25/10/26
Un editorial de El País publicado el 24 de octubre, sostiene que la extrema derecha, con la colaboración del PP, está atacando la «cultura crítica» y la libertad de creación, como ponen de manifiesto la cancelación de obras, los recortes a instituciones de memoria histórica y la censura de expresiones que son consideradas por el tándem «PPVOX» como «adoctrinamiento». Está ofensiva, que puede verse España y también en otros países, busca imponer una agenda autoritaria y constituye también una verdadera amenaza para la democracia.
La derecha española, en nombre de la libertad, parece que está dispuesta a cargarse hasta la propia libertad convirtiéndola en una consigna selectiva.
La palabra libertad es poderosa. La utilizamos frecuentemente como un concepto indispensable para defender nuestras ideas, nuestras decisiones o nuestra forma de organizar y vivir en sociedad. Sin embargo, una verdadera democracia queda puesta a prueba cuando protege, no sólo nuestra libertad, sino también la de todos aquellos que piensan de otra manera o forman parte de grupos que son minoritarios.
Por eso resulta legítimo, y sería un gran ejercicio de práctica democrática, preguntar al tándem «PPVOX», tan preocupado últimamente por defender la libertad frente a derivas ideológicas que son distintas de las suyas, si estarían dispuestos también a defenderla cuando las manifestaciones culturales, las reclamaciones de igualdad o de derechos, no se corresponden con su visión social, económica o política.
Tal vez no sea oportuno, ni justo, atribuir esa intencionalidad a toda la derecha, ni tampoco confundir a sus votantes con sus dirigentes. Pero sí es necesario examinar decisiones recientes y concretas adoptadas sobre todo por gobiernos autonómicos del «PPVOX», y preguntar si esas decisiones responden a un criterio universal de libertad o, más bien, al criterio de una libertad que queda reservada sólo para quienes comparten determinadas ideas.
La cultura bajo sospecha
Un ejemplo reciente lo encontramos en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. La Consejería de Cultura, dirigida por VOX dentro de un Gobierno de coalición con el PP, ha introducido en las bases para conceder ayudas al cine para 2026 una condición que excluye proyectos que impliquen «adoctrinamiento ideológico», «propaganda partidista» o apoyo expreso a opciones políticas concretas. Esta restricción –que limita el destino de las subvenciones– se incorporó al punto 10 del apartado cuarto de la convocatoria cinematográfica de 2026. Este es el redactado textual de dicho punto 10:
10. «Así mismo, el beneficiario deberá desarrollar las actividades subvencionadas con pleno respeto a los principios de objetividad, neutralidad institucional, pluralismo y servicio al interés general, por lo que no podrán destinarse los fondos públicos concedidos al amparo de esta convocatoria a actuaciones que impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas».
Más claro, el agua.
La cuestión no es que una Administración Pública trate de evitar que el dinero público se utilice como propaganda electoral. Eso puede ser razonable. La dificultad principal está en que en la orden de la Consejería de Cultura, no se detallan los criterios que permiten distinguir lo que es propaganda partidista, de las obras culturales que abordan asuntos políticos o sociales desde un punto de vista distinto.
¿Qué consecuencias tiene esta indefinición o ambigüedad? Pues que el criterio para interpretar algo como «adoctrinamiento» o «propaganda partidista» queda exclusivamente en manos de quienes tienen el poder de conceder las ayudas. Es decir, la valoración acerca de la concesión de ayudas corre el riesgo de depender de la afinidad ideológica de la obra, con la del que examina el proyecto.
En este punto hay que hacer una precisión importante: expresar ideas políticas no equivale a hacer propaganda partidista. Una obra cultural –una película, una exposición, una representación teatral, etcétera– puede denunciar desigualdades, tratar sobre la memoria de ciertos colectivos de víctimas o mostrar una discriminación, sin que por ello sea un instrumento al servicio de un determinado partido político. Confundir ambas cosas no es sólo es señal de una evidente cortedad de miras, sino que sirve en la práctica para excluir de las ayudas a determinadas obras culturales y establecer un cierto mecanismo de «control ideológico». La cultura realiza una interpretación de la realidad y de sus conflictos. Por ello, no se le puede exigir que deje de poner de manifiesto sus puntos de vista porque ello limitaría en gran parte su capacidad crítica. Eso, en modo alguno, es tarea de ninguna administración democrática.
