no salva a Ayuso. Más bien agrava su imprudencia y su desconocimiento.
Entrar en un territorio históricamente controvertido obliga a un dirigente institucional a comprender esa complejidad antes de utilizarla como escenario para una batalla ideológica contemporánea. Participó en un acto denominado «Celebración por la Evangelización y el Mestizaje en México: Malinche y Cortés». En él defendió los cinco siglos de relación entre España y México bajo categorías como «esperanza», «alegría», «alianzas», «cinco siglos de amor, no de odio»…
Ahí aparece su desconocimiento histórico y su cortedad intelectual: cinco siglos de historia no se pueden resumir en cinco siglos amorosos. Del mismo modo, tampoco podrían resumirse con honestidad como cinco siglos de odio. Hubo amor, mestizaje, intercambios y una extraordinaria creación cultural que pertenece simultáneamente a españoles, mexicanos y al conjunto del mundo hispánico. Pero también hubo conquista, matanzas, explotación, imposiciones, jerarquías y destrucción de culturas.
Reconocer todo eso no significa ir en contra de España. Significa, simplemente, conocer la historia.
Pero el interés de Ayuso no era el conocimiento de la historia, sino convertir una vez más una cuestión extraordinariamente compleja en una dicotomía moral muy simple: mestizaje o discursos del odio (no es la primera vez que recurre a este tipo de dicotomías: libertad o socialismo; Madrid o sus enemigos; España o quienes reniegan de ella…).
Pero entre «mestizaje o discursos del odio», existe un territorio inmenso llamado historia. Y la historia exige menos actos espectaculares y algo mucho más sencillo: estudiar. Pero eso a Ayuso le importa más bien poco, o nada. Su interés era pasar ante el mundo como una dirigente española valiente capaz de enfrentarse sin complejos a la izquierda latinoamericana, reivindicar la Hispanidad, combatir la leyenda negra y defensora de una España que no ha de pedir perdón.
El ridículo fue notorio y no tardaron en aflorar las críticas y los conflictos alrededor de su presencia. Y, como siempre, apareció la víctima en que se convierte sistemáticamente Ayuso cuando las cosas no funcionan como desea: aseguró que existía un clima de boicot impulsado por la presidenta mexicana, Sheinbaum. Afirmó que el gobierno mexicano amenazó con cerrar el hotel donde iban a celebrarse los «Premios Platino» si ella acudía a la gala. El hotel negó haber recibido esas presiones. Una vez más, su presunta valentía se transforma en mentiras y en victimismo. A su vuelta a España, los bulos y falsedades continuaron: declaró que había estado en situación de «peligro extremo» y, cómo no, acusó al gobierno mexicano y al de Pedro Sánchez de haberla puesto en peligro a ella y a su séquito.
¿Por qué ocurrió todo aquello? No porque México atacara inesperadamente a la presidenta madrileña, sino porque ella decidió voluntariamente, en el curso de una visita institucional, meterse en una disputa histórica, cultural e ideológica muy sensible para el país que visitaba. Su visita fue la representación de todo un modo de hacer política: se escoge un terreno, se provoca el enfrentamiento, se simplifica el conflicto y se divide el mundo entre quienes están con nosotros y quienes están contra nosotros.
Y, en esa división, siempre existe algo que la convierte en víctima: Sánchez, la izquierda, los periodistas, los fiscales, los independentistas, el gobierno mexicano, los que cuestionan la actuación de su pareja, los que discuten su interpretación de la historia…
Una presidenta autonómica española viajando a uno de los países cultural e históricamente más importantes para España, provocando un conflicto innecesario, simplificando quinientos años de historia y regresando después convertida, cómo no, en víctima. Siempre víctima. Siempre alguien persigue a Ayuso. Quizá algún día habría que considerar otra posibilidad: que a veces ella, simplemente, se equivoca.
Me da vergüenza de que usted sea mi presidenta.
