7 de octubre de 2026
Llegamos demasiado tarde
Hay historias que deberían avergonzar a toda una sociedad. No porque en ellas se haya cometido necesariamente una ilegalidad, sino porque revelan algo quizá más inquietante: que podemos cumplir los procedimientos, ejecutar las resoluciones, respetar formalmente los contratos y las normas y, a pesar de eso, producir una injusticia difícil de entender y soportar.
La historia de Maricarmen Abascal, sin duda, es una de ellas.
Maricarmen tenía 87 años. Había vivido durante más de siete décadas en el mismo piso del barrio madrileño de Retiro. Allí había transcurrido prácticamente toda su vida adulta. Aquella casa no era simplemente un inmueble ni una referencia en el catastro. Era el lugar donde había acumulado sus recuerdos, sus objetos, sus rutinas, sus afectos y toda una biografía entera.
El 23 de septiembre de 2026, después de años de litigios y de varios intentos anteriores, fue desahuciada.
Salió de su casa recostada en una camilla mientras centenares de personas trataban de impedir el lanzamiento y protestaban en la calle. Desde allí fue trasladada al Hospital Gregorio Marañón. Hoy hemos sabido que no volvería a salir de él para regresar a su hogar.
Hoy, 7 de octubre, hemos sabido que Maricarmen ha muerto.
Y por ello, todo lo sucedido durante estas dos últimas semanas adquiere ahora un significado mucho más grave y trágico.
Resulta relativamente sencillo hablar de la vivienda utilizando exclusivamente un lenguaje económico: “Oferta. Demanda. Rentabilidad. Precio del metro cuadrado. Seguridad jurídica. Contrato. Inversión. Mercado”.
Todas esas palabras describen una parte de la realidad. Pero no toda y, seguramente, ni siquiera la más importante.
Una vivienda es ante todo el espacio desde el que una persona organiza su existencia. Allí duerme, enferma, envejece, recuerda, celebra, llora. En sus habitaciones permanece la huella de quienes ya no están. Los muebles adquieren su historia propia atesorando cientos de detalles. La vivienda es también los vecinos, las calles del barrio o los comercios donde seguramente nos conocen por el nombre.
Por eso perder una vivienda, especialmente después de décadas, significa mucho más que perder el derecho a habitar unos metros cuadrados concretos: Perder la vivienda significa sufrir una ruptura biográfica.
En una persona joven eso puede ser ya una experiencia traumática. Pero a los 87 años, después de más de setenta viviendo en el mismo lugar, la dimensión humana del problema debería haber resultado evidente para cualquiera. Lamentablemente no ha sido así para algunos.
Maricarmen pagaba su alquiler. Percibía una pensión modesta y llevaba años intentando permanecer en aquella vivienda. El conflicto jurídico terminó resolviéndose en su contra y el lanzamiento fue finalmente autorizado. Desde una perspectiva estrictamente jurídica el desahucio podía ejecutarse.
Pero aquí comienza precisamente la pregunta que una sociedad democrática no debería evitar: ¿todo aquello que puede hacerse legalmente debe hacerse necesariamente de cualquier manera?
La pugna entre la “legalidad y la justicia” es una vieja cuestión filosófica.
Desde Aristóteles sabemos que ninguna norma general puede prever perfectamente todos los casos particulares. Por eso el filósofo griego hablaba de la epieikeia, la equidad: la necesidad de corregir la aplicación demasiado rígida de una norma cuando las circunstancias concretas hacen que su cumplimiento literal produzca un resultado contrario al espíritu de la justicia.
Veinticuatro siglos después seguimos enfrentándonos al mismo problema. La legalidad es indispensable. Sin leyes, contratos y seguridad jurídica no existe un Estado de derecho. Pero identificar automáticamente legalidad y justicia constituye un error.
Una sentencia puede establecer quién posee jurídicamente un inmueble. Otra cuestión muy distinta es qué debe hacer una comunidad política cuando la ejecución de ese derecho coloca a una persona anciana, vulnerable y con graves dificultades de movilidad fuera de la casa en la que ha vivido durante prácticamente toda su existencia.
No se trata de negar el derecho de propiedad.
Se trata de recordar que ningún derecho existe aislado del resto de la sociedad.
La propiedad debe ser protegida. Pero también debe serlo la dignidad humana. Y cuando ambas entran en tensión, corresponde a las instituciones encontrar mecanismos que sean capaces de evitar un resultado humanamente intolerable.