Hay otra consecuencia que, tal vez, es más silenciosa: la autocensura. Es decir, algunos creadores -ante la incertidumbre- pueden evitar ciertos temas conflictivos, modificar un guion, o no exponer un determinado enfoque, por temor a quedarse sin financiación. El creador cultural no tiene porqué recibir una prohibición de forma expresa: es suficiente con que crea que abordar ciertos temas que no son del agrado de la derecha –la memoria histórica, la diversidad sexual o las desigualdades– puede perjudicar la solicitud y la concesión de ayudas económicas. En definitiva, lo que se produce es un cierto «empobrecimiento cultural» porque algunos proyectos dejan de presentarse o, incluso, de escribirse.
Por eso, puede hablarse de una forma de «censura encubierta»: el poder público condiciona lo que se puede producir, mediante el control de las condiciones de acceso a la financiación. Y, entonces, la cuestión es la siguiente: ¿se valora la calidad intrínseca de la obra cultural o, simplemente, que ésta resulte ideológicamente cómoda para quien gobierna? Una cuestión que queda abierta para la reflexión….
La controversia se ha producido, además, mientras una compañía teatral –Proyecto 43-2, dirigida por María San Miguel- ha denunciado ante la Fiscalía de Valladolid la cancelación de la obra «Federico. No hay olvido, ni sueño: carne viva», que reconstruye el contexto de la desaparición y asesinato del poeta granadino, abordando también la represión franquista y las exhumaciones del Barranco de Víznar. La representación estaba prevista para el día 24 de octubre de 2026 en la Sala Experimental del Centro Cultural Miguel Delibes, en Valladolid.
La entidad gestora de la sala, dependiente de la Consejería de Cultura, en manos de VOX, comunicó la suspensión alegando que debían realizarse obras inaplazables y mejora de las instalaciones. La compañía teatral, por su parte alegó que su función fue la única suspendida y que no recibió ni documentación suficiente ni propuesta para una nueva fecha de representación, sospechando que la cancelación tiene motivos ideológicos.
¿Se puede ser más irrespetuoso e intolerante con la libertad de creación? ¿Hasta cuándo hay que seguir sometiendo la memoria de un poeta extraordinario como Lorca a los vaivenes ideológicos del gobernante de turno? ¿Acaso la admiración por sus versos no debe ir también acompañada del reconocimiento público de la violencia fascista que acabó con su vida? ¿Su asesinato y el de tantos miles de personas, no merece ser recordado, investigado y representado libremente sin tener que contar con el permiso de los que gobiernan? La memoria de Lorca no debe entenderse como perteneciente a una facción política determinada: forma parte de la historia común y es bochornoso que una administración pública en manos de la derecha española pueda sentir incomodidad ante una determinada interpretación del pasado.
El editorial de EL PAÍS «Asedio a la cultura crítica», publicado el 23 de octubre de 2026, ayuda a situar este tipo de episodios en un marco de actuación más amplio que la derecha está llevando a cabo en nuestro país. Por ejemplo, el editorial recuerda también la «derogación de leyes de memoria democrática» o la «cancelación de suscripciones a revistas en catalán» en las bibliotecas municipales valencianas.
En el editorial hay también reseñas de actuaciones que van en el mismo sentido en países como Estados Unidos, Argentina, Colombia y Alemania: recortes a entidades que profundizan en la memoria y en relatos revisionistas sobre la dictadura argentina; retirada de piezas del Museo Nacional de Colombia; intentos de Donald Trump de orientar el discurso de los museos Smithsonian; o la promesa de Alternativa por Alemania -partido alemán de extrema derecha- de dejar de financiar lo que denomina «arte y cultura anti-alemanes», junto con sus ataques a la Bauhaus. Animo al lector interesado a que, por su cuenta, tome la iniciativa de ampliar la información relativa a este tipo de actuaciones que, en definitiva, constituyen diversas formas de intervenir políticamente tanto en la cultura, como en la interpretación del pasado.