Mientras Ayuso libra guerras culturales, los madrileños continúan necesitando médicos.
La crisis de la Atención Primaria en la Comunidad de Madrid no es de ayer, ni tampoco surge como una campaña política contra la presidenta. Es una crisis que tiene historia y que tiene datos.
Por eso, una crítica seria a la política sanitaria de Ayuso ha de empezar precisamente por reconocer los datos que son favorables a su Gobierno. ¿Qué datos son? El presupuesto sanitario de Madrid ha aumentado. Para 2026, la Comunidad destina unos 11.000 millones a Sanidad, un 5,3% más que el año anterior. La Atención Primaria recibe 2.900 millones, un 10,4% más.
Por tanto, no puede sostenerse con seriedad que el Gobierno madrileño no gaste dinero en sanidad. Lo gasta.
Ni tampoco que todo funcione mal, porque no sería cierto. La crítica a Ayuso no puede consistir en negar aquello que funciona. Esa es la diferencia entre la crítica y la propaganda -que es precisamente el terreno en el que suele moverse Ayuso-.
La propaganda necesita que todo lo que hace el adversario es malo. Sin embargo, la crítica se pregunta si aquello que funciona podría funcionar mejor y, sobre todo, qué aspectos del sistema sanitario están funcionando deficientemente. Por eso, cuando se pasa de los grandes hospitales a la Atención Primaria y a determinadas prestaciones, el retrato sanitario es menos agradecido.
Lo primero que conviene es relativizar las cifras presupuestarias. 11.000 millones en Sanidad es una cifra impresionante. Pero Madrid tiene más de siete millones de habitantes y la relevancia está no sólo en lo que se gasta en términos absolutos sino cuánto se gasta en relación con la población y con las necesidades reales de asistencia sanitaria. En este sentido, los últimos datos, que corresponden a 2024, señalan que el gasto público sanitario de Madrid es de 1.779 euros por habitante, mientras que la media de las comunidades autónomas está alrededor de 1.957 euros por habitante. Madrid, por tanto, aparece en la parte baja de la tabla.
Tampoco debemos conformarnos cuando la Comunidad anuncia cada año un «presupuesto récord» porque hay que tener en cuenta algo elemental: al final, casi todos los presupuestos en términos nominales se convierten en presupuestos récord con el tiempo. Sencillamente por el incremento de la población, los salarios, la inflación o el coste de los tratamientos. Por eso, la cuestión decisiva no es si el presupuesto es el mayor de la historia, sino si es suficiente para atender adecuadamente a la población que tiene que atender.
Hay comunidades en España en las que el tiempo de espera para una consulta de Atención Primaria es menor que en la Comunidad de Madrid. ¿Qué opción tiene el ciudadano que intenta conseguir una cita con su médico de familia y descubre que la primera consulta libre no lo está hasta la semana siguiente? Puede esperar, puede acudir a urgencias o, si dispone de recursos, puede contratar un servicio privado o pagar por su cuenta una consulta particular.
Esto último abre un debate mucho más importante que cualquier discusión partidista: una sanidad pública puede seguir siendo «formalmente universal», pero se deteriora cuando las demoras van empujando progresivamente hacia la sanidad privada a todos aquellos que pueden permitírselo. No es necesaria una privatización jurídica del sistema para que se lleve a cabo una «privatización de hecho»: quien tiene dinero compra tiempo de atención; quien no lo tiene, espera. Así de simple.
Se da la circunstancia, además, de que Madrid tiene una de las mayores cifras de seguros privados de España. El propio sector de las aseguradoras estima que el 37,5% de la población madrileña disponía de seguro privado en 2024, frente a una media nacional del 26%.
Estos datos merecen una reflexión interesante: ¿qué parte de la decisión de contratar un seguro privado de salud obedece a la búsqueda de mayor comodidad y qué parte obedece a las crecientes dificultades de acceso básico al sistema público de salud?
