5 de octubre de 2026
Ya está bien, señora Ayuso: ¿hasta cuándo hemos de aguantar su conducta plagada de impertinencias, insultos y falsedades?
Isabel Díaz Ayuso ha aprovechado el anuncio de las elecciones generales del 29 de noviembre para atacar, una vez más -sin venir a cuento- a Pedro Sánchez. Afirma que «no es un demócrata» y lo compara con Nicolás Maduro: «Maduro también convocaba elecciones». La frase busca inocular una sospecha grave: que España puede seguir celebrando elecciones y, sin embargo, dejar de ser una democracia.
Convocar unas elecciones no convierte automáticamente a ningún gobernante en un demócrata. También es cierto que una votación, por sí sola, no garantiza que exista una democracia y que los regímenes autoritarios también pueden organizar votaciones. Pero lo decisivo aquí es si los ciudadanos pueden elegir libremente, si la oposición tiene posibilidades reales de competir y si el gobierno está sometido a las leyes y abandona el poder cuando pierde. Una democracia requiere de pluralismo político; de derechos reconocidos y protegidos por la legislación; de libertad de expresión; de medios capaces de fiscalizar la acción de gobierno; de tribunales independientes y de unos límites efectivos al ejercicio del poder.
España, sin duda, dispone de todas esas garantías, sin perjuicio de que es legítimo exigir que tales garantías se puedan mejorar. Hoy día, en nuestro país es una «absoluta idiotez decir que NO vivimos en democracia» porque hay elecciones libres, porque la oposición gobierna en Comunidades Autónomas y en Ayuntamientos, porque se puede criticar abiertamente al Ejecutivo en el Parlamento y fuera de él, y porque los partidos políticos tienen la posibilidad de concurrir a las urnas para disputar el poder al Gobierno. Además, los medios publican diariamente informaciones y opiniones contrarias al Gobierno y a su presidente; los tribunales investigan actuaciones que afectan al poder político y pueden dictar resoluciones contrarias a sus intereses; la ciudadanía se puede manifestar y expresar su rechazo al Gobierno, etcétera.
Todo esto es lo que permite distinguir una democracia y un régimen dictatorial o autoritario.
Por ello, comparar a Sánchez con Maduro es una majadería. Una más a las que nos tiene acostumbrados Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid, tiene perfecto derecho a cuestionar las decisiones de Sánchez, a denunciar posibles irregularidades y a reclamar responsabilidades. Pero la discrepancia política, por muy profunda que sea, no es motivo suficiente para negar la legitimidad democrática del adversario. Tampoco es motivo que el Gobierno decida permanece en su puesto: eso no es algo anti-democrático por el simple hecho de que a la oposición le gustaría que convocase elecciones.
Por tanto, las afirmaciones de Ayuso de comparar la democracia española con un régimen autoritario no tienen justificación alguna.
¿Qué pruebas aporta la presidenta de Madrid para afirmar que Sánchez no es demócrata? Absolutamente ningunas. En las declaraciones recogidas por el diario El País, no hay ninguna declaración de Ayuso que sirvan para sostener una acusación de semejante gravedad. No menciona hechos concretos que demuestren que el Gobierno impida a la oposición concurrir a las elecciones; tampoco señala que exista alguna prohibición a los partidos o vulneración de las libertades políticas que son propias de una democracia. Simplemente, «esparce la porquería y la falsedad» sin aportar ningún tipo de demostración.
Ayuso presenta sus descalificaciones políticas como si fueran un riguroso diagnóstico acerca de la realidad española. Sin embargo, no ofrece razón alguna que sustente dichas descalificaciones y, con ello, lo que genera es una alarma ciudadana que deteriora y ensucia el debate público. Es su forma, recurrente, de actuar en política de la cual muchos ciudadanos ya estamos hartos.
Diga las majaderías que diga Ayuso, lo cierto es que España celebrará una vez más elecciones generales, convocadas conforme a sus reglas constitucionales. La oposición va a concurrir sin ningún tipo de trabas; los partidos pueden criticar al Gobierno y no por ello son ilegalizados; los ciudadanos tienen absoluta libertad para decidir con su voto quién formará el próximo Gobierno del Estado.
Por si fuera poco, Ayuso ha pedido a los ciudadanos que «ni se les ocurra votar por correo«. ¿Puede haber mayor irresponsabilidad en sus declaraciones? No sólo siembra dudas sobre la limpieza de las elecciones generales –nuevamente sin aportar pruebas, como hizo su ídolo Donald Trump en su momento cuando se negó a reconocer la victoria del demócrata Joe Biden y el asunto acabó con el asalto al Congreso– sino que desde su puesto de responsable institucional trata de preparar a los ciudadanos para que desconfíen del resultado antes, incluso, de que se vote. Una cosa es exigir controles rigurosos en el voto y otra cosa es desaconsejar sin pruebas el voto por correo en una clara alusión a que dicho voto podría ser manipulado.