Eso es precisamente la política. O debería serlo.
El caso de Maricarmen produjo una reacción extraordinaria porque millones de personas comprendieron inmediatamente que aquella historia no les era completamente ajena.
No todas esas personas tenían 87 años ni todas estaban a punto de ser desahuciadas. Pero reconocían el miedo y la angustia:
Por eso Maricarmen dejó de ser solamente Maricarmen y se convirtió en símbolo. No porque su caso no fuera similar al de todos los demás, sino porque llevó hasta el extremo una pregunta que atraviesa nuestra sociedad:
El miedo y la angustia de jóvenes incapaces de abandonar la casa de sus padres porque los alquileres consumen buena parte de un salario. El de las familias que hacen cuentas para llegar a fin de mes y poder conservar su vivienda. El de los trabajadores que, aun teniendo trabajo, observan cómo el precio del alquiler crece mucho más deprisa que sus ingresos. O el de personas mayores que viven con el temor de que un cambio de propietario, la finalización de un contrato o una subida de la renta pueda expulsarlas del barrio donde han construido su vida.
¿puede considerarse verdaderamente digno un país en el que tener trabajo, pensión o ingresos regulares ya no garantiza poder adquirir o conservar una vivienda?
La conmoción y la indignación se extendieron.
Hubo manifestaciones. Hubo concentraciones. Hubo personas que decidieron permanecer en la Puerta del Sol, transformando nuevamente uno de los grandes espacios públicos de Madrid en lugar de protesta política. Todavía hoy continúan allí personas desahuciadas y ciudadanos que reclaman respuestas ante la crisis de vivienda.
Y entonces reapareció algo profundamente antiguo: la plaza como ágora.
Las plazas han sido desde la Antigüedad lugares donde las sociedades se contemplan a sí mismas. El ágora griega no era simplemente un espacio físico. Era el lugar donde la vida privada se convertía en una cuestión pública.
Algo semejante ocurre cuando ciudadanos que normalmente viven separados descubren que sus problemas individuales tienen una raíz común.
Mientras una persona piensa que no puede pagar el alquiler por cualquier circunstancia adversa, existe un problema privado. Pero cuando miles de personas descubren que les sucede algo parecido, aparece un problema público y político.
Eso ha ocurrido con Maricarmen. La Puerta del Sol se convirtió así, una vez más, en una especie de “ágora contemporánea”: un lugar donde ciudadanos muy diferentes se preguntaban en qué clase de sociedad vivimos y qué clase de sociedad construimos.
Y aquella movilización produjo algo todavía más revelador.
Cinco días
Maricarmen fue desahuciada el 23 de septiembre. Cinco días después, el 28 de septiembre, la empresa propietaria llegó a un acuerdo con sus representantes para permitirle regresar a su vivienda.
Participaron en la negociación la familia, su abogada, el Sindicato de Inquilinas y la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid. El acuerdo contemplaba un nuevo contrato de ocho años y una renta adaptada a sus ingresos, aproximadamente equivalente a la que venía pagando y que no superaría el 30% de su pensión.
Al día siguiente Maricarmen aceptó.
Desde el hospital dijo que estaba muy contenta y que volvería a casa cuando recibiera el alta. Sin duda, esa noticia produjo un alivio general. Pero también dejaba una pregunta incómoda que entonces ya nos formulamos: ¿por qué no se hizo antes?
Si cinco días después del desahucio fue posible sentar a las partes, negociar, introducir garantías, adaptar la renta y encontrar una solución aceptable para todos, ¿por qué fue necesario sacar antes de su casa a una mujer de 87 años? ¿Qué cambió durante aquellos cinco días?
Maricarmen era la misma anciana; Su situación económica no cambió radicalmente; La vivienda era la misma.
Lo que cambió fue otra cosa; Cambió la presión social: “Miles de personas estaban mirando”.
Y cuando una sociedad comienza a mirar con atención aquello que antes permanecía oculto muchas cosas que parecían imposibles empiezan de manera extraña a ser posibles.
Ese es uno de los aspectos más inquietantes de toda esta historia: la solución existía. Pero llegó después infringir un gran daño.
Existe una manera especialmente perversa de hacer política: actuar solamente cuando el sufrimiento alcanza un nivel capaz de aparecer en televisión. Esperar al desahucio. Esperar a las imágenes en las televisiones. Esperar a las protestas. Esperar hasta que la indignación ciudadana haga políticamente costoso continuar sin actuar.