Es cierto que todos estos hechos no son iguales y que hay que comprobar cada caso. Sin embargo, cuando se contemplan en conjunto, surge una cuestión común: ¿quién decide los relatos que deben ser recordados o qué expresiones pueden recibir ayudas públicas? Lo preocupante de todo este asunto es que ciertas decisiones parecen ir encaminadas a reducir, utilizando la vía presupuestaria, los fondos que pueden servir de ayuda a la creación cultural siempre que dicha creación resulte molesta a quien ejerce el poder. Dicho de otra manera: la censura contemporánea puede adoptar formas administrativas. No siempre es necesaria una prohibición explícita, sino que aparece tras decisiones como las que estamos comentando: cancelar subvenciones, eliminar una suscripción, establecer criterios ambiguos de exclusión, etcétera.
Por supuesto, hay que aplaudir toda decisión que suponga exigir la mayor transparencia posible en el uso de los fondos públicos, pero recurrir a expresiones como «adoctrinamiento ideológico» sin que se definan exactamente criterios claros, independientes y aplicables a todos, va en la dirección contraria: en el uso partidista de las ayudas públicas en función de que una determinada creación cultural sea del agrado de quienes gobiernan. En ese sentido, ninguna autoridad ha de tener la última palabra acerca de lo que la sociedad puede pensar, sentir o recordar. La tarea de la cultura democrática es presentar opciones diversas -incluso contradictorias- y permitir que el público las pueda valorar.
Desde el terreno de la filosofía, esta nos puede ayudar a clarificar un poco el problema. John Stuart Mill fue un defensor de la libertad de pensamiento y de expresión porque aseguraba que nadie posee por sí solo toda la verdad y que toda discusión que permanece abierta permite corregir errores, completar verdades que están incompletas o comprender mejor nuestras propias convicciones. Estas ideas las desarrolla en su obra «On Liberty» –«Sobre la libertad»– publicada en 1859. Esto no quiere decir que Mill sostuviera que todo estaba permitido. Su defensa de la libertad también admite límites, especialmente cuando una determinada acción puede causar daño a otras personas.
En una aplicación actual de sus principios, la libertad de creación cultural no implica que toda obra tenga automáticamente el derecho a percibir dinero público. Todo proyecto ha de ser examinado con criterios claros, que sean públicos e iguales para todos. Pero entre esos criterios no puede estar que la obra sea del gusto del que gobierna o que comparta su interpretación de la historia.
Otra de las grandes voces del liberalismo en el siglo XX, Isaiah Berlin (1909-1997) hizo de la defensa de la libertad y del pluralismo de valores el núcleo de su pensamiento liberal.
En 1958, en una célebre conferencia, distinguió dos conceptos de libertad: la libertad negativa, entendida como ausencia de interferencias ajenas en nuestras vidas y en nuestras decisiones, y la libertad positiva, entendida como ser dueño de las propias decisiones. El desarrollo de estos dos conceptos de libertad es complejo y extenso y excede, por supuesto, de los límites y de las pretensiones de esta breve entrada del blog. Simplemente se dejan anotados. Ambos conceptos en torno a la libertad pueden entrar en tensión, pero eso no justifica que el poder marque desde arriba cuál es la manera correcta de pensar o vivir. Al contrario, Berlin defendió una sociedad que permanezca abierta a las distintas formas de vida y desconfió de aquellos que se atribuyen ser los portadores de un «destino único» para la humanidad.
También en la tradición republicana, la libertad no consiste solo en que nadie interfiera en nuestras decisiones, sino que se añade un matiz importante: consiste en no quedar a merced de un poder que es capaz de intervenir de manera arbitraria. En el caso que estamos tratando, si una Administración niega una ayuda cultural a una obra porque la considera «adoctrinadora», pero no explica de antemano porqué llega a esa conclusión, el artista queda entonces a merced de la benevolencia del gobernante sin que sea necesaria una prohibición expresa.
La democracia, por tanto, no consiste en que la mayoría pueda hacer cualquier cosa. EL tándem PPVOX tiene derecho, por supuesto, a defender sus programas y a gobernar si obtiene la mayoría necesaria. Pero eso no quiere decir que cualquier decisión que tomen sea compatible con la libertad. Un gobierno conservador, o ultra conservador, puede promover la defensa de ciertas tradiciones, apoyar el patrimonio y el sentimiento religioso, defender una determinada política económica o una concepción de España. Pero el cuento cambia cuando estas preferencias se utilizan para marginar o relegar otras sensibilidades políticas, económicas, sociales y culturales.
¿Acaso la cultura pública no debe incluir también obras feministas, relatos de personas LGTBI, investigaciones o estudios sobre la dictadura franquista o críticas a la desigualdad? ¿Defender una moral conservadora permite que esta se pueda imponer al conjunto de la sociedad?
Muy poco, o nada, espero de VOX, un partido que mira hacia un pasado idealizado y que, a mi juicio, es claramente incompetente para afrontar los grandes retos de nuestro tiempo. Además de suponer un peligro para las libertades que con tanto esfuerzo se han conseguido en la sociedad española.
Pero, tal vez, lo más preocupante es el respaldo del PP a algunas de las medidas de VOX. Esto compromete seriamente al Partido Popular y, aunque a corto plazo VOX permita a Feijóo llegar a la presidencia del gobierno, el peaje a pagar le puede resultar demasiado caro. No se trata de negociar carteras ministeriales, presupuestos o proyectos legislativos. Si las concesiones a la ultra derecha afectan a la libertad cultural o a la de pensamiento y se utiliza el poder público para favorecer una única visión de la cultura, lo que se pone en juego es la credibilidad del PP como una derecha capaz de gobernar una sociedad plural.
Defender la libertad incluso cuando incomoda
Volvemos a nuestro editorial del El País, «El Asedio a la cultura crítica». Lo que dicho editorial nos recuerda, más allá de decidir qué obras culturales merecen una subvención, es que lo que está en juego es la libertad colectiva para poder crear, recordar el pasado, interpretar nuestro presente o discutir públicamente acerca de los valores que deben presidir nuestra convivencia.
Además, la cultura crítica no es patrimonio exclusivo de un partido. Pertenece a la sociedad en su conjunto y debe también debe poder cuestionar a la izquierda, a los movimientos sociales o a instituciones consideradas como «progresistas». El valor democrático de la cultura cuando ejerce su función crítica no es, en modo alguno, confirmar la doctrina oficial, sino abrir espacios de crítica y reflexión.
¿Acaso una creación cultural no amplía nuestra mirada al permitir acercarnos a vidas y situaciones distintas de las nuestras? ¿No nos sitúa ante el sufrimiento, los anhelos o las decisiones de otras personas? ¿La cultura no nos hace cuestionar nuestras certezas y favorece una ciudadanía más crítica y que dispone de más herramientas para formar sus propios juicios?
En todo eso, reside el valor democrático de la cultura crítica y, precisamente por ello, ningún poder debería decidir que la única cultura que merece apoyo económico es la que representa su propia visión. Lamentablemente el tándem PPVOX parece hoy estar lejos de estas convicciones.
Tal vez, deberíamos de olvidarnos de quién es el que pronuncia más veces la palabra libertad. La pregunta fundamental es si estamos dispuestos a aceptar que esa libertad sea compartida, recíproca, igualitaria y esté protegida por reglas claras y conocidas por todos.
Si respetamos y compartimos la idea de «la libertad como principio», entonces esa libertad no puede servir de amparo sólo a los nuestros. Es fácil invocar la libertad cuando sirve para defender las propias convicciones, pero su verdadero alcance está cuando hemos de proteger a quienes piensan, crean o viven de otra manera. Si nos olvidamos de esta exigencia, la libertad corre el peligro de convertirse en una especie de privilegio que queda reservado sólo para los que comparten una determinada visión de la sociedad.
Por eso, proteger la libertad, mucho más que nombrarla repetidamente, es una tarea que nos compete a todos. Si no la llevamos a cabo, iremos cerrando poco a poco todas aquellas puertas por las cuales la libertad puede entrar en nuestra sociedad. Y detrás de cada puerta cerrada habrá una historia que no quisimos escuchar; una injusticia que no nos interesó mostrar; o una persona o personas a las que no defendimos cuando pudimos hacerlo.
Mariano Gómez
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