4 de noviembre de 2026
La dimisión del ministro Óscar Puente no es un asunto menor y merece ocuparse de ella con atención y cuidado. Por sí misma, la dimisión no demuestra que el ministro causara el trágico accidente de Urda. Tampoco, por supuesto, sustituye la investigación técnica y judicial que debe debe proseguir su curso hasta el total esclarecimiento de lo qué ocurrió. El propio ministro afirmó que no se consideraba responsable directo. Su decisión de dimitir se fundamenta en otra idea: quien ocupa la máxima responsabilidad política en un área entiende que, ante una tragedia de esta magnitud y después de dos accidentes ferroviarios mortales en menos de un año, debe dimitir y apartarse para que las instituciones recuperen la confianza.
Eso es asumir una responsabilidad política. No equivale a declararse culpable de ningún delito ni a considerarse como responsable material del siniestro.
Si se confunden ambas cosas -responsabilidad política y culpabilidad penal- el efecto es perverso. No podemos ver cada dimisión como un acto de confesión o de reconocimiento de la culpabilidad. El verdadero significado de una dimisión es una respuesta política ante una tragedia. Las familias mantienen intacto su derecho a saber lo que ocurrió -también la sociedad en su conjunto- y quién debe responder por ello. La dimisión del ministro no afecta en absoluto a estas cuestiones que hay que esclarecer necesariamente lo antes posible.
Sin embargo, en la política española está muy arraigada la costumbre de interpretar una dimisión como una culpabilidad. Siempre se recurre a «si dimite, por algo será«. De esa forma, un noble gesto de responsabilidad política se «tergiversa» y se convierte en una «condena anticipada», como si la renuncia ya mostrara por sí solo lo que pasó y quién lo causó.
Oscar Puente ha dado todas las explicaciones de las que él, como responsable de su departamento, dispone hasta el momento. Ha defendido su gestión y, finalmente, ha renunciado al cargo y a encabezar la lista socialista por Valladolid. Puede discutirse si era la única decisión posible; lo que no puede negarse es que ha asumido un coste personal y político que muchos otros responsables políticos no asumen.
Por eso su gesto contiene una lección para el Partido Popular. ¿Por qué? Porque toda responsabilidad política que se exige desde la oposición –que para eso está, entre otras cosas– debe exigirse con el mismo rigor cuando se está en situación de gobernar. Es decir, hablando claramente, el PP debería aplicar este mismo criterio a los suyos.
Durante años, ha habido tragedias que han afectado a gobiernos del PP. Entonces, la exigencia de dimisiones no se producía con la misma celeridad ni contundencia. Al contrario, la estrategia general del partido fue trasladar el foco a otros culpables.
En el desastre de Angrois -80 muertos-, el gobierno de Rajoy se aferró a la «culpabilidad del maquinista» y no se planteó la dimisión del presidente ni de la ministra de Fomento -por entonces, Ana Mato-. El propio Feijóo -que presidía la Xunta de Galicia-, se opuso públicamente a que se abriera una investigación parlamentaria sobre el accidente mientras estuviera en marcha la causa judicial. ¿Los motivos? Pues que una comisión de investigación podía examinar las decisiones de gestión que se tomaron, mientras que el juez se centraba en las posibles responsabilidades penales.
Hay más. En el caso del avión modelo Yak-42, de nuevo Rajoy defendió que Federico Trillo y Francisco Álvarez-Cascos no tenían porqué dimitir por la gestión de esa catástrofe, ni tampoco por la del Prestige.
Recordemos que en mayo de 2003, murieron 62 militares españoles al estrellarse su avión en Turquía. Esta tragedia, acerca de la cual el ministerio de Defensa acabaría reconociendo en 2017 (14 años después) responsabilidad patrimonial de la Administración por el siniestro, nos dejó un miserable rosario de irregularidades en las identificaciones de los militares muertos. En este caso, el Consejo de Estado señaló que antes del vuelo ha había indicios que permitían a Defensa darse cuenta del especial riesgo de aquel transporte de militares. Aún así, se llevó a cabo. En cuanto al petrolero Prestige, Rajoy aceptó que podía haber errores de gestión y de responsabilidad política, pero no se sintió obligado a dimitir.
En 2006, en el metro de Valencia, gobernando por entonces Francisco Camps, del PP, la Generalitat Valenciana, murieron 43 personas en un descarrilamiento. Tampoco aquí, Camps, responsable político, dimitió y siguió en su cargo hasta julio de 2011.
Tal vez, el caso más doloroso, por el número de víctimas mortales fue el de la Dana de Valencia en 2024. La Generalitat estaba en manos del PP, presidida por Carlos Mazón. De sobra es conocida la absoluta negligencia en la gestión de los avisos a la población, que tuvieron como consecuencia final de 234 víctimas mortales en la Comunidad Valenciana y 8 más en otras comunidades de España. Carlos Mazón, con el apoyo del PP y de su presidente, Feijóo, permaneció en el puesto hasta más de un año después de la Dana, a pesar de las demandas de las víctimas y de una importante parte de la sociedad para que dimitiera.
Ninguna de estas tragedias es idéntica a otra. Cada una de ellas tuvo sus causas, sus responsabilidades y sus circunstancias. Todo ello debe determinarse mediante la investigación y las pruebas que puedan ser
No se trata de afirmar que todos esos casos sean idénticos. Cada tragedia tiene sus causas, sus responsabilidades y sus propias circunstancias, que deben determinarse al término de las correspondientes investigaciones.