Y entonces se negocia, se buscan recursos, se ofrecen alternativas y soluciones. Pero una política verdaderamente responsable debería hacer exactamente lo contrario: evitar que las personas tengan que convertirse en un símbolo para recibir ayuda.
La justicia no puede depender de que una cámara esté presente. Ni de que centenares de vecinos se concentren delante de una puerta. Ni de que miles de ciudadanos acampen en una plaza.
Hemos aprendido la historia y el nombre de Maricarmen, sin embargo existen otras personas cuyos nombres nunca conoceremos. Personas que pierden su vivienda sin periodistas alrededor. Familias que abandonan silenciosamente sus barrios. Jóvenes que aplazan indefinidamente su proyecto de vida. Ancianos que temen abrir una carta del propietario con las nuevas condiciones del alquiler. Trabajadores que destinan una proporción cada vez mayor de sus ingresos simplemente a pagar un techo.
La conmoción provocada por Maricarmen solo tendrá algún sentido si somos capaces de mirar también hacia todos esos desconocidos.
El artículo 47 de la Constitución española proclama el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y ordena a los poderes públicos promover las condiciones necesarias para hacerlo efectivo.
Jurídicamente sabemos que se trata de un principio rector de la política social y económica y que su configuración no equivale a la de los derechos fundamentales que son directamente exigibles.
Pero políticamente hay una pregunta que no puede resolverse mediante tecnicismos constitucionales: ¿qué significa proclamar durante décadas un derecho si para una parte creciente de la población su ejercicio real resulta imposible?
Un derecho que está muy alejado de las condiciones materiales necesarias que hacen posible poder ejercerlo, corre el riesgo de convertirse tan solo en una hermosa declaración.
Y las constituciones no deberían contener únicamente hermosas declaraciones. Deberían expresar compromisos colectivos realizables
La vivienda es quizá uno de los aspectos donde mejor puede medirse la distancia existente entre ambos mundos: el de los derechos proclamados y el de los derechos realmente vividos.
Naturalmente, España necesita más viviendas. Necesita aumentar la oferta allí donde existe escasez. Necesita ampliar enormemente el parque público de alquiler. Necesita seguridad jurídica para propietarios e inquilinos. Necesita movilizar viviendas vacías allí donde sea posible, impedir fraudes en los alquileres temporales, combatir situaciones abusivas y facilitar que construir vivienda asequible vuelva a resultar viable. Necesita alejar lo más posible a los especuladores de viviendas que las reducen únicamente a un bien económico sujeto a las leyes del mercado. La vivienda es mucho más que eso.
No puede ocultarse que es un problema complejo en nuestro país y sería irresponsable reducirlo a unos únicos culpables o creer en soluciones mágicas.
Pero reconocer esa complejidad no puede convertirse en una excusa para la inacción.
Mientras discutimos qué políticas necesitamos, las personas continúan envejeciendo, pagando alquileres, finalizando contratos y recibiendo órdenes de lanzamiento.
La política dispone de una enorme capacidad para discutir durante años cuestiones que para quienes las padecen tienen fecha y horas inmediatas, urgentes. Eso lo sabemos y, por desgracia, lo acabamos de visualizar muy carnalmente en el caso de Maricarmen.
En el fondo, el debate sobre la vivienda no trata solamente sobre vivienda. Trata sobre qué consideramos una vida digna. Trata sobre hasta dónde dejamos actuar al mercado. Trata sobre qué riesgos deben asumir exclusivamente los individuos y cuáles decide compartir la sociedad. Trata sobre la vejez. Sobre la vulnerabilidad. Sobre la propiedad. Sobre la solidaridad. Y, sobre todo, trata sobre nuestra capacidad para reconocer al otro.
El filósofo Emmanuel Levinas situó en el “rostro del otro” el origen mismo de la responsabilidad ética. Antes de elaborar teorías, antes incluso de preguntarnos qué nos exige una norma, tenemos que saber que delante de nosotros nos encontramos con otra persona cuya vulnerabilidad nos interpela.
Maricarmen convirtió durante unos días una abstracción —«el problema de la vivienda»— en un rostro vulnerable y concreto: una anciana de 77 años; Una mujer; Una casa; Una camilla; Una comisión judicial en la puerta.
Y quizá por eso su historia conmovió tanto. Porque su historia no solo formó parte de las estadísticas sino que tenía una voz y un rostro propios.
Habíamos escrito y celebrado que Maricarmen volvería a casa. Que quizá volvería a sentarse en algún rincón favorito de su hogar y sentiría el alivio de regresar al lugar que reconocía como suyo.
Pero nada de eso sucederá.
Maricarmen ha muerto.
Falleció hoy, 7 de octubre, a los 87 años, en el Hospital Gregorio Marañón, donde permanecía ingresada desde su desahucio. El acuerdo que debía permitirle regresar a su vivienda se llegó a alcanzar pero no pudo disfrutarlo.
Y ahora toda esta historia cambia.
Porque ya no podemos decir: «Al final se encontró una solución». No. No hubo un final feliz.
Hubo una solución administrativa, un acuerdo, un contrato posible. Pero Maricarmen, la persona para quien todo aquello tenía sentido murió antes de poder beneficiarse de él.
Debemos ser extraordinariamente prudentes.
No sabemos, salvo que exista una conclusión médica que así lo determine, en qué medida el proceso vivido influyó en su muerte. Sería irresponsable establecer una relación causal que no podemos demostrar.
Pero no necesitamos hacerlo para comprender la dimensión moral de lo sucedido.
Sabemos que Maricarmen tenía 87 años. Sabemos que estaba débil. Sabemos que fue desahuciada el 23 de septiembre. Sabemos que salió de su vivienda en una camilla y fue hospitalizada. Sabemos que unos días después apareció la solución que habría permitido que regresara. Y sabemos que murió antes de conseguirlo.
Todo eso es suficiente para formular la pregunta: ¿Era necesario llegar hasta aquí?
Porque ahora sabemos algo que convierte esta historia en especialmente dolorosa: lo que parecía imposible antes del desahucio resultó posible después; se pudo negociar; se pudo acordar una renta; se pudo firmar un nuevo contrato; se pudo encontrar una fórmula compatible con los intereses de las distintas partes.
Todo aquello pudo hacerse.
Pero se hizo tarde.
¿Y AHORA QUÉ?
Ahora vendrán probablemente las condolencias. Las declaraciones. Los homenajes. Quizá su nombre aparezca durante unos días en discursos, pancartas y artículos. Todo eso puede ser sincero. Pero no basta.
Porque la verdadera pregunta no es qué diremos sobre Maricarmen ahora que ha muerto. La verdadera pregunta es ¿qué haremos con todo lo que su historia dejó al descubierto?
Si dentro de unas semanas las tiendas de campaña desaparecen de Sol, las cámaras se marchan, los políticos encuentran otro asunto del que discutir y todo vuelve exactamente al mismo lugar, habremos convertido a Maricarmen en un símbolo pero habremos olvidado la razón por la que llegó a serlo.
Y esa sería una segunda injusticia.
La primera fue que una mujer de 87 años tuviera que abandonar la casa donde había vivido durante más de siete décadas.
La segunda sería que, después de todo aquello, y después de su propia muerte, nada cambiara.
Maricarmen, incluso hospitalizada, nos pidió que la lucha continuara. Su caso había dejado de pertenecerle exclusivamente a ella. Sabía que detrás de su puerta había muchas otras puertas y detrás de su miedo muchos otros miedos.
Está claro que no podemos convertirla en mártir ni utilizar su muerte de manera partidista. Pero tampoco podemos olvidar.
Al contrario: hay que recordar que las sociedades son juzgadas también por la manera en que tratan a quienes tienen menos capacidad para defenderse; que la dignidad no termina donde empieza un contrato; que una vivienda puede ser una propiedad, pero un hogar es algo mucho más profundo; y recordar, especialmente, que las soluciones políticas que llegan después de una tragedia son la demostración más dolorosa de que tenían que haberse buscado antes. Mucho antes.
Maricarmen no volverá a su casa. Esa imagen permanecerá mucho tiempo. Y ahora nosotros tendremos que decidir qué hacemos con su recuerdo.
Si dentro de unos meses todo continúa igual, habremos aprendido muy poco.
Si algún día otra persona anciana, otra familia o cualquier ciudadano que atraviese una situación semejante encuentra protección antes de ser expulsado de su hogar, quizá entonces la lucha de Maricarmen habrá dejado algo detrás de sí, aunque para ella ya no habrá reparación posible ni podremos regalarle que pasara los últimos días en su casa.
No podemos deshacer aquella mañana del 23 de septiembre. Solo podemos reconocer algo dolorosamente sencillo: llegamos tarde para Maricarmen.
La cuestión, desde hoy, es si también vamos a llegar tarde para los demás.
Mariano Gómez
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