Incluso, podemos fijarnos en otro indicador más revelador: las listas de espera de las consultas de especialistas. El propio servicio madrileño de salud decía que en Julio de 2026 había 668.000 pacientes en espera para una primera consulta. De ellos, 433.000 tenían asignada una cita más de 90 días después de la fecha de solicitud. MÁS DE CUATROCIENTAS MIL PERSONAS QUE ESPERAN MÁS DE 90 DÍAS PARA VER AL ESPECIALISTA.
No basta con tener magníficos especialistas o magníficos aparatos. Lo que importa de verdad es cuándo nos puede recibir el especialista o cuándo puede realizarse la prueba diagnóstica. Por eso, la atención primaria es tan importante. Porque es la puerta de entrada al sistema y donde debería detectarse precozmente una enfermedad antes de que el paciente se vea forzado a acudir a las urgencias hospitalarias.
¿Por qué una Comunidad con los recursos de Madrid -una de las regiones más ricas de Europa- no aspira a que un ciudadano consiga rápidamente su cita con el médico de familia, sea atendido por un especialista sin esperas desesperantes y pueda recibir dentro del sistema público todas las prestaciones sanitarias que legalmente le corresponden, incluida la del aborto?
Es normal que Ayuso defienda su gestión. Pero una presidenta debe saber explicar aquello que su Gobierno no hace tan bien y que preocupa a los ciudadanos y a los profesionales de la medicina.
Cuando un médico protesta porque su agenda es inasumible, no está atacando Madrid; cuando un ciudadano se queja porque tarda días en conseguir una cita médica, no está atacando Madrid; cuando una mujer pregunta por qué prácticamente todas las interrupciones voluntarias del embarazo se realizan en centros privados, no está atacando Madrid; cuando alguien quiere saber por qué se gasta menos por habitante que en otras comunidades, tampoco se está atacando Madrid. Simplemente se está ejerciendo la ciudadanía.
Ayuso debería saberlo. Debería dar explicaciones y no interpretar cada crítica como un ataque a su persona o a su gestión.
Algo parecido ha ocurrido con las universidades públicas
Durante años los responsables de las universidades públicas madrileñas han denunciado que el problema no era sólo disponer de menos dinero del deseado, sino algo más profundo: un modelo de financiación que no cubría adecuadamente el incremento real de sus costes.
Es cierto que todas las instituciones públicas tienden a querer cada vez mayores presupuestos. Siempre es posible encontrar algo adicional en lo que gastar más. Por eso, la simple reclamación de mayores recursos no significa por sí sola que exista una infrafinanciación.
Pero el problema de las seis universidades públicas de la Comundad de Madrid –Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá de Henares, Carlos III y Rey Juan Carlos– era distinto. Su denuncia conjunta es que llevaban muchos años perdiendo capacidad financiera real. Los rectores hablaban de una infrafinanciación crónica tras quince años sin subida real, además de la necesidad de inversiones en infraestructuras que necesitaban renovación. El Gobierno de Ayuso conocía esas advertencias pero durante años no implementó una solución estructural capaz de corregir esa pérdida de financiación y garantizar que el sistema universitario público fuera sostenible. Lo que sí hizo la presidenta es que, mientras las universidades advertían de problemas financieros graves, desplazó parte del debate hacia la supuesta colonización ideológica de la Complutense: «Toda la izquierda tiene colonizada la Universidad pública Complutense de Madrid», afirmó el 14 de noviembre de 2024 en la Asamblea de Madrid.
La situación financiera se deterioró tanto que la Universidad Complutense de Madrid tuvo que solicitar, en julio de 2025, un préstamo de algo más de 34 millones de euros para salir al paso de sus problemas de tesorería.
Una paradoja difícil de entender: una universidad pública financiada principalmente por la Comunidad de Madrid, se tiene que endeudar con la propia Comunidad para afrontar sus necesidades financieras.
Las tensiones aumentaron con la nueva ley universitaria madrileña y por las malas relaciones entre el consejero de Educación, Emilio Viciana, y los rectores. En febrero de 2026 el consejero fue destituido y abandonaron sus puestos varias personas de su entorno -pertenecientes al grupo conocido como los «Pocholos»-.
Finalmente, en marzo de 2026 Ayuso y los rectores de las seis universidades públicas firmaron el primer modelo plurianual de financiación universitaria. Son 14.790 millones de euros para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2031 (6 años).
Bienvenido sea el acuerdo, aunque los rectores sigan considerando insuficiente la cantidad.
Las conclusiones que pueden obtenerse es que, Ayuso terminó resolviendo parcialmente un problema que había negado o minimizado durante años. El conflicto universitario no por tanto era simple propaganda o ataques de la oposición. Sí existía un problema real de financiación, de gestión y de relaciones institucionales. Si el acuerdo era posible en marzo de 2026, ¿por qué hubo que esperar a que las universidades llegaran a una situación crítica para alcanzarlo? ¿eso es gobernar con responsabilidad?
Señora Ayuso, gobernar no solo consiste en apagar el incendio cuando está a punto de quemar las casas, sino en no ignorar las señales de humo durante años.
Y hablando de incendios… llegaron
Madrid vivió este verano incendios de una gravedad extraordinaria. El gran fuego de la Sierra Oeste llegó a ser descrito como el peor de la historia de la Comunidad y los propios bomberos alertaron sobre las carencias de inversiones en prevención y limpieza forestal.
Aquí tampoco conviene, ni quiero, hacer demagogia. Ningún responsable ni gobernante puede impedir todos los incendios. Las condiciones meteorológicas fueron extremas y los equipos de emergencia trabajaron en situaciones muy difíciles. Participaron decenas de medios regionales, la UME, medios estatales y apoyo de otras comunidades. Sería miserable responsabilizar personalmente a Ayuso de cada hectárea quemada.
Pero gobernar no consiste solamente en llegar después a hacerse fotografías delante de los árboles quemados. Gobernar significa prevención; limpieza forestal; ordenación territorial; personal suficiente; medios; planes preparados antes del verano; y asumir que el cambio climático es una certeza científica que está convirtiendo los incendios en fenómenos cada vez más violentos y que la prevención tiene que ocupar ya un lugar central en las políticas públicas.
Eso es gestión, señora Ayuso…. pero usted parece más preocupada de confrontar con Pedro Sánchez y de posicionarse como víctima ante cualquier crítica.
Y por si todo lo anterior no fuera suficiente, aparece un ático.
No se trata de un apartamento cualquiera, sino de un inmueble en el barrio de Chamberí, adquirido por 6,3 millones de euros por una empresa pública de la Comunidad de Madrid.
Esa operación fue explicada como una posible ubicación temporal para la oficina presidencial durante unas obras futuras en la Real Casa de Correos. Eso sí, la compra no se explicó públicamente cuando se realizó, sino que las explicaciones llegaron cuando el diario El País destapó la operación. Sin embargo, la documentación y las explicaciones públicas dejaron numerosas dudas y cuestiones abiertas.
Mientras la vivienda es una de las mayores angustias de miles de madrileños, un ático de seis millones, aunque sea jurídicamente legal su compra, no deja de ser una obscenidad política.
¿Por qué? Porque mientras un joven madrileño necesita años de salario para imaginar siquiera la compra de una vivienda, una empresa pública compra un ático millonario cuya necesidad no se explica suficientemente y en una operación llevada a cabo con opacidad. Comprar un ático de lujo de casi quinientos metros cuadrados exige una justificación impecable. Y aquí ocurrió lo contrario: los ciudadanos estaban ajenos a esa compra hasta que fue descubierta por la prensa.
Finalmente se anunció su venta.
