La última estupidez de Ayuso
Hay frases que pretenden denunciar un peligro y terminan revelando otro: el desprecio por la medida, por los hechos y por las palabras. Isabel Díaz Ayuso afirmó en televisión que España es una democracia, pero en la que «se nos ha colado un dictador en el sistema». Se refería a Pedro Sánchez. Y, al hablar de la acampada de la Puerta del Sol, atribuyó a la izquierda un complot para perpetuarse en el poder y «seguir quemando las calles».
Eso no es una crítica política seria. Ni siquiera alcanza a ser crítica política, porque la presidenta de Madrid no tiene talla para ello. Es una acusación de enorme gravedad lanzada sin pruebas que la sostengan. Llamar dictador al presidente del Gobierno no convierte automáticamente a nuestro país en una dictadura, ni demuestra que exista un plan para acabar con la democracia. Solo convierte una discrepancia política en una caricatura alarmista. Y cuando una dirigente con responsabilidades institucionales degrada de esa manera el lenguaje, no está protegiendo la democracia: contribuye a vaciar de significado sus palabras.
La acampada de Sol no surge de la nada ni necesita una explicación que esté basada en una conspiración. Se levantó después del desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años, y en medio de una crisis de vivienda que lleva años expulsando a jóvenes, trabajadores y familias de sus barrios.
La imagen de una anciana frente a un desalojo hizo visible la inseguridad que padecen muchos ciudadanos que, sin embargo, no salen en las noticias. ¿El motivo? Pagar un alquiler cada vez más alto, no encontrar casa o temer perder el hogar de un día para otro.
La movilización consiguió algo: que Maricarmen pudiera regresar a su vivienda y empujó al Gobierno a aprobar dos decretos de urgencia sobre vivienda. Eso no convierte a quienes acampan en un arma secreta de La Moncloa. Lo que consigue es algo más sencillo y democrático: situar un enorme problema -el de la vivienda- en el centro de la conversación pública y presionar a los gobernantes para que actúen. Que esas medidas sean suficientes, justas o viables debe discutirse en el Congreso y ante la ciudadanía. Pero debatirlas no exige inventar una conjura, como la que ha señalado esta idiota que tenemos de presidenta.
La contradicción llama más la atención cuando la acampada se examina en sus términos reales. La Comunidad de Madrid ha acudido a los tribunales para pedir que se desaloje, la plaza alegando que la Delegación del Gobierno no ha actuado. La Delegación sostiene que debe respetarse el derecho de reunión mientras se cumpla la ley. Corresponde a los jueces valorar si hay motivos para limitar la protesta.
Ese procedimiento, cuando hay instituciones que discrepan y se somete la resolución a un control judicial, pertenece precisamente a un régimen democrático, no dictatorial. Si Ayuso cree que se vulneran derechos o que hay infracciones, dispone de vías legales. De hecho, ya las está utilizando. Por tanto, no necesita anunciar un golpe de Estado imaginario para justificarlo.
El derecho de reunión no es ilimitado. Las molestias a vecinos y comerciantes deben tenerse en cuenta, sin duda; las amenazas, los daños o cualquier agresión deben investigarse y, si se prueban, sancionarse. La defensa de la protesta no implica idealizar cualquier tipo de conducta ni a dar por irrelevante cualquier problema. Pero tampoco es aceptable convertir incidentes concretos —si es que los hay— en una acusación global contra quienes reclaman vivienda digna, ni presentar una acampada como una conspiración para destruir España (esa es la cantinela recurrente de la derecha-ultra derecha).
Llamar «dictador» a Sánchez mientras se participa en un programa de televisión; criticar libremente al Gobierno; acudir a los tribunales y reclamar que los jueces decidan, no es una precisamente una prueba de dictadura (como tampoco lo es llamar hijo de puta al presidente). Es, justamente lo contrario: la pervivencia de un régimen democrático de libertades que sigue funcionando.
Se puede censurar con dureza al presidente, discutir la separación de poderes y pedir elecciones. Todo eso está dentro del juego político. Pero lo que no se puede hacer con seriedad es pasar de esas críticas a la afirmación de que el presidente es un “dictador” y que la protesta ciudadana forma parte de un “complot”, sin aportar hechos que acrediten semejante relato.
Y ahí hay una ironía política difícil de esquivar: mientras Ayuso afirma que la izquierda prepara las calles para perpetuar a Sánchez, Junts ha rechazado los decretos de vivienda, dejando sin efecto medidas que pretendían responder a los desahucios y a la prolongación de los contratos de alquiler. Puede criticarse la estrategia del Gobierno y también preguntarse por qué aprobó a última hora unos decretos sin los apoyos necesarios. O por qué estas iniciativas no se presentaron antes. Pero el voto de Junts y la aritmética parlamentaria son explicaciones públicas y comprobables del bloqueo. No es necesario recurrir a la existencia de ninguna conspiración.
En todo caso, la palabra «dictadura» nunca debe ser un adorno retórico que se utilice en una entrevista; ni tampoco un insulto útil para contentar a los propios seguidores. Es un término muy serio y grave que se refiere a la supresión de libertades, a la persecución de la oposición, a la ausencia de controles reales sobre el poder, a la represión y al pensamiento único. Cuando Ayuso lo utiliza para referirse a un gobierno con el que está radicalmente enfrentada, en el fondo está despreciando las traumáticas experiencias de todos aquellos que han vivido bajo una “dictadura real” e ignora los peligros verdaderos que toda dictadura entraña.
Ayuso puede discrepar del Gobierno, defender la propiedad, oponerse a las medidas de vivienda y exigir que se protejan los derechos de los comerciantes y de los residentes. Todo eso forma parte de la discusión democrática. Pero llamar dictador a un adversario político y describir como complot una protesta social, no es ofrecer argumentos ni alternativas: es sustituir los hechos por un miedo inexistente porque, en todo caso, el miedo tiene su origen en todos aquellos que, con sus políticas, combaten las libertades y dificultan el derecho de muchos ciudadanos a disponer de una vivienda asequible y digna desde la que puedan organizar sus vidas.
La política necesita confrontación, sí; pero necesita también responsabilidad para no presentar cada desacuerdo como una amenaza existencial.
En la Puerta del Sol se ha asentado una reclamación que sigue esperando respuestas: “que un joven pueda encontrar su vivienda y hacer de ella su hogar; que trabajar no condene a nadie a vivir con miedo a perder su casa y que una persona mayor no tenga que convertirse en el símbolo de toda una crisis, para que la sociedad reaccione”.
La pregunta no es si detrás de esa indignación mayúscula se esconde un dictador o una conspiración; la pregunta es por qué ha hecho falta llegar hasta este punto para que la indignación salga a la calle….
Mariano Gómez
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