De lo que se trata es de aplicar el mismo criterio cuando gobiernan unos y otros; también de la exigencia de explicaciones y de una investigación sin interferencias políticas. Solo después de todo eso, se podrá decidir si el responsable político debe seguir o no en su puesto institucional. En cambio, PPVOX suelen mantener el criterio de que cualquier ministro –siempre que no pertenezca a sus filas– debe marcharse inmediatamente incluso cuando no han sido probadas las causas del accidente. Esas exigencias de dimisión inmediata la llevan a cabo desde que prácticamente ocurre el hecho accidental y, además, con una notable verborrea de descalificaciones e insultos. Veamos algunos ejemplos: «ministro de la muerte» (Abascal a Oscar Puente en Valladolid); «banda criminal» (también Abascal al Gobierno); «infame, cruel y ruin» (Feijóo a Oscar Puente); «dudo que sean buena gente» (Feijóo al Gobierno).
¿Es ese el nivel que podemos pedir a una oposición que aspira a gobernar? Desde luego, ser tan canalla, como Abascal, para llamar a un ministro «ministro de la muerte» o tan estúpido, como Feijóo, al poner en duda que los que gobiernan sean «buena gente«, es muy fácil. ¿Aceptaría PPVOX que, si llegan a gobernar, se dispense a sus ministros el mismo trato y el mismo respeto que ellos dispensan hoy al Gobierno y sus miembros?
Se da por supuesto que la oposición tiene el derecho y el deber de fiscalizar al Gobierno, exigir información y pedir responsabilidades. Sin embargo, entre la petición de responsabilidades y la política de carroña que PPVOX implementan en los últimos tiempos hay una diferencia muy importante: ninguna tragedia puede convertirse o ser utilizada en munición electoral sin antes conocer sus causas. Sin embargo, culpabilizar por adelantado o utilizar el dolor de las familias de unas víctimas que, en muchos casos, todavía no han sido ni identificadas, pone de manifiesto lo más mísero y ruin de personajes de la talla moral de Feijóo o Abascal (este último ni siquiera tuvo el respeto de suspender sus actos de precampaña el día del accidente. ¿Cómo puede dar lecciones?)
Con la dimisión de Oscar Puente no se resuelven las preguntas que ha dejado el accidente tras de sí. Es evidente que no basta con que un ministro se vaya. Lo único que es suficiente y necesario para las familias de las víctimas y para toda la sociedad española es una investigación seria y honesta que no se detenga hasta saber qué falló, qué decisiones se tomaron, si los protocolos y las condiciones de trabajo eran adecuados y qué cambios hay que hacer para impedir que un accidente así vuelva a ocurrir. Esta dimisión no va a cerrar la investigación, ni funcionará como un cortafuegos para el Gobierno. Servirá, eso sí, para abrir un espacio en el que las respuestas puedan buscarse con rigor y en el que las responsabilidades, sean políticas, administrativas o penales, se establezcan y se exijan sin excepciones.
Pero en una democracia también cuentan los gestos. Oscar Puente pudo aferrarse al cargo –como hizo Mazón, sin ir más lejos, con el apoyo del PP-; ampararse en que no hay responsabilidades directas demostradas y esperar que la tormenta pasase. En cambio, ha decidido dimitir, apartarse y ha señalado que lo hace por dignidad política, por respeto a las víctimas y por la confianza en las instituciones. En efecto, no todos los políticos son iguales cuando llega el momento de asumir un coste profesional y personal tan elevado. Entre Mazón y Puente, hay mucha diferencia…
Creo que el PP haría bien en reconocer ese gesto de dimisión y no tratar de convertirlo de inmediato en una ventaja partidista. Esa ventaja, sólo se ha de poner de manifiesto explicando su programa de gobierno y las medidas de que dispone la derecha para mejorar el país y la vida de los ciudadanos. Poco sabemos de esas medidas…
En cambio, si hace ese esfuerzo de reconocimiento, tendría que comenzar por preguntarse porqué sus propios dirigentes no aplicaron el recurso a la dimisión en situaciones anteriores. Pero si desprecia el gesto del ministro, mientras exige dimisiones a los demás, el PP confirmará lo que ya sabemos: que su vara de medir y su moralidad solo están en función de quienes gobiernan ¿los míos o los otros? La dignidad política no consiste en reclamar sacrificios ajenos: consiste en aceptar para los propios el mismo principio que se arroja contra el adversario.
La dimisión de Óscar Puente no lo hace responsable del accidente. Sí pone sobre la mesa una pregunta incómoda para quienes han reclamado durante años que otros asumieran responsabilidades: ¿están dispuestos a actuar con el mismo criterio cuando les toca a ellos?
Cierro esta entrada con un reconocimiento a la «dignidad del ministro» que ha dimitido. Ha comparecido en el Congreso, defendiendo su gestión, informando de todo lo que él conoce hasta ese momento y asumiendo la responsabilidad política de dejar su cargo. Su decisión merece respeto porque ha sido capaz de reconocer públicamente que, tras dos tragedias ferroviarias en menos de un año, quien dirige el ministerio competente debe considerar dos cosas: dar la cara y marcharse. Ha hecho ambas. Mazón, en cambio, no hizo ninguna de las dos: ni dio la cara ni se marchó (hubo que echarlo, muy a pesar del PP).
Reconozco que PPVOX tiene derecho a juzgar con toda dureza la gestión del ministro. Pero veremos si son tan coherentes cuando les toque responder por la gestión de algunos de los suyos. Hasta ahora no ha existido tal coherencia.
Mariano Gómez
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