Después aparece Miguel Angel Rodríguez. No porque sepamos que participara en la compra, sino porque cuando la operación comienza a ser difícil de explicar pone en marcha el mecanismo habitual del ayusismo: ya no se discute por qué una empresa pública gastó 6,3 millones en un ático que no podía utilizarse para la finalidad que inicialmente se dijo, sino que el foco se deriva a los enemigos de Ayuso, a los incendios, a Pedro Sánchez, a las vacaciones de los miembros del gobierno o a la supuesta persecución de la vida privada de la presidenta.
La mamarrachada de Ayuso empieza a resultar demasiado conocida.
Llegados a este punto, podemos intentar un ejercicio de recapitulación: el hermano, la pareja, el jefe de gabinete, el ático, los contratos, los viajes, la universidad, la sanidad, los incendios.
En esa recapitulación tal vez encontremos el verdadero hilo conductor: una determinada concepción y ejercicio del poder. Una concepción en la que la institución y la persona que la ocupa se confunden peligrosamente. Ayuso no aparece simplemente como la presidenta de Madrid, sino que la Comunidad parece haberse convertido en un «escenario» al servicio de su interés político. Cualquier acto institucional puede ser utilizado como base para la confrontación política y cualquier crítica autonómica termina convertida en ataques a Sánchez. Miguel Ángel Rodríguez es el encargado de que cualquier crisis encuentre rápidamente un culpable alternativo.
El tándem Ayuso/MAR lleva años consiguiendo algo inexplicable, pero cierto: que cada vez que aparece un problema que afecta a Madrid, consiguen que se termine hablando de otra persona. Del hermano de Ayuso, acabamos hablando de Pablo Casado; de González Amador, acabamos hablando del fiscal general; de Madrid, acabamos hablando de Sánchez; de la visita a México, acabamos hablando de Sheinbaum; del ático, han intentado que hablemos de las residencias y de las vacaciones de los ministros…
Siempre hay otro culpable.
Quizá ya es el momento de fijarse directamente en la gestión de Ayuso, sin Sánchez, sin comunismo, sin ETA, sin Venezuela, sin Sheinbaum, sin fiscales, sin MAR, y preguntarle directamente:
¿Qué ha hecho usted con Madrid? ¿Qué ha hecho usted con la sanidad y con la universidad públicas? ¿Qué hizo su gobierno durante los años anteriores a los grandes incendios para mejorar la prevención? ¿Qué ocurrió realmente en México? ¿Por qué una empresa pública compró un ático de 6,3 millones de euros? ¿Por qué mantiene a Miguel Angel Rodríguez tras sus campañas de desinformación? ¿Por qué exige responsabilidades inmediatas a los familiares de sus adversarios mientras que cualquier investigación que afecta a su entorno es una persecución?
El «mamarracho político» aparece cuando el personaje domina y se impone al gobernante; cuando provocar importa más que gobernar; cuando ganar el titular de cada día importa más que explicar las decisiones que se toman; cuando destruir al adversario importa más que la dignidad de la institución que se representa; cuando la verdad depende de quién es el que consigue imponer antes su relato; cuando cualquier crítica se transforma en persecución; cuando cualquier error termina siendo culpa de otro; cuando el poder considera que no necesita rendir cuentas porque se ampara en su legitimidad electoral.
Así es como Ayuso entiende la democracia: como espectáculo, bronca, escenario, enemigos, asesores que inventan realidades.
Señora Ayuso: las urnas le han concedido un poder legítimo, pero no la garantía de llevar siempre la razón. Tampoco le conceden impunidad, superioridad moral ni el derecho a transformar la mentira en verdad. Y, desde luego, ejercer con arrogancia no es una forma superior de inteligencia.
Una comunidad de siete millones de personas merece seriedad institucional, cultura, sensibilidad, transparencia, respeto por la verdad y responsabilidad ante los propios errores. No una agitadora al frente del Gobierno.
Mariano Gómez
Espacio de reflexión 
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