Y la pregunta es: ¿Esta mamarracha política puede ser una representante institucional en nuestro país?
Lo que venimos argumentando no quiere decir que nuestra democracia sea perfecta ni que el Ejecutivo sea ajeno a las críticas -de hecho no lo es-. Lo que significa es que las críticas deben apoyarse en hechos y hay que distinguir muy bien y con fundamento entre las deficiencias de nuestra democracia y la descalificación sistemática que llevan a cabo la derecha y la ultraderecha.
Ayuso no se limita a cuestionar decisiones concretas de Sánchez. Afirma que el «presidente no es demócrata» y dibuja un país al borde del totalitarismo y del desastre: junta referencias a los apagones, expropiaciones, hambre, invasiones del territorio, ataques a la libertad de expresión y supuestas amenazas de los «enemigos de España». Esta acumulación de desastres construye una imagen catastrófica en la que cualquier problema es interpretado apocalípticamente como un síntoma más del derrumbe de la democracia y del país: «España se rompe», e idioteces similares.
Un discurso así no enriquece ni informa acerca de problemas o de riesgos que se han verificado. Es un discurso acumulativo cuyo objetivo es sembrar la desconfianza y generar temor en el ciudadano. Todo es presentado por Ayuso como una «amenaza existencial»: el adversario político es el “enemigo” y la presidenta recurre a todo tipo de hipérboles, exageraciones y falsedades como si eso fuera una “obligación patriótica”.
Es singularmente preocupante la continua alusión de la «derecha ultra-derecha» a los «enemigos de España». ¿Quién decide qué ciudadanos, partidos o ideas, merecen esa etiqueta de «enemigos»? ¿Ayuso? ¿Abascal? ¿Feijóo? ¿Acaso no es lícito defender otro modelo territorial? ¿España no pertenece también a quienes piensan de otra manera?
Ayuso tiene derecho a ejercer una oposición dura; pero también tiene la responsabilidad de sostener sus acusaciones con hechos que puedan probarse. Afirmaciones de gravedad como que el presidente del Gobierno «no es un demócrata» o «insinuaciones sobre la limpieza del voto por correo», debería de justificarlas con el máximo rigor. De lo contrario, lo único que demuestran es la hostilidad y el odio que siente esta mujer, pero sin que quede acreditado en modo alguno que tales afirmaciones son verdaderas.
La democracia no se defiende proclamando que quienes gobiernan son demócratas solo cuando vencen los nuestros, o señalando que estamos en una dictadura cada vez que gobiernan los otros. Se defiende aceptando la alternancia, respetando el resultado de las urnas, protegiendo los derechos de quienes discrepan y discutiendo las decisiones públicas con argumentos. Si Ayuso considera que el Gobierno ha vulnerado una norma o debilitado una institución, que diga cuál, que aporte pruebas y que explique qué mecanismo democrático permitiría corregirlo. La mera acusación de que Sánchez «no es un demócrata», sin más pruebas, es una conducta indigna de una responsable institucional como Ayuso: su cargo le exige rigor, honestidad y respeto. Sin embardo, lamentablemente, ella se ha mostrado con mucha frecuencia irrespetuosa, insultante y partidaria del enfrentamiento y la polarización constante.
Que Sánchez haya convocado elecciones no le concede inmunidad política. Eso es algo meridianamente claro. Su gestión debe someterse a examen, como la de cualquier otro gobernante. Por la misma razón, también deben examinarse las políticas de Ayuso, sus decisiones, sus afirmaciones y su manera de ejercer la responsabilidad institucional. La presidenta de una comunidad autónoma no habla desde una tribuna cualquiera: sus palabras influyen en la confianza pública, en la imagen de la clase política y en la convivencia ciudadana. Por eso tiene una obligación especial de ser respetuosa, educada y veraz.
!Ya está bien! señora Ayuso. La discrepancia política es legítima; la crítica dura, también. Pero lo que no puede aceptarse es que cada desacuerdo con el Ejecutivo termine en una acusación personal o un insulto al presidente o en una acusación de dictadura. Tampoco es posible presentar continuamente conjeturas o suposiciones como hechos probados y alimentar el miedo que erosiona la confianza en las instituciones.
¿Hasta cuándo hemos de consentir que este tipo de personajes sigan degradando así el debate público? Frente a la exageración, pidamos respeto y pruebas. Frente al insulto político, argumentos. Y frente a quien agita la palabra «dictadura» como arma electoral, defendamos la democracia con hechos, derechos y respeto a las urnas.
Mariano Gómez
Reflexiones sobre las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso recogidas por El País, el 5 de octubre de 2026: «Ayuso: “Sánchez no es un demócrata. Maduro también convocaba elecciones